La Generalitat pide al Gobierno que cofinancie la reforma educativa

La Generalitat ofreció ayer "diálogo" institucional al Gobierno socialista para negociar la reforma educativa, pero exigió a cambio "corresponsabilidad económica" de la Administración central. Pese a tildar de "regresiva" la reforma de la Ley de la Calidad Educativa (LOCE) -buque insignia del anterior Gobierno del PP- el consejero Alejandro Font de Mora se comprometió a "consensuar" la posición autonómica con todos los agentes educativos.

Mientras, los sindicatos más representativos del profesorado valenciano acogieron ayer con "satisfacción" las medidas anunciadas el lunes por el ministerio, pero reclamaron "financiación" para aplicarlas. "Lo que estamos oyendo no nos suena mal. Pero, esperaremos a ver el presupuesto", adelantó el portavoz del STEPV, Augusto Serrano. Más optimista, la federación de enseñanza Fete-UGT afirmó que, en líneas generales, el documento del MEC responde a sus "expectativas" y sienta las bases para "una educación de calidad". Aunque el secretario general valenciano, Esteban Montesinos, precisó que la prioridad a nivel autonómico será "impulsar un acuerdo de mínimos entre las distintas comunidades autónomas, la comunidad educativa y todos los agentes sociales implicados" para que la reforma de la LOCE cumpla el objetivo enunciado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de alcanzar, al final del proceso de negociación, un "pacto" que dé estabilidad a la educación.

Flexibilidad en el déficit

Desde esta óptica, el Gobierno valenciano, del PP, ofreció "diálogo" y "lealtad" institucional para alcanzar un pacto "con el PSOE, entre los dos grandes partidos nacionales", pero fue muy crítico con el inicio del proceso. "Si el PSOE hubiera iniciado un diálogo previo este verano, la relación entre los dos partidos hubiera sido fluida y, por tanto, también lo sería ahora la relación social", espetó el consejero valenciano Alejandro Font de Mora, en una improvisada rueda de prensa. Font de Mora, que no ahorró calificativos contra la reforma enunciada -a la que tildó de "regresiva", "intolerante" y de "ser un fósil de la LOGSE"- mostró visos de que, más allá de la pataleta verbal, el Consell ofrece "diálogo" y "mano tendida al Gobierno".

No obstante, condicionó el resultado al apoyo financiero. "El PSOE debe de ser corresponsable económicamente. No puede dejar que sean las comunidades quienes soporten el aumento de gasto, máxime cuando hay comunidades como Cataluña a las que permite mayor flexibilidad en su déficit", dijo, sin recordar que fue su propio gabinete el que hace un año cifró el coste autonómico de implantar la LOCE en 8.000 millones en cuatro años, ya que nació "sin memoria económica". Font de Mora adelantó que ya ha dado instrucciones a "la Secretaría Autonómica para que prepare una memoria económica y la remita a la Consejería de Economía para que conozca el aumento de gastos que conllevarán las reformas educativas". Pese a que la negociación apenas empieza, las tres federaciones provinciales de padres de alumnos -la FAPA Gonzalo Anaya de Valencia, la Enric Valor de Alicante y la Penyagolosa de Castellón- se congratularon por "la llamada al diálogo y al debate" iniciada por el Gobierno de Zapatero. Según la presidenta de la FAPA de Valencia, Carmen Molina, este punto "marca ya una importante diferencia respecto a la situación anterior". Aunque lo más aplaudido fue "la supresión de la Reválida [recuperada por el anterior Gobierno del PP en la LOCE] y de la asignatura de Religión". Las asociaciones de padres valencianas siempre han apostado "por un sistema de enseñanza público, laico y en valenciano", por lo que Molina volvió a defender ayer que "la Religión esté fuera de la escuela, porque ésta no es lugar para adoctrinarse, sino para adquirir conocimientos". Molina pidió una participación activa del Consejo Escolar Valenciano (donde están representados sindicatos, padres, alumnos, ayuntamientos, patronales y Generalitat) como el lugar "democrático" donde debe "consensuarse la reforma educativa". Al tiempo que pidió recuperar la "participación del consejo escolar de los centros, que se perdió en la LOCE".

La supresión de la Religión como materia obligatoria provocó la airada reacción del Arzobispo de Valencia, Agustín García-Gascó, quien afirmó que "la asignatura de Religión es un derecho constitucional de los padres" y volvió a repetir que "el 80% de padres quiere la enseñanza de Religión para sus hijos".

Un visión que no comparte el Consell de la Joventud de la Comunitat Valenciana (CJCV), el cual aplaudió "la propuesta de crear una asignatura obligatoria de Educación para la Ciudadanía", porque, dijo, "era una de las máximas reivindicaciones los últimos años del movimiento juvenil asociativo".