El hijo de Estevill admite que ayudó al ex juez a ocultar todos sus bienes
Javier Pascual Franquesa, abogado e hijo del ex juez Luis Pascual Estevill, admitió ayer ante el tribunal que debía juzgarle que colaboró con su padre en un delito de alzamiento de bienes para ocultar todas sus propiedades a la justicia y evitar así que le embargaran. De esta manera, Pascual Franquesa aceptó la pena de un año de prisión que le reclamaba el fiscal y abandonó el banquillo de los acusados por el juicio que se sigue desde el lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por las extorsiones a empresarios cometidas por el ex magistrado para dictar resoluciones que les favoreciesen.
La conformidad judicial está prevista en la ley antes de que declaren los acusados, siempre que éstos reconozcan el delito del que se les acusa y acepten la pena solicitada por el fiscal y el resto de acusaciones. En el caso de Pascual Franquesa, un año de cárcel, 9.720 euros de multa y la responsabilidad solidaria para que su padre devuelva 775.300 euros a la cuenta corriente de un banco. El hijo del ex juez es el tercero de los 10 acusados en el proceso que se conforma con la pena, después de que el pasado lunes lo hicieran el joyero Rogelio Roca y el abogado José Manuel Prades, quien reconoció que colaboró en ese mismo delito de alzamiento de bienes y aceptó la condena de un año de cárcel por indicación de su abogado, José María Fuster-Fabra.
Sociedad patrimonial
Los hechos se remontan a 1996, cuando Pascual Franquesa recibió en su cuenta una transferencia de su padre de 67.810 euros para suscribir una ampliación de capital de la sociedad patrimonial Lafoya, SL, más tarde Invefrán, SL, a la que el ex juez había vendido el 50% de una finca que poseía en la céntrica calle de Muntaner de Barcelona. El objetivo era aparentar insolvencia para eludir el pago de la responsabilidad civil de 603.573 euros que le impuso la Audiencia de Barcelona en la sentencia que le condenó a siete años de cárcel por delito fiscal.
Por aquellas fechas, el TSJC también reclamó al ex juez otros 1,21 millones de euros de responsabilidad civil para compensar a los perjudicados por la causa que ahora le ha llevado al banquillo. Con esa misma finalidad, según el relato del fiscal aceptado por los afectados, el hijo de Pascual Estevill y Prades buscaron un testaferro llegado de Argentina y abrió varias cuentas corrientes en las que se ingresaron cheques por valor de 156.200 euros que luego fueron cobrados. Ese dinero procedía de la venta de un edificio de ocho plantas propiedad de Estevill y por el que cobró 840.000 euros.
Por otra parte, fuentes judiciales explicaron ayer que el abogado Joan Piqué Vidal, para quien el fiscal solicita seis años de prisión, está intentando llegar a un acuerdo extrajudicial con la acusación popular para evitar también el juicio. El que fuera defensor de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana está previsto que declare el próximo 15 de septiembre.
