Unió convoca un congreso extraordinario para sortear la sentencia que anuló su último cónclave

Unió Democràtica (UDC) no sólo prepara un congreso ordinario para los próximos 16 y 17 de octubre. El partido también ha convocado un congreso extraordinario, en el que participarán los mismos compromisarios el mismo fin de semana, para blindar el cónclave y sortear la sentencia judicial que anuló los acuerdos del congreso que el partido celebró en 2002. El objetivo de la dirección es ratificar los mismos acuerdos adoptados desde 2002 y dar carpetazo a los quebraderos de cabeza causados por las demandas, hasta ahora exitosas, del sector crítico.

El partido democristiano dirigido por Josep Antoni Duran Lleida quiere aprovechar su 23º congreso para reforzar su perfil propio frente a Convergència Democràtica (CDC) y promover a los ex consejeros Josep Maria Pelegrí y Ramon Espadaler en los puestos clave de la dirección. No obstante, la propia dirección ha asumido que la sentencia judicial que anuló los acuerdos del último congreso podría dejar todas las decisiones que se adopten en el limbo jurídico.

Para tratar de evitarlo ha convocado discretamente también un congreso extraordinario, que se celebraría justo antes del ordinario con los mismos compromisarios, para ratificar todas las decisiones adoptadas desde 2002.

La presidencia colegiada de la Mesa del congreso -Núria de Gispert, Pere Grau y Elena Ribera- remitió el mes pasado a los afiliados una misiva informándoles de la convocatoria extraordinaria: la carta detalla que el congreso se regirá con las mismas normas que el ordinario y que el orden del día tendrá un único punto: se tratarán "los acuerdos tomados a partir del último congreso nacional y las consecuencias de su anulación por una sentencia judicial, contra la que se ha recurrido".

Los acuerdos del congreso de 2002 fueron impugnados ante los tribunales por el sector crítico, cuyo principal líder, Jordi Petit, fue expulsado posteriormente de Unió. El juez de El Vendrell (Baix Penedès) que asumió el caso dio la razón a los críticos y anuló el congreso.La nueva dirección de Unió presentó un recurso ante la Audiencia de Tarragona, que todavía no se ha pronunciado.

Paralelamente, los críticos han llevado el caso por la vía de la querella criminal, que acaba de pasar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Los críticos consideran que la mera convocatoria del congreso extraordinario supone un reconocimiento de facto de que llevaban razón en sus quejas sobre la asamblea de 2002.

Las dificultades judiciales se suman a la situación económica del partido, que no pasa tampoco por su mejor momento. Una muestra de ello es la situación del partido en L'Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad de Cataluña en número de habitantes: en enero, tras la salida de UDC del Gobierno de la Generalitat, cerró la sede de la localidad. La asamblea convocada en junio para designar a los compromisarios y renovar la ejecutiva local se celebró en el Centro de Estudios Clar, propiedad de la presidenta local y concejal de CiU, Anabel Clar.

Este centro ha impartido desde 1994 unos 90 cursos de formación ocupacional subvencionados por la Generalitat. De acuerdo con datos oficiales, entre 1994 y 2003 la Generalitat ha pagado por estos cursos 1,27 millones de euros. Clar precisó que desde que cerró la sede local la junta de UDC se ha reunido en distintos pisos particulares y que la asamblea en el centro de estudios no se desarrolló en las aulas, sino en un almacén adosado.