"Bajar la temporalidad al 25% sería un éxito"

Diputado del PSOE desde 1982, a Jesús Caldera (Béjar, Salamanca, 1957) se le ve muy a gusto al frente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Su compañero de escaño, durante años, en el Congreso, José Luis Rodríguez Zapatero, con el que tiene la máxima confianza, le ha encargado que convierta ese departamento en uno de los de primera línea del Gabinete. Y la verdad es que, entre los asuntos laborales y los sociales, tiene mucha tela que cortar para conseguirlo. En los tres meses que lleva de ministro, ha tenido tiempo para detectar los problemas y diseñar los objetivos.

Pregunta. Por lo visto hasta ahora, usted quiere dar un fuerte impulso a este ministerio. ¿Cómo lo ha encontrado?

"Prefiero hablar más de una sucesión de reformas parciales, una sucesión permanente de acuerdos, que de una gran reforma laboral"

"Vamos a aplicar un tratamiento individual a los inmigrantes, porque las regularizaciones generales tienen un 'efecto llamada' pernicioso"

"El Gobierno está dispuesto a encabezar una rebelión social para acabar con la violencia doméstica. O hay rebelión social o no corregiremos esta situación"

"El próximo año habrá un fondo estatal con dotación para iniciar ya el Plan de Dependencia, que es el cuarto pilar del Estado de bienestar"

Respuesta. Estos últimos años han sido positivos para la creación de empleo. Sin embargo, hay algunos elementos preocupantes, como es la calidad del empleo. Las cosas se han dejado a medias. En otros temas hay zonas grises. Por ejemplo, se permitió un deterioro importante de las rentas de cientos de miles de españoles cuando el salario mínimo fue perdiendo poder adquisitivo, y este Gobierno ha tenido que reponerlo.

P. ¿Estamos en puertas de una gran reforma laboral?

R. Prefiero hablar más de una sucesión de reformas parciales, una sucesión permanente de acuerdos, que pensar en una gran reforma laboral. Incluso he planteado hacer ejercicios de prueba y error, sin que las medidas que se adopten tengan que ser indefinidas.

P. En la declaración firmada por los agentes sociales y el presidente Zapatero se han incluido todos los temas propuestos por las partes, pero parece que va a ser difícil casar las demandas de la patronal y las de los sindicatos.

R. Es lógico que cada uno tenga sus intereses, pero sí creo que habrá un punto de equilibrio. Esa firma, por sí misma, da una gran confianza a la sociedad española. A otra cosa no puedo atribuir el hecho de que, en los últimos dos meses, la creación de empleo y la afiliación a la Seguridad Social hayan mejorado y que en mayo y junio la contratación indefinida haya subido un 25%, lo que permite albergar cierto optimismo de que el comportamiento del mercado de trabajo será positivo.

P. ¿Qué objetivo tiene el diálogo?

R. Los empresarios y los sindicatos coinciden en que el principal problema es que estamos perdiendo competitividad. Y que se debe a tres hechos. Uno, la excesiva temporalidad, un elemento negativo para la productividad de nuestras empresas y, por tanto, a quienes en primera instancia conviene reducirla y cambiar esa cultura es a los propios empresarios. Dos: la debilidad de las políticas públicas de empleo. Y tres: la escasa formación del conjunto de nuestra población trabajadora.

P. ¿Le ha sorprendido la actitud constructiva de la patronal?

R. Me ha sorprendido positivamente, aunque ya en 1997 la patronal y los sindicatos suscribieron un acuerdo muy importante, que todavía está dando resultados, pero cuya velocidad de crucero se va agotando. Son los propios empresarios los que comparten con el Gobierno el análisis de que los costes de la temporalidad son negativos, no sólo para el trabajador que no puede formar con seguridad su proyecto de vida, sino también para las empresas. Porque está comprobado que hay más siniestralidad donde hay menos formación y peores condiciones salariales. Existe también una relación directa con mayor gasto en desempleo.

P. ¿Puede precisarlo?

R. En protección al desempleo gastamos cerca de 8.000 millones de euros, que financian íntegramente empresarios y trabajadores con sus cotizaciones. El 66% deriva de la finalización de contratos temporales. Es decir, que el abuso de la contratación temporal genera un gasto elevadísimo. El Gobierno planteará una reducción de las cotizaciones al desempleo si se reduce la contratación temporal y con ello se ahorra gasto en desempleo.

P. Las opciones para corregir la temporalidad son penalizar los contratos temporales o facilitar y abaratar el despido a los fijos. ¿Por cuál se decanta?

R. Para abordar la temporalidad no hay recetas simples: hay que analizar los sectores con actividad inferior a 12 meses, en los que el trabajo no tiene que ser inevitablemente eventual y hay figuras, como los fijos discontinuos y la contratación a tiempo parcial, que hay que estimular. Otra vía es recuperar en algunas actividades el principio de causalidad y que el contrato temporal no justificado tenga un encarecimiento de sus costes a cambio de una rebaja en el indefinido. Por otro lado, queremos actuar con incentivos para que las subcontratas y las empresas de trabajo temporal tengan una plantilla estable para poner a disposición de otras empresas, y hay que utilizar mejor las bonificaciones.

