Cuentos de contar cultura

El jueves 11 de octubre el conseller de Cultura, Font de Mora, y según recoge EL PAÍS de 14/11/2004, consideró en las Cortes "ilegítimo" y una "estafa intelectual" exigir al mundo cultural concreción de resultados, pues es "imposible" evaluar lo "intangible". Todo ello en un debate sobre datos de la Bienal. Casi al mismo tiempo su compañero de gabinete, Gerardo Camps, en rueda de prensa junto con el director de CACSA, José Manuel Aguilar, señalaba, a partir de la presentación de un informe del IVIE, que la tasa de rentabilidad social (sic) de la Ciudad de la Artes y las Ciencias es del 9%, por lo que concluía que el complejo se amortiza en sólo 10 años (Levante, 14/11/2004.) No me negarán que resulta paradójico que sean tan técnicamente precisos en la contabilidad de los impactos de CAC y tan refractarios y escrupulosos para la Bienal. ¿No se trata en ambos casos de evaluar elementos intangibles que tiene que ver con la atractividad de la ciudad, la articulación de su dimensión simbólica y sus efectos sobre los ciudadanos?

He de decir, sin embargo, que a ambas perspectivas contables se les pueden plantear muchas objeciones.

Por empezar por la más obvia, es evidente que Font de Mora está equivocado. Y esto es lo que pasa cuando a los responsables de la política cultural los cambian, como la ropa de Zara, cada jueves. Los recién llegados, piensan que de política cultural, como de fútbol, todo el mundo sabe algo, y recurren a los lugares comunes para superar sus lagunas. Así llevamos casi 10 años. Cada nuevo conseller de Cultura, secretario autonómico o director general de alguna área de la cultura y su capilla de asesores, obviando el estado de la cuestión, las experiencias comparadas y lo que aportan las Ciencias Sociales, empieza desde cero en la senda del conocimiento, hasta que... les encomiendan puestos de más enjundia que las gilipolleces de la cultura. Ya sabemos que los cargos en política cultural son muy agradecidos. Visten mucho y queman poco. Y si no, que se lo digan a Villalonga, al propio Camps, a Esteban González e incluso, a pesar de los pesares, a Consuelo Ciscar y hasta a Esperanza Aguirre.

Naturalmente que se pueden evaluar los intangibles y ya lo llevan haciendo muchos años los ingleses, alemanes, italianos o americanos. Sólo es una cuestión de dedicar voluntad y recursos a ello, ya que técnicas variadas existen. Con sólo el 0,7% de lo que se embolsan los arquitectos de "lo intangible" como Settembrini, Papas o Barañano podríamos evaluar hasta el coste de la opereta lingüística en la que se ha embarcado nuestro lúgubre presidente Camps.

Entre todas esas técnicas, podemos encontrar una, que son los estudios de impacto económico (EIE.) Que es la que más o menos utiliza el IVIE para la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Esta metodología estuvo muy de moda en los años 70 y 80, y en 1987 apareció una especie de manual de la National Conference of State Legislature de USA, en la que se recogían algunas de las experiencias más significativas. Una década más tarde en 1996 Frank van Puffelen publicaba un artículo en el European Journal of Cultural Policies donde evidenciaba algunos de los abusos de este tipo de estudios, y aquí mismo en España, también la Revista Econòmica de Catalunya publicaba en 1997 un artículo de Ezequiel Baró y Lluís Bonet donde aparecían los problemas de evaluación del impacto económico de los gastos públicos en cultura. Básicamente los problemas de los estudios de impacto económico son de dos tipos: o técnicos o de instrumentalización. Entre los técnicos cabe recoger, y perdonen el paréntesis de jerga, la no distinción entre efectos netos y brutos, la no consideración de los efectos desplazamiento y sustitución, el excesivo optimismo en la estimación de los efectos positivos, las dobles contabilidades y problemas de agregación, la no consideración de los costes de oportunidad y la no consideración de los efectos redistributivos. La verdad es que no tengo criterio para determinar cuántos de estos problemas, y si los hay, presenta el estudio del IVIE, pues hace ya algún tiempo que desistí en perder energías tratando de conseguir investigaciones financiadas con dinero público pero que se sumergen en la clandestinidad y que sólo se hacen visibles en sus cifras más burdas para ruedas de prensa y folletos de propaganda. En lo que sí tengo criterio es para alertar sobre los problemas de instrumentalización de los EIE. Un estudio de impacto económico sólo dice lo que dice: a partir de una concreta metodología, determina cuál es el impacto económico de un determinado proyecto, pero en ningún caso puede entenderse como un certificado de idoneidad sobre dicho proyecto. Los estudios de impacto económico, dependiendo de lo que cuenten, pueden desvirtuar la necesaria multidimensionalidad de los proyectos. ¿La CAC tiene como objetivo único la atracción de visitantes? ¿Y qué hacemos con el modelo de articulación de la ciudad, con la dimensión simbólica que comporta, con la difusión del conocimiento, con la participación social, etc...?... que son esas cosas que aparecen en letras mayúsculas cuando se justifican los proyectos. Un paso previo para realizar un EIE es dedicar tiempos y recursos a tratar de determinar "qué" y "cómo" contar. Y este "qué" y "cómo" debe estar orientado a las necesidades y las aspiraciones de las sociedades sobre las que se formula la evaluación. No tengo ninguna duda de que los EIE son herramientas muy útiles para que los ciudadanos podamos ordenar y otorgar consistencia lógica a nuestras preferencias y que además nos aportan información muy valiosa para posicionarnos. Pero no olvidemos que los EIE, al final y en sociedades democráticas, deben servir para nutrir el debate social y no para sustituirlo. Un EIE, y de acuerdo con las nuevas propuestas, es mucho menos un ejercicio técnico y mucho más uno de concertación social. Y he de decirles que Gerardo Camps sí comete una estafa intelectual al tratar de presentar el estudio del IVIE como si fuera un irrefutable evidencia técnica que le blinda frente a la improvisación, la desmesura, el descontrol, la ineficacia, la falta de transparencia y el nulo debate social que está caracterizando el desarrollo y la puesta en marcha de un elemento tan importante para Valencia como es la CAC.

No sé si prefiero la interesada ignorancia de Font de Mora o la manipulada pericia técnica de Gerardo Camps. En ambos caso sólo se trata de estratagemas que empobrecen el calado democrático de esta sociedad.

Pau Rausell Köster pertenece a la unidad de Investigación en Economía Aplicada a la Cultura de la Universitat de València.