Los afectados por el 'chupinazo' recibirán seis millones de euros

Las 104 personas que en la verbena de Sant Joan de 1997 sufrieron lesiones a causa de un defecto en un petardo conocido como superchupinazo serán indemnizadas con más de seis millones de euros. Así lo decidió ayer el Juzgado de lo Penal número 2 de Vilanova i la Geltrú, en una sentencia que condena a dos años y dos meses de prisión a los dos responsables de la empresa fabricante del petardo.

Durante la noche de Sant Joan de 1997, más de un centenar de personas sufrieron heridas en los dedos de las manos a causa del superchupinazo, un petardo que explotaba antes de tiempo. Los afectados presentaron una denuncia conjunta por un presunto delito de imprudencia grave contra la empresa fabricante. La sentencia, que se dio a conocer ayer, señala como responsables civiles subsidiarios al fabricante y a la Administración del Estado.

Además de los dos responsables de la fabricación del petardo, Miguel González Lázaro y Bernardo Sanchís Vallbona, administrador y gerente de la empresa Pirofantasia y Multimedia, el juez condena a una multa de 360 euros por 104 faltas de imprudencia a Fernando Vázquez Guzmán, que fue director general del Ministerio de Industria y autorizó la distribución del petardo.

La sentencia apunta que González Lázaro y Sanchís Vallbona solicitaron la clasificación del superchupinazo al Ministerio de Industria integrando en la petición "un dibujo que llamaba a engaño" respecto a las medidas de las diferentes partes, "silenciando la composición cuantitativa y peso de las sustancias que integraban cada una de las partes".

Mezclas prohibidas

La juez califica de "desafortunado" el diseño del artefacto, dibujado por uno de los fabricantes "sobre una servilleta de un establecimiento". Según han demostrado las pruebas periciales, el superchupinazo contenía "mezclas prohibidas y deficiencias en la compactación de la pasta de retardo", que provocaban la explosión del mismo "en tiempo cero" y "arrasando yemas, falanges y hasta dedos completos de las manos de los consumidores".

La defensa de 57 de los heridos, ejercida por el abogado Juli de Miquel, anunció que recurriría la sentencia ante la Audiencia de Barcelona, al considerar que también se debería haber condenado a los responsables del laboratorio que emitieron el certificado para catalogar el petardo. Por su parte, el abogado de González y Sanchís anticipó ayer que también recurrirá.

En 1997 se distribuyeron en Cataluña un total de 97.000 unidades del superchupinazo. El petardo de fricción contenía una carga explosiva en un tubo de cartón que se accionaba al rascar su cabeza de fósforo como si se tratara de una cerilla. El petardo tenía una luz que avisaba del tiempo que quedaba para la explosión, un dispositivo que no funcionó esa noche. Gran parte de los afectados tenían en esa época edades comprendidas entre 11 y 47 años.