La Fundación Carolina tiene un agujero de ocho millones de euros por "mala gestión"

La Fundación Carolina, dependiente de la Secretaría de Estado de Cooperación, se encuentra en quiebra patrimonial después de que las cuentas de 2003 arrojaran un desfase de casi ocho millones de euros al haber comprometido gastos que superaban los recursos disponibles. Así figura en el informe elaborado por la Intervención General del Estado para la secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pajín, y la directora Rosa Conde. El principal responsable de la Fundación Carolina en 2003 fue Miguel Ángel Cortes (del PP), cuya actuación "se apartó de lo que debe ser un principio de buena gestión", según la Intervención.

Cuando la recién nombrada secretaria de Estado de Cooperación, Leire Pajín, se reunió con el Patronato de la Fundación Carolina por primera vez les indicó que habría una segunda reunión específica para hablar de su financiación. Tanto Pajín como la también recién nombrada directora de la institución, Rosa Conde, habían tenido un primer aviso de alarma al estudiar una auditoría con las cuentas de 2003 de una entidad privada. Algunos datos les parecieron preocupantes y decidieron que la Intervención General del Estado actuara.

Los peores presagios se cumplieron respecto a esta fundación, creada por iniciativa del Gobierno del PP a finales de 2000, encomendando su gestión al Ministerio de Asuntos Exteriores, que tiene como objetivo la formación y la cooperación en el ámbito educativo y científico entre España y Latinoamérica.

Becas a latinoamericanos

El 80% de los recursos se destinan a becas en España para estudiantes y profesores latinoamericanos que cursan programas de postgrado. Las pérdidas en 2003 ascendieron a 7.993.924 euros y a un patrimonio negativo de 6.852.000 euros, tal y como figura literalmente en el informe de 31 páginas elaborada por la Intervención. "Esta situación pone de manifiesto una realidad que ha acaecido en la gestión económico-financiera de la Fundación Carolina, esto es, que hasta 31 de diciembre de 2003 se han comprometido gastos que superan ampliamente los recursos disponibles para su financiación, apartándose de lo que debe ser un principio de buena gestión en este tipo de entidades, como es el de mantener en todo momento la correlación entre las aportaciones obtenidas y el nivel de compromiso de gasto asumido", señala el informe.

La Fundación Carolina fue creada por el Gobierno del PP en 2000, dependiente de la Agencia Estatal de Cooperación Internacional (AECI) que dirigía el secretario de Estado de Cooperación, Miguel Ángel Cortes, en cuyo mandato tuvo dos directores: Daniel Sada y José María Lasalle. Este último es actualmente diputado nacional del PP.

De acuerdo con los estatutos de la fundación, la presidencia ejecutiva del Patronato recae en el presidente del Gobierno y están en el mismo ocho altos cargos de la Administración. En estos momentos, 26 grandes empresas de España forman parte del patronato aunque no todas hacen aportaciones. El informe de la Intervención General pone de manifiesto la confusión respecto a la condición de pública o privada de la Fundación ya que, aunque debiera ser privada, en el año 2003 la principal fuente de ingresos viene de la AECI, cuya subvención fue de 10.217.210 euros. La Intervención General pide, en su capítulo de recomendaciones, que se aclare y precise el carácter público o privado de esta entidad. Todas las áreas analizadas en el informe son susceptibles de irregularidades aunque en ningún momento se puede hablar de delito alguno. En efecto, a pesar de los "defectos" y "deficiencias" existen gastos originados "por las actividades propias de la fundación".

Y el informe empieza la enumeración de defectos. "Existen importantes deficiencias en la conservación y archivo de la documentación administrativa y económica....". "La carencia de justificación documental de aspectos básicos, tales como la necesidad del gasto, la autorización por persona competente o incluso la efectiva realización de la actividad contratada, nos han impedido a veces formarnos una opinión sobre la oportunidad de gasto en relación con los fines de la Fundación".

Los técnicos observan gastos que podrían haberse evitado como, por ejemplo, la prestación de servicios de cuatro bufetes de abogados y la existencia de dos páginas web para las que se ha contratado a su vez "los servicios de al menos siete empresas diferentes para realizar actividades más o menos relacionadas". Durante 2003, la Fundación ha pagado 50.000 euros en taxis pero no se han encontrado los justificantes. Sólo una persona gastó en seis meses 6.000 euros. En Argentina, Colombia y México se decidió tener una persona de enlace y en este capítulo se efectuó "un pago de 43.880 euros, a través de una transferencia bancaria, a favor de un arquitecto mexicano del que no se conserva ningún tipo de factura".

La Intervención señala que los presupuestos "no parecen haberse confeccionado sobre bases objetivas, lo que quizá explica que nunca el Patronato haya sido informado de la verdadera situación económica, como cabe deducir de la lectura de las actas".