La regulación de los horarios comerciales: algunas reflexiones

La regulación de los horarios comerciales y de los domingos y festivos de apertura autorizada ha sido una de las cuestiones que está suscitando un mayor debate en la opinión pública, debido a su proximidad al ciudadano, a los intereses económicos subyacentes y al amplio colectivo de trabajadores del comercio y sus familias cuyas condiciones laborales se ven afectadas por estas decisiones. Por ello, aunque desde un punto de vista económico no es el principal problema a que se enfrenta el comercio, sí que tiene una gran importancia política, ya que afecta a la configuración del modelo de vida de los ciudadanos en general y a la forma concreta de desarrollar su actividad por parte de los comerciantes y los empleados del comercio. En este controvertido tema, se están repitiendo un conjunto de tópicos y lugares comunes, que merecerían algunas precisiones y comentarios.

La mayoría de los consumidores no parece precisar horarios más amplios que los actuales

En primer lugar, se ha afirmado genéricamente que la libertad de horarios beneficia a los consumidores. Y ello es cierto, en la medida en que los consumidores desearían poder comprar a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, pero siempre y cuando ese mayor servicio no suponga incremento de coste. No hay duda de que un mayor servicio horario supone un mayor coste de carácter fundamentalmente laboral, y que ese mayor coste laboral se trasladará mediante márgenes mayores a los precios de venta al público. El coste del mayor servicio horario es asumido por todos los consumidores, tanto si son compradores en festivos como si no lo son. Cuando los consumidores acuden a establecimientos de conveniencia (tiendas de apertura las 24 horas del día), estos consumidores saben que en dichos establecimientos su nivel de precios es más elevado para recuperar los mayores costes del servicio.

Pero es que, además, la mayoría de los consumidores no parecen precisar horarios más amplios de los actualmente existentes, en los que encuentran una oferta suficiente para su abastecimiento. La última encuesta realizada sobre el particular, dentro del Observatorio de Precios del Ministerio de Agricultura, indica que el 86,3% de los consumidores y el 92,1% de los trabajadores del comercio consideran que los horarios comerciales actuales son los adecuados. El informe que se ha solicitado en el mes de junio al Consejo de Consumidores y Usuarios sobre el proyecto de horarios comerciales "valora como positiva la regulación de horarios comerciales existentes en la actualidad" y "aboga por una legislación de mínimos, en base a los siguientes supuestos: mantener el status quo existente en la actualidad o regular la libertad de horarios comerciales en ocho domingos al año y setenta y dos horas semanales".

En segundo lugar, se afirma con toda contundencia que el "comercio moderno" es el que pretende la apertura en festivos, mientras que son los pequeños comerciantes los que quieren impedirlo. Pues bien, en la actualidad la mayoría de las cadenas de supermercados, que constituyen la mayor parte de las ventas en la distribución moderna, no van a hacer uso de la autorización de la apertura en festivos que les pueda ofrecer la legislación. Las empresas de supermercados consideran que las ventas generadas en domingo sustituyen a las ventas de otros días de la semana (principalmente sábado y lunes) y que no les compensa el incremento de costes, ni el deterioro de las condiciones laborales de sus empleados que tendrían que trabajar en festivos. Alguna cadena de hipermercados también se ha manifestado en la misma línea. Los partidarios de una mayor apertura en festivos son algunas grandes cadenas basadas en hipermercados de periferia y las grandes superficies especializadas.

En tercer lugar, se suele afirmar que la liberalización de los horarios crea empleo. En la medida en que la liberalización de horarios favorecería una mayor cuota de mercado de los formatos de mayor tamaño y productividad frente al comercio tradicional, se estarían sustituyendo formatos más intensivos en trabajo por formatos intensivos en capital. Según los datos del anuario Nielsen, un hipermercado vendía en 2003 una media de 40 millones de euros con un empleo promedio de 207 trabajadores, mientras que para conseguir esa cifra era necesario reunir 368 tiendas tradicionales que daban empleo a 552 comerciantes. Aún considerando los posibles efectos de empleo inducido por un formato y otro, resulta difícil concluir que la sustitución de comercio tradicional por grandes superficies favorezca el empleo.

Tampoco se puede afirmar que en las comunidades autónomas en las que se ha abierto un mayor número de festivos se ha creado más empleo. En el periodo 2000-2003, en el que como consecuencia del Real Decreto ley 6/2000 se ha ido aumentando el número de festivos abiertos, el crecimiento del empleo fue del 8,4%, frente al 15,1% del periodo 1996-2000. La evolución por comunidades autónomas muestra en el periodo 2000-2003 un crecimiento por encima de la media en el País Vasco (12,6%), donde no se producen aperturas en festivos; Cataluña (7,4%), con un mínimo de aperturas; Madrid (6,5%), con el mayor número de aperturas, y decrece en Baleares (-5%), donde se reduce a tan sólo cinco los festivos abiertos. El análisis de los datos por comunidades autónomas no permite establecer una relación concluyente entre empleo y regulación de horarios.

Por último, hay dos importantes externalidades o efectos derivados de la regulación, que tienen difícil cuantificación económica, pero que afectan de forma fundamental al bienestar global de la población. En primer lugar, destacar las condiciones de trabajo y conciliación de la vida familiar y laboral de los 2.730.800 trabajadores ocupados en el comercio, que suponen el 16% de la población ocupada en España, y con una participación de la mujer del 61%. La generalización de la apertura en festivos supondría que una gran parte de la población no pudiera compartir su ocio con el de sus familias. Por otra parte, el atractivo laboral de estos empleos en el comercio con la necesidad de trabajar en fines de semana los harían menos interesantes para los nuevos demandantes de trabajo, haciendo más difícil la incorporación de los más jóvenes y de las personas más formadas.

El comercio urbano de proximidad realiza una función de vertebrar la estructura de las ciudades, evitando la despoblación de los centros urbanos, en definitiva, haciendo ciudad. Algunos costosos programas de rehabilitación de los centros urbanos que se han emprendido en numerosas ciudades se hubieran podido evitar si se hubiera mantenido un tejido comercial de proximidad, que hubiera generado tráfico de personas y actividades complementarias.

Ignacio Cruz Roche es director general de Política Comercial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.