España y sus aliados exigen más dinero de los fondos para las regiones menos desarrolladas

La coalición formada en diciembre por los seis países más ricos de la UE (Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Austria y Suecia) para recortar sus aportaciones a las arcas comunitarias tendrá en breve una alianza enfrente. Liderado por España, Portugal y Grecia, el nuevo grupo, que confía en sumar pronto a los 10 países de la ampliación, exige más dinero para las regiones y países menos desarrollados.

La alianza se ha formado ante las largas negociaciones para pactar el próximo marco financiero plurianual de la UE. Su objetivo es doble. De un lado, lograr un bloque homogéneo de países para tener suficientes fondos y, de otro, negociar con más fuerza ante los países contribuyentes.

Sus principales exigencias se resumen en estos tres principios: las regiones menos desfavorecidas que superen el 75% de la renta media por habitante de la UE (límite para ser considerada objetivo 1, con derecho a más ayudas) dispondrán de un prolongado periodo transitorio durante el cual seguirán percibiendo el 45% de las ayudas que le hubieran correspondido de seguir siendo objetivo 1; los países que ya no tengan derecho a percibir ayudas del Fondo de Cohesión también dispondrán de un periodo transitorio de recepción de dinero por ese concepto; y el presupuesto de la Unión podrá llegar al 1,24% de la Renta Bruta de la UE, y no sólo hasta el 1%, como quieren los seis países más ricos.

En el primer caso, la Comisión ha propuesto que las regiones que salen por superar el 75% de la renta media del objetivo 1 perciban entre 2006 y 2013 el 33% de lo que recibirían de continuar en ese objetivo. España exige el 45%, porque fue éste el baremo que hoy está vigente porque así se pactó en 1999 en la cumbre de Berlín. Esa diferencia beneficiaría a Castilla y León, Valencia y Canarias.

En cuanto al Fondo de Cohesión, España es hoy el país más beneficiado del mismo (recibe el 60% de los 16.000 millones para el periodo 2000-2006), pero no tendrá derecho en el siguiente periodo por superar en su conjunto el 75% de renta media europea. El Tratado de la Unión no prevé periodos transitorios en este caso, pero España y sus aliados lo exigen.

Con ambas propuestas de periodos de transición, España rebajaría muy sensiblemente la pérdida del 30% de ayudas europeas resultante de la propuesta de la Comisión que hoy está sobre la mesa. Esas ayudas procedentes de la política regional europea suponen hoy unos 8.000 millones de euros año para España, en torno al 1% del PIB.

Los seis países citados ya han reiterado que esos fondos deben concentrarse en los nuevos países de la UE y no en los antiguos socios. De esa forma, lograrían reducir sus aportaciones; dividir a los países de la cohesión entre antiguos y nuevos socios y que España se convirtiera en el país que pague la mayor parte de la factura de la ampliación, porque sería el que más dinero perdiera mientras los ricos no aumentarían sus contribuciones.