Un grupo liderado por Miguel Aguiló muestra interés por Izar de Gijón

Un grupo encabezado por Miguel Aguiló, quien fuera presidente de Iberia y de Astilleros Españoles, ha mostrado interés en adquirir los astilleros de Izar en Gijón. La oferta se haría a través de La Naval de Gijón (Nagisa), sociedad en la que el citado grupo de inversores acaba de tomar el control. No es ésta la única carta de intenciones que ha llegado a la mesa de Izar, cuyos responsables barajan también ofertas por la planta de Sevilla y de Manises (Valencia). El presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles, subrayó ayer que el objetivo del Gobierno y del grupo público en relación a Izar es "salvar el mayor número de puestos de trabajo posible".

Tras el envío el pasado sábado a la Comisión Europea del esbozo del plan industrial futuro, y que será expuesto por el presidente de la empresa y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez Robles, la próxima semana en el Congreso, se están produciendo movimientos entre las empresas del sector.

En la operación de Gijón, Miguel Aguiló y Luis Vilches acaban de hacerse con el timón de Nagisa. Esta empresa se constituyó en 1985, en plena reconversión naval, por la fusión de los diques de Duro Felguera y Marítima del Musel (Grupo Orejas). En los cuatro últimos años ha estado en manos de un grupo de directivos, tras la salida en 2000 de su accionariado del Grupo Orejas, único accionista de referencia desde que su socio en el astillero, Duro Felguera, se desprendiera de su 50% en Nagisa en 1996.

Posible segregación

"Las actuaciones que se están intentando llevar a cabo por el Gobierno y la SEPI deben considerarse un esfuerzo encaminado a salvar el mayor número de puestos de trabajo posible", explicó Martínez Robles. El presidente de la SEPI criticó al anterior Ejecutivo del PP y dijo que "en vez de salvar la situación" de crisis optó por unir los astilleros civiles y militares. Según Martínez Robles, "a consecuencia de ello la construcción militar se ve también afectada por esta situación".

El presidente del grupo público explicó que la "grave situación" de Izar se debe "a su trayectoria empresarial de los últimos años" y "sobre todo" a la obligación de devolver las ayudas concedidas por el Gobierno del PP, que la Comisión Europea (CE) considera ilegales. La cantidad que debe devolverse asciende a 376 millones de euros, puesto que al importe de la ayuda (308,3 millones) hay que sumar los intereses.

La SEPI maneja la tesis de segregar los astilleros militares (antigua Bazán) de los astilleros civiles (antigua Astilleros Españoles) para lograr la viabilidad de la empresa. También se ha barajado la posibilidad de que el astillero de Sestao pase a depender del Gobierno vasco. Ayer, el portavoz del Ejecutivo vasco negó que haya manifestado su intención. Por su parte, Metal-UGT se mostró contrario a la liquidación de los astilleros civiles públicos y recordó al Gobierno el compromiso de negociar con los sindicatos un plan de viabilidad.