La ARSEC rectifica
En el artículo El negocio de la 'maría', publicado el pasado día 7 de octubre, se puede leer: "Muchos expositores presentes en la feria de febrero repetirán ahora. Es el caso de un buen puñado de growshops, distribuidoras... y entidades que defienden el uso tanto lúdico como terapéutico de la maría, como la Asociación Ramón Santos de Estudios sobre el Cannabis (ARSEC)".
Nada tiene que oponer la ARSEC a la existencia de un sector comercial dedicado al cultivo del Cannabis y sus derivados, ni a la celebración de ferias destinadas al cáñamo. Pero lo cierto es que ni estuvimos presentes en la feria de febrero, ni lo estaremos en la de octubre ni en cualquiera otra, puesto que nuestros objetivos son diametralmente opuestos al negocio de la 'maría'.
La concurrencia a una feria comercial no sólo es contraria a la verdad, sino que puede crear una confusión que en nada nos beneficiaría.
La ASERC es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objeto social la obtención, el análisis y la divulgación de las cuestiones relacionadas con las bondades, utilidades y eventuales maldades, así como el contraste entre tales cualidades y la legislación positiva, del Cannabis o marihuana.
La entidad tiene como únicos recursos económicos las cuotas sociales y los beneficios de la venta de un libro sobre cultivo del Cannabis cuyo título, por no incurrir en afanes ilícitos de publicidad, me abstengo de mencionar. En momento alguno hemos contado con subvenciones públicas ni particulares.
Por voluntad explícita estatutariamente expresada y socialmente riterada somos totalmente ajenos al comercio como a la difusión del consumo de sustancia alguna. Por lo que respecta a la polémica de la prohibición o legalización del Cannabis, hacemos nuestras las propuestas plasmadas en el manifiesto por una nueva política sobre la droga posteriormente concretado en una elaborada propuesta alternativa a la actual política criminal sobre drogas, publicadas bajo el título Una alternativa a la actual política criminal sobre drogas, editado por el Grupo de Estudios de Política Criminal.
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