La fiscalía de Alicante pedirá cárcel para las alcoholemias altas

La junta de fiscales de la Audiencia de Alicante ha acordado, en su reunión del jueves, solicitar penas de cárcel para conductores cuya tasa de alcoholemia sea considera "grave". Hasta ahora, según aseguró ayer el fiscal jefe, José Antonio Romero, el ministerio público sólo pedía cárcel para los casos "muy graves". "Ahora, siempre que el fiscal considere que el conductor que presente una tasa de alcoholemia por encima de la autorizada y, además, haya cometido una imprudencia grave se solicitará directamente cárcel", explicó. "No obstante, la hipotética pena de cárcel podrá ser conmutada por cursos de rehabilitación y trabajos comunitarios", añadió. De esta forma, la Fiscalía se suma al Plan Formativo en Seguridad Vial impulsado por el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro.

Las primera sesiones de los programas de rehabilitación para conductores castigados con penas de cárcel se celebrarán los próximos días 28 de febrero y 12 de marzo. El programa tendrá una duración de 8 horas, con sesiones formativas impartidas por representantes de diferentes profesiones y colectivos. El cursillo se completará con sesiones prácticas a cargo de agentes de la Policía Local y Guardia Civil, así como visitas a víctimas de accidente de tráfico para comprobar, sobre el terreno, el alcance de conductas de estas características [conducir bajo los efectos del alcohol].

El protocolo cuenta con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la Consejería de Justicia y la de Sanidad, la Diputación de Alicante, así como los colegios de Abogados y Procuradores de Elche y Alicante.

Trabajos comunitarios

Por otra parte, los ayuntamientos de Alicante, Alcoi y San Vicent del Raspeig, Villena y Torrevieja ya han presentado ofertas concretas para un segundo protocolo que pondrá en marcha la Audiencia de Alicante: la conmutación de penas por delitos leves a cambio de trabajos comunitarios. Vicente Magro pretende cerrar antes de finales de este año este nuevo protocolo y para ello ha convocado una reunión el próximo día 10 con los jueces y los representantes de los fuerzas de seguridad y de las Administración implicados en el proyecto.

Las tareas más comunes que estos condenados por jueces a trabajos en beneficio de la comunidad serán los relacionados con el mantenimiento y limpieza de jardines y edificios públicos, trabajos en las brigadas de obras municipales y actuaciones medioambientales.

Según la ley, las penas a trabajos comunitarios obligan al condenado, siempre que éste dé su consentimiento, a "prestar su colaboración no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública". La ejecución de la pena se hará bajo el control del juez de vigilancia penitenciaria. En caso de incumplimiento de los trabajos el condenado incurrirá en quebrantamiento de condena.