Madrid será "prioridad" en el plan de vivienda del Gobierno

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, del PSOE, anunció ayer, tras una reunión con el portavoz socialista en la Asamblea, Rafael Simancas, que la Comunidad de Madrid será una de las prioridades del Plan de Medidas Urgentes, también conocido como plan de choque, que el Gobierno central tiene previsto desarrollar en el próximo trimestre. Este plan tiene como objetivo mejorar el acceso a la vivienda a los sectores de la sociedad "con mayores dificultades para hacerlo" a través de la construcción de pisos de protección oficial y de fomentar el mercado de viviendas en alquiler, en especial para los jóvenes.

En este sentido, Trujillo manifestó que su ministerio hará de la región una de sus "prioridades", porque "es el escaparate de España y porque los ciudadanos de Madrid tienen auténtica angustia para poder acceder a una vivienda". Según Simancas, Madrid es "la comunidad autónoma con más problemas de acceso a la vivienda", situación que, según el portavoz socialista, se debe al fracaso de las políticas de vivienda que el PP ha ido llevando a cabo durante sus ocho años al frente del Gobierno central y desde el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Madrid.La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, instó a la Comunidad y a los ayuntamientos de la región a que lleguen a un "consenso" con el Gobierno central para aportar terrenos de su propiedad a la bolsa de suelo que el ministerio va a crear durante los próximos meses con el objetivo de construir viviendas protegidas.

Esta bolsa, según Trujillo, estará formada por suelo propiedad de los diferentes niveles administrativos (estatal, autonómico y local) susceptible de ser destinado a la construcción de viviendas protegidas y, según la ministra, ya se han iniciado los trámites para su creación desde el pasado mes de agosto. El primer paso ha sido formar una comisión interministerial en la que los diferentes ministerios harán un inventario de los terrenos disponibles, comisión en la que la ministra invitó a participar al Gobierno regional y a los municipios.

Por su parte, Rafael Simancas afirmó poder "garantizar" que los alcaldes socialistas de la región colaborarán con este plan de choque aportando los terrenos disponibles, y recordó que el Gobierno central tiene a su disposición cuatro ámbitos en la región: la llamada Operación Campamento, con cerca de un millón de metros cuadrados, según Simancas; el desarrollo de Línea de Tiro, en Alcorcón y que tiene unos 900.000 metros cuadrados; los terrenos del Estado dentro de la Operación Chamartín y suelo en Aranjuez y Navalcarnero.

Vicálvaro y Vallecas

Además, el portavoz socialista señaló que en los nuevos desarrollos en los distritos de Villa de Vallecas y Vicálvaro hay disponibles cerca de 12 millones de metros cuadrados para construir vivienda, y afirmó que, en su opinión, parte de estos suelos, de titularidad municipal y autonómica, deberían ponerse a disposición de la bolsa del ministerio.

Simancas aseguró que la Comunidad de Madrid es "la que más problemas tiene de accesibilidad a una vivienda", y para explicarlo tiró de la estadística: según él, los madrileños necesitan pagar 11,4 veces su sueldo íntegro de un año para adquirir un piso -13 veces si son jóvenes-, frente a la media española que es de 7,8 veces.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía, replicó que la Comunidad "es consciente del problema de la vivienda y está dispuesta a colaborar en su solución con las administraciones públicas", pero afirmó que todavía no ha "recibido ninguna invitación" en este sentido.

Zabía, sin embargo, recordó a Trujillo y a Simancas que "la Comunidad ya destina el suelo del que dispone a las diferentes políticas de vivienda a través del Ivima, la agencia pública Arpegio y los consorcios con diferentes ayuntamientos", y calificó las declaraciones de la ministra de "extraño desconocimiento", ya que, según él, el Estado no tiene competencias en materia de vivienda. Por tanto, aseguró que "la petición de la ministra debería ser a la inversa", es decir, que "el Estado entregue su suelo a las comunidades y a los ayuntamientos".