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El Parlamento se muestra incapaz de respaldar por unanimidad a La Naval

Las exigencias del tripartito a los socialistas frustran el acuerdo sobre el astillero de Sestao

El Parlamento vasco fue incapaz ayer de aprobar por unanimidad una moción a favor de La Naval de Sestao, precisamente cuando más delicada es la situación de los astilleros y pese a que hace dos meses (el 18 de junio) los partidos sí se pusieron de acuerdo sobre la misma cuestión. Las exigencias del tripartito al PSE para que el Gobierno central ofrezca más garantías de supervivencia para los astilleros vizcaínos y la imposibilidad de los socialistas vascos de avalar ese compromiso, que depende sólo del Ejecutivo español, frustró las posibilidades de lograr un acuerdo.

En plenas vacaciones, la Diputación Permanente (el máximo órgano del Parlamento durante el descanso estival) abordó con carácter de urgencia la proposición no de ley que el tripartito había presentado la semana pasada exigiendo al Gobierno central que incluya a La Naval en la nueva sociedad que pretende crear reuniendo los astilleros militares del grupo público Izar. La iniciativa salió adelante sólo con los votos del tripartito. Populares y Sozialista Abertzaleak se abstuvieron mientras que el PSE la rechazó.

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La nueva sociedad garantizará la supervivencia de los astilletos públicos militares, mientras que complica mucho las opciones de seguir en activo de los dedicados a la construcción de buques civiles, entre ellos la factoría de Sestao. La proposición incluye unos puntos que hace meses todos los partidos hubiesen apoyado sin problemas, pero en esta ocasión el tripartito puso contra las cuerdas al PSE con continuos reproches a la forma de actuar del Gobierno central y, en especial, del titular de Economía, Pedro Solbes. "La Administración central sólo quiere Euskadi para abandonar empresas públicas y provocar crisis", espetó el peneuvista José María González Zorrilla a PP y PSE. Con el debate caldeado y duras acusaciones a los socialistas, el portavoz del PSE, Rodolfo Ares, acusó al tripartito de especular con el futuro de La Naval y solicitó confianza en las vías que está explorando el Gobierno central.

En los últimos ocho meses, el Parlamento ha aprobado hasta tres mociones instando a la Administración central a elaborar un plan que garantice la continuidad del astillero vizcaíno, que en la actualidad da empleo directo a 1.200 personas e indirecto a otras 4.500. Sin embargo, la decisión del Consejo de Ministros del pasado 30 de julio de reorganizar el grupo público Izar, segregando los astilleros militares de los civiles y creando una nueva empresa pública que acoja a los primeros, ha puesto seriamente en entredicho el porvenir de La Naval y ha acelerado los acontecimientos. Los astilleros civiles que queden al margen de esa sociedad se enfrentan a un futuro muy incierto. Espoleado por la perspectiva de ver La Naval fuera de ese grupo, el tripartito forzó el debate de ayer con la presentación de una proposición no de ley de carácter urgente.

El texto aprobado recoge la exigencia a la Administración central de incluir La Naval en la nueva sociedad junto a la actividad militar y rechaza cualquier hipótesis que pase por el cierre, privatización o la pérdida de puestos de trabajo en el astillero de Sestao.

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Desde el inicio del debate, el tripartito enfocó directamente al grupo socialista. El PSE tuvo que encajar a partes iguales reproches y la exigencia de que haga valer ante el Gobierno central su peso político. El socialista Ares se zafó de los ataques acusando al tripartito de

"generar más incertidumbre" pues aún no existe ninguna decisión de la Administración sobre la liquidación del astillero vasco.

El peneuvista José María González Zorrilla apeló al recuerdo de la reconversión industrial en la Margen Izquierda en la década de los ochenta, con la pérdida de hasta 40.000 puestos de trabajo, para pedir al PSE que no se vuelva a repetir una escena así. "Si el PSOE no modifica su posición y cierra La Naval habrá provocado la mayor deslocalización de Euskadi", advirtió. Sus socios de EA y EB abundaron en la idea de que se trata de un cierre "político". "La

reconversión la va a sufrir un astillero tecnológicamente avanzado, competitivo y que construye buques sofisticados", coincidieron los portavoces de EA y EB, Rafael Larreina y Oskar Matute, respectivamente. "En el cierre van a primar intereses electorales", zanjaron ambos.

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