Los jueces celebrarán más vistas para superar el atasco de los juicios rápidos
Los juzgados proponen fijar un día extra para ver 260 casos
![Clara Blanchar](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fd42eb252-3247-4bf8-a82a-dacbdd15cbda.jpg?auth=ba9ddd0a7ca3fedbe14dac9f45161dd845b3d85da5342303741f9efccd11c267&width=100&height=100&smart=true)
La junta de jueces de lo penal de Barcelona aprobó en su última reunión aumentar de 12 a 13 casos cada sesión de juicios rápidos. En dos semanas, la misma junta debatirá la propuesta de fijar un día extraordinario para celebrar 260 vistas rápidas de golpe. El objetivo de estas medidas, que ayer desveló y celebró la vocal del Consejo General del Poder Judicial Montserrat Comas durante una jornada sobre violencia doméstica, es resolver el atasco que sufren los tribunales de justicia rápida.
Existe una bolsa de 360 casos pendientes en los 20 juzgados de Barcelona que sentencian casos penales mediante el sistema de justicia rápida. Si en la junta prevista para el próximo 13 de diciembre los jueces aprobaran la propuesta de fijar un día extraordinario para celebrar vistas rápidas, se podrían resolver 260 casos de una tacada, a razón de 13 en cada uno de los 20 juzgados. Cada semana trabaja en justicia rápida sólo uno de estos juzgados en un turno rotatorio. Por tanto, si a los 260 casos anteriores se sumaran las cinco vistas semanales que resultan de aumentar los casos diarios de 12 a 13, el avance para disolver el atasco en estos juzgados sería muy importante.
Montserrat Comas celebró "la buena actitud de los jueces". La magistrada del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Observatorio Contra la Violencia Doméstica informó de las propuestas de solución al tapón de la justicia rápida durante una jornada que congregó a 135 altos cargos de ayuntamientos de la provincia de Barcelona y en la que debatieron la futura ley integral contra la violencia doméstica.
Comas contestó a las declaraciones realizadas hace unas semanas por la juez decana de Barcelona, Maria Sanahuja, en las que alertó de que la gran cantidad de casos de violencia sexista que llegan a los juzgados está colapsando el sistema de justicia rápida. "Estos casos representan el 40% de los juicios rápidos. El 60% restante, son robos o alcoholemias", aseguró
Comas.
"Es cierto que los juicios por violencia contra las mujeres han aumentado, pero también el número de denuncias y, además, las conductas leves que antes eran constitutivas de falta ahora se consideran delito", añadió. De acuerdo con los datos que presentó la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, las denuncias por violencia contra las mujeres aumentaron en España un 24% durante el primer semestre de este año, con un total de 47.592 casos. De estas denuncias, 6.831 se registraron en Cataluña. La vocal del Poder Judicial calificó en reiteradas ocasiones la violencia de sexo de "lacra social" y recordó que en lo que va de año han perdido la vida 62 mujeres a manos de sus parejas o ex parejas, 17 de ellas en Cataluña. "En España, este tipo de violencia es la segunda causa de muerte con violencia tras el terrorismo", alertó, y recordó que el año pasado fueron 81 las mujeres que murieron a manos de sus esposos o compañeros sentimentales. Comas también apuntó que en los 11 primeros meses de funcionamiento de las medidas de protección -desde el mes de agosto de 2003 hasta el mes de junio de 2004- se han presentado 19.327 solicitudes (3.688 en Cataluña), de las que se han concedido el 78%.
Una vez más, Comas se mostró firme partidaria del proyecto de Ley Integral contra la Violencia que propone el Gobierno. Celebró especialmente "las medidas educativas, las de detección de la violencia, las ayudas que prevé para las víctimas, la creación de juzgados especializados y el agravante de las penas". También aplaudió la ley la responsable de Igualdad de la Diputación de Barcelona, Imma Moraleda, quien recordó que 63 municipios del área de Barcelona disponen ya de protocolos de actuación y coordinación entre agentes sociales, sanitarios y de seguridad para afrontar casos de violencia.
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