La mayoría de las causas judiciales por incendios se archivan al ignorarse su autor

La mano del hombre está detrás de la inmensa mayoría de los incendios forestales, ya que sólo un 9% de los fuegos investigados este año por la Guardia Civil se originó por causas naturales. Sin embargo, casi todas las pesquisas para aclarar la autoría acaban archivadas al no poder determinarse su autor. El Seprona -la policía verde del instituto armado- y los fiscales advierten de "la gran dificultad" de probar la culpabilidad en un incendio y ofrecen datos para demostrarlo: de los 2.368 investigados este año, el 54% se consideran de origen desconocido y sólo en un 8% se probó la intencionalidad.

"La mayoría de los incendios son intencionados", afirma un alto mando del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, "pero para asegurarlo es necesario reunir las pruebas -algo muy difícil porque hay que llegar lo antes posible para que no se quemen las evidencias- y si no las tienes no tienes más remedio que catalogar el fuego como de origen desconocido". Los datos recogidos hasta el 1 de agosto de este año reflejan que el 54% de los incendios tiene un origen desconocido, mientras que sólo en el 8% se ha probado la intencionalidad. Un 18% son negligencias.

Esto motiva que la mayoría de las causas que llegan a los tribunales acaben archivadas. El fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Juan Carlos López Caballero, reconoce que es "muy difícil demostrar la autoría de un incendio. Todo son pruebas indiciarias y para iniciar un proceso penal, se necesita un informe muy sólido que demuestre que una persona lo hizo".

López Caballero muestra en su despacho varios atestados de incendios: "Son informes completos, con fotografías, desarrollo del fuego... pero sin autor identificado". Los fuegos en los que se puede acusar, son generalmente, según López Caballero, aquellos producidos por imprudencia (una paella, las chispas de un tren...) que generalmente acaban en una multa.

El delito de incendio puede ser castigado con hasta cinco años de cárcel en el caso de que el fuego no haya puesto vidas en peligro. Si los humanos han visto peligrar su integridad, entonces la pena puede ser de entre 10 y 20 años de prisión, además de las multas. Pero conseguir una sentencia condenatoria es otro cantar. Un ejemplo de esto se puede encontrar en Huelva, una de las provincias más afectadas este verano por los incendios.

En 2003, la unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta de Andalucía "investigó 239 incendios, de los que se esclarecieron 237", según consta en la Memoria de 2003 de la red de fiscales medioambientales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. De estos 239 incendios, la fiscalía inició 126 diligencias previas. De ellas, 90 (71%) se archivaron "en su mayoría por falta de autor conocido" y 12 pasaron a la Junta porque sólo eran imprudencia leve.

El Seprona ha detenido este año a 130 personas por su supuesta implicación en incendios forestales. "Pero, salvo que todo esté muy clarito en el caso de un incendio intencionado, los jueces suelen dejarlos en libertad", según fuentes del instituto armado. El fiscal de medio ambiente Carlos Rueda, de la Audiencia de Jaén, asegura que "acusar a alguien de un incendio es muy complicado. En un proceso penal no es suficiente que la Guardia Civil tenga el convencimiento de que una persona ha causado el incendio. Por eso, muchos detenidos nunca son condenados".

La dificultad es tanta que Rueda asegura que no recuerda un solo juicio por incendio. Además lamenta que exista poca colaboración ciudadana: "La gente de los pueblos sabe muchas cosas y podría denunciar más de lo que lo hace". El diputado por Sevilla de Los Verdes, Francisco Garrido, lamenta que la falta de pruebas directas impida las sentencias: "El derecho ha superado la necesidad de pruebas directas en delitos económicos y en otro tipo de delincuencia, pero no en delitos medioambientales". Un estudio de Los Verdes estima que menos del 15% de las denuncias por incendios forestales llegan a los juzgados y que en menos del 2% hay condenas.

Un mando de la Guardia Civil recuerda un ejemplo: "Hace dos años en Ávila, hubo un gran incendio y se detuvo a un pirómano que, además, pertenecía a una brigada de extinción. Entonces descubrimos que en 2000 ya fue detenido por otro incendio y condenado a dos años, pero sólo estuvo siete meses en prisión. En 2002 ya estaba otra vez quemando el monte".