El fiscal general ordena investigar la posible obstrucción a la justicia del instituto armado
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció ayer que la fiscalía asturiana va a investigar la actuación de la Guardia Civil en torno a la grabación a un confidente que alertaba de la trama de explosivos en Asturias, de donde salió la dinamita usada en el 11-M. La ocultación de esa cinta, que llevó al cese del jefe de la comandancia de Gijón, José Antonio Rodríguez Bolinaga, podría constituir un delito de obstrucción a la justicia, según Conde-Pumpido.
El fiscal general explicó que se tratará de determinar si existieron "omisiones" que constituyan un delito de "obstrucción a la justicia" o de incumplimiento de la obligación de persecución del delito, en relación a la cinta grabada al confidente "que ha estado durante dos años sin incorporarse a las actuaciones judiciales".
La grabación fue realizada el 29 de agosto de 2001 por el agente Jesús Campillo a un confidente, Francisco Javier Villazón Lavandera, Lavandero, que aseguraba que el ex minero José Emilio Suárez Trashorras y su cuñado, Antonio Toro Castro, imputados en el 11-M, traficaban con explosivos y que buscaban personas que supiesen montar teléfonos bomba. Otro agente halló la cinta en octubre de 2003 y la entregó a sus superiores tras escucharla el 15 de octubre pasado. Bolinaga guardó durante 20 días la cinta.
Por otro lado el confidente Rafa Zouhier declaró ayer por vídeoconferencia por la llamada Operación Pipol, en la que se incautaron drogas y explosivos. Relató su contacto en la cárcel con Trashorras y Toro, a quien afirmó que vio varias veces hablar con presos de ETA pero no precisó el contenido de esas conversaciones.
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