Chamizo propone que el nuevo Estatuto garantice los derechos sociales

El defensor del pueblo, José Chamizo, propuso ayer incluir en el Estatuto de Autonomía un título sobre los derechos, libertades y deberes de la ciudadanía con el fin de comprometer a los poderes públicos a impulsar medidas que garanticen el efectivo ejercicio de los derechos sociales. Chamizo hizo esta propuesta ante la comisión parlamentaria que estudia la reforma del Estatuto de Autonomía. Chamizo defendió la necesidad de avanzar en la línea marcada por la Constitución, que vincula a todos los poderes públicos para lograr que estos derechos "dejen de ser una categoría retórica y pasen a ser realidades", informa Efe.

El defensor ve necesario un desarrollo normativo para avanzar en la garantía de los derechos sociales, así como una dotación presupuestaria y financiera que ampare los costes de tales prestaciones y la exigencia a las administraciones públicas de unos resultados en términos de "eficacia". En este sentido, defendió la necesidad de concretar en una carta, aprobada por ley, el elenco de prestaciones y servicios que "dibujan" los derechos sociales. Entre otros, citó el acceso al empleo, a la vivienda, a la educación permanente o la protección efectiva de la salud.

También compareció ayer el presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Bueso, quien abogó por que la reforma del Estatuto se acometa "en paralelo y con la vista puesta" en la modificación de la Constitución, y por ampliar el listado de competencias de la comunidad autónoma, informa Europa Press.

Cano Bueso consideró que la realidad social, cultural, política o económica actual de la comunidad no se parece "en nada" a las condiciones de la época en que se aprobó el texto estatutario, lo que, a su juicio, justifica su modificación. Añadió que si el proceso de reforma estatutaria no va en paralelo al cambio constitucional "se corre el peligro" de que algunas propuestas de modificación del Estatuto puedan "impactar" o "contradecir" la literalidad de la Constitución.

Por su parte, el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía, Joaquín Galán, reclamó el reconocimiento "explícito" de los principales agentes económicos y sociales de la comunidad en el futuro Estatuto, así como la inclusión de esta institución en el nuevo texto. El consejero mayor de la Cámara de Cuentas, Rafael Navas, abogó por potenciar esta institución y que tenga un funcionamiento "más autónomo", lo que reforzaría la idea de que no es sólo un órgano de extracción parlamentaria, sino el órgano de control externo por antonomasia.