Un ex edil del PP de Málaga tiene una fábrica en terrenos que el PGOU destina a uso público

El ex concejal del PP en Málaga Federico Beltrán mantiene en uso una fábrica de embutidos sobre unos terrenos que estaba obligado a ceder al Ayuntamiento antes de 2002 para que fueran destinados a equipamiento social en compensación por la recalificación de una parcela contigua en la que construyó un nuevo matadero industrial. Así lo estipula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, en cuyos planos aparece de hecho marcada la parcela en cuestión como de uso público, cuando la realidad es que permanece ocupada por la fábrica.

Beltrán, que es propietario de las industrias cárnicas Famadesa, pidió al Ayuntamiento cuando aún era concejal que se recalificara a industrial un suelo que hasta entonces era no urbanizable porque necesitaba ampliar su negocio, ubicado en la barriada de Campanillas. Beltrán fue concejal de PP entre 1987 y 1995, siempre en la oposición al equipo de gobierno del socialista Pedro Aparicio. Hasta 1998 fue presidente del Málaga C.F. y actualmente es miembro del consejo de administración de Unicaja.

Fruto de esa iniciativa se formuló el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) Matadero para la ordenación de una zona de 57.000 metros cuadrados de superficie. Su objetivo se define como la "compatibilización de las nuevas instalaciones del matadero y la obtención del equipamiento público".

El proyecto de ampliación de la industria cárnica fue declarado de interés público y social, lo que permitió que el suelo pasara de no urbanizable a industrial, y se le concedió un techo máximo edificable de 21.375 metros cuadrados. Lo usual es que un suelo no urbanizable pase a la categoría de urbanizable programado para que se consolide antes de pasar a ser urbano. En la parcela recalificada, separada del antiguo matadero por una carretera, Beltrán construyó el nuevo matadero industrial, un secadero de jamones y un almacén frigorífico.

Para compensar el cambio de uso y al objeto de mejorar la dotación de la barriada, el PERI Matadero estipula que Beltrán debía ceder al consistorio para equipamiento social las instalaciones del antiguo matadero o una superficie equivalente, unos 10.000 metros cuadrados, y fue así incluido en el vigente PGOU aprobado en 1998.

Perjuicios

El PERI debía ejecutarse en el primer cuatrienio de vigencia del PGOU, entre 1998 y 2002, pero actualmente el antiguo matadero está convertido en fábrica de embutidos y tienda. Ni Beltrán, a quien corresponde la iniciativa, lo ha ejecutado, ni el Ayuntamiento se lo ha reclamado o ha actuado de oficio.

Beltrán no tiene reparos en reconocer que la ejecución del PERI no le interesa, e incluso asegura que le perjudica. "No se puede quitar una fábrica en la que trabajan 80 personas y que lleva funcionando más de 20 años con todos los permisos necesarios, si hace falta un centro público, hay 100.000 metros cuadrados en la zona", argumenta.

El ex concejal del PP ni siquiera admite que el PERI le vincule, aunque ya se ha beneficiado de la recalificación para su nuevo matadero. "Yo alegué y el Ayuntamiento no me contestó", dice. Pero la respuesta del consistorio fue evidente, la inclusión del PERI matadero en el PGOU, en el que la actual fábrica de embutidos aparece como suelo de equipamiento social.

Beltrán insiste en que quitar la fábrica de embutidos "no es viable" y que está dispuesto a completar la ejecución de la ordenación de la zona "siempre que la fábrica se excluya del PERI". Asegura que en la revisión del PGOU que el Ayuntamiento tiene previsto iniciar en breve, volverá a alegar para mantener la fábrica.

Beltrán, que actualmente es miembro del consejo de administración de Unicaja, ya se vio envuelto en otra polémica urbanística cuando, tras la llegada del PP a la alcaldía, en 1995, parte de una finca de su propiedad fue excluida de la zona de reserva del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

Los trámites para la expropiación de la finca, 22.050 metros cuadrados, ya habían sido aprobados y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia en abril de 1996. Pese a ello, el equipo de gobierno del PP, en aquel mandato sin mayoría absoluta, pactó con el PSOE excluir la parcela de Beltrán y expropiar las otras nueve fincas en las que el PTA ya ha hecho su primera ampliación.

Curiosamente, cuatro años después, con un renovado equipo de concejales, El PSOE criticó criticó duramente aquella decisión, que consideró un claro trato de favor al ex concejal del PP. Incluso llevó el asunto a la Fiscalía Anticorrupción, que no vio motivos para abrir una investigación.