Por una Constitución europea sostenible

El pasado 29 de octubre los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, 47 años después de la firma del Tratado de Roma, estampaban su firma sobre el Tratado de la futura primera Constitución Europea. Un periodo de continuos avances en una Europa asolada por dos guerras y con un mapa nacional salpicado de fronteras surgidas de Yalta, han dado como resultado un texto que ahora deberán refrendar los 25 miembros que integran la actual UE.

Una de las reflexiones que más me ha llamado la atención por su contundencia -y también por la amistad que me une con el autor- es la que publicó José Vidal Beneyto en este mismo periódico, bajo el título Por una Europa política, social y ecológica (06.11.2004).

A partir de su reflexión me gustaría incorporar una mirada que él ya deja abierta en su última frase ("...la Europa política, social y ecológica es absolutamente imperativa"). Antes de llegar a esta conclusión y en el mismo dintel por el que adentrarnos en otras profundidades escribe: "Ese logro excepcional ha venido sin embargo acompañado de los estragos y destrozos característicos del modelo que lo ha hecho posible: permanentización del paro, destrucción del medio ambiente, generalización de la exclusión social...".

Europa necesita fortaleza política, social y ecológica; de otro modo las dificultades no harán sino hurgar en una herida abierta como consecuencia de un modelo hoy desfasado. En un mundo globalizado, cuando las regiones, tanto las emergentes como las asentadas, están a la vista de todo el mundo: EEUU, Europa, el dragón asiático, el Cono Sur, China e India, la propia competitividad exige respuestas innovadoras y especializadas. Europa ha asentado sus bazas sobre la política social y ahora tiene en la defensa del medio ambiente un valor en alza indiscutible. China o India podrán multiplicar en la próxima década por varios dígitos su PIB, pero difícilmente salvarán el escollo del respeto al medio ambiente o el de la política social europea. El avance de la zona del cono sur, especialmente el gigante Brasil, está aún por determinar, aunque por sus características, considero que está llamado a ser el punto de equilibrio.

Europa ha conformado su estatus en este medio siglo a partir de la consolidación de derechos que se han plasmado en las diferentes constituciones nacionales y en su despliegue legislativo. Sin embargo el derecho medioambiental nos ha llegado por las directivas europeas. Pocas constituciones de países europeos reconocen entre sus derechos fundamentales la protección y mejora de la calidad medioambiental.

La Constitución Europea se adentra por el reconocimiento y la defensa de tales derechos. En la definición de los objetivos de la Unión, en concreto en el artículo 3.3, explicita: "La Unión obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado, en una economía social de mercado altamente competitiva tendente al pleno empleo y al desarrollo social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente".

La clásica definición de desarrollo sostenible. Esta vez, escrita en la literalidad de la Constitución. Pero he querido resaltar el adjetivo elevado, pues considero que supera por primera vez en un texto marco el grado de conservación o preservación del medio ambiente para darle un cariz de mejora continua.

Poco después, en el artículo II-37, se reafirma al establecer que "Las políticas de la Unión integrarán y garantizarán con arreglo al principio de desarrollo sostenible un alto nivel de protección del medio ambiente y mejora de su calidad". De nuevo como en el artículo 3.3. se introduce un calificador del nivel que se pretende alcanzar del medio ambiente, en este caso alto.

La letra de la Constitución no deja lugar a dudas. En esta ocasión además se delimitan con claridad los objetivos y los criterios de la política ambiental de la Unión Europea, y establece las siguientes metas: la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente; la protección de la salud de las personas; la utilización prudente y racional de los recursos naturales, y el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente.

Se trata de objetivos que tendrán una implantación internacional. Es decir Europa apuesta claramente por la calidad medioambiental y quiere arrastrar a otras regiones todavía dubitativas entre el desarrollo económico sin precauciones o el desarrollo sostenible. Una Europa fuerte en este ámbito puede y debe liderar el proyecto de sostenibilidad mundial.

La ratificación de la Carta Magna europea significará un cambio drástico en la generalización de los objetivos que, en el caso del medio ambiente, obligará a elevar el grado de mejora medioambiental y a su vez establece mecanismos para las medidas que impliquen costes desproporcionados para algún estado: en este caso, sin perjuicio del principio "contaminar implica pagar", se podrán establecer excepciones temporales o ayudas financieras con cargo al Fondo de Cohesión, e incluso se podrán hacer compatibles ambas situaciones. La legislación estatal además podrá incrementar la protección.

No se me escapa la denuncia del profesor Vidal-Beneyto sobre el crecimiento de Europa en los últimos cincuenta años, pero tampoco puedo perder de vista que por primera vez una Constitución supraestatal recoge unos principios y unos objetivos que hasta ahora estaban al margen de los derechos o, como mucho, dispersos en la maraña legislativa.

Los objetivos y criterios recogidos en la Constitución europea son metas perfectamente previstas en el documento básico de la Estrategia Valenciana de Desarrollo Sostenible que se acaba de aprobar y que fortalece transversalmente toda nuestra legislación, uno de cuyos ejemplos más recientes es la promulgación de la Ley de Ordenación del Territorio y de Protección del Paisaje. En una Comunidad como la valenciana, donde el nivel de protección medioambiental se sitúa en el 27% del territorio y cuya riqueza natural se fundamenta en el respeto hacia un territorio que es el principal patrimonio para elevar la capacidad de desarrollo sostenible, hemos iniciado una reforma legislativa en profundidad en el ámbito territorial y medioambiental, cuyos objetivos e instrumentos podrán ser fácilmente asimilables en un futuro a la nueva normativa europea. Los valencianos hemos emprendido el camino que otros aún tendrán que empezar a recorrer, pues el objetivo ha sido, y continuará siendo, hacer compatible el bienestar de las personas con el desarrollo social y económico de la Comunidad.

En un mundo en el que el saqueo de los valores y el ritual de la competitividad como máxima apuesta del desarrollo humano parecen asentarse, se hace necesaria una llamada y, al mismo tiempo, un reconocimiento a este proyecto europeo que puede reconciliar a la humanidad con uno de sus valores fundamentales y aspirar así a un mundo más solidario y de mayor justicia social.

Rafael Blasco es consejero de Territorio y Vivienda de la Comunidad Valenciana.