P. ¿Se atrevería a poner un objetivo de reducción de temporalidad, que ahora está cerca del 31% de la población ocupada?

R. Qué más quisiera, pero si las conversaciones dan el fruto que esperamos podríamos duplicar la rebaja de temporalidad de los últimos años. Me conformaría con una rebaja de un punto, o un punto y medio por año.

P. ¿Hasta el 25% en esta legislatura?

R. Si conseguimos bajar la temporalidad al 25% sería un éxito. También impulsaremos acciones en el empleo público, donde ha subido mucho la temporalidad. Es verdad que la Administración general del Estado sólo tiene un 6%. Donde se concentra es en comunidades y ayuntamientos. Estamos haciendo un esfuerzo específico para dar ejemplo.

P. ¿Y qué hay que hacer con el despido?

R. No creo que la falta de contratos indefinidos o de la alta temporalidad se deba a los costes del despido. En 1997 se hizo una reforma que creó un nuevo contrato fijo con costes de despido [33 días por año trabajado] sensiblemente menores al convencional . Lo lógico sería pensar que desde entonces todos los contratos que se hayan realizado se habrán hecho al amparo de esa figura. Pues no, sólo el 50%. No es ése el factor fundamental. En todo caso, estamos dispuestos, si quieren los empresarios y los sindicatos, a extender a otros colectivos el ámbito del contrato de 1997. A mí me parece una fórmula interesante.

P. También se han comprometido a garantizar el futuro de las pensiones. ¿Requerirá medidas duras?

R. El mejor anclaje para nuestro sistema de pensiones es el Pacto de Toledo. Tenemos por delante 10 o 12 años que seguramente serán muy buenos en superávit, pero a partir de 2015 o 2020, de no hacerse las reformas necesarias, empezaríamos a tener algunos problemas derivados del envejecimiento de la población. El enfoque debe ser una sucesión de reformas permanentes. Y el sistema permite mejorar las pensiones más bajas. Yo ratifico nuestro compromiso de que las pensiones mínimas subirán un 26% a lo largo de la legislatura, y el año 2005 empezaremos con una subida por encima de la inflación.

P. ¿Cómo han encontrado las cuentas de la Seguridad Social?

R. En una situación normal, como por cierto han estado siempre. Me interesa mucho destacar la insidia que supuso acusar al sistema de Seguridad Social de estar en quiebra en 1996, cuando el Partido Popular llegó al poder. No era así. La Seguridad Social se hacía cargo de una serie de gastos que no le correspondían: la sanidad, las pensiones no contributivas y los complementos a mínimos. Por tanto, soportaba unos gastos muy superiores a su función natural, que es pagar las pensiones contributivas, y por eso la situación era más difícil. A lo largo de estos años, la Seguridad Social ha ido arrojando superávit y ahora se encuentra en un buen momento. A finales de julio, tendrá cerca de 500.000 cotizantes más que en diciembre de 2003.

P. Hablan de hacer más proporcional las prestaciones de las pensiones y lo que se ha contribuido.

R. Hay que abordar las reformas necesarias para que el sistema sea sostenible en el futuro y eso nos exige favorecer, incentivándolo, que la gente esté más tiempo cotizando. Ése es el punto fundamental. Hoy, la edad media de jubilación está en los 62 años, pero hay que conseguir que sea algo más alta. Y tenemos que hacer un esfuerzo para que nadie calcule: yo con 15 años tengo suficiente, y como el Estado me da un complemento a mínimos me va a quedar una pensión superior a mi esfuerzo contributivo.

P. ¿Podemos deducir que es partidario de ampliar al cálculo de las pensiones a toda la vida laboral?

R. No. Soy partidario de mejorar la correspondencia entre lo que se aporta y lo que se recibe. Eso se puede hacer de varias maneras, por supuesto ampliando los años del periodo de cálculo, pero como una parte del acuerdo social cree que eso limita derechos, exploraremos otras fórmulas.

P. ¿La gran reforma va a ser para los autónomos?

R. En lo que afecta al régimen de autónomos, estamos en diálogo permanente con sus representantes. Si están de acuerdo en cotizar para un sistema propio de cese de actividad para tener una ayuda similar al desempleo, vamos a facilitarlo. También vamos a favorecer la contratación de familiares, a mejorar el tratamiento de la creación de empleo para jóvenes y les hemos planteado que deben cotizar más tiempo, porque en el régimen de autónomos casi un 40% se jubila sólo con 15 años de cotización. Esto no puede ser, por lo que se debe favorecer que paguen más años y por unas bases superiores, aunque eso les suponga un pequeño esfuerzo. Pero así disfrutarán de mejores prestaciones.

P. Hablando de cotizaciones, la patronal y el programa del PSOE propugnan la rebaja. ¿Es posible una reducción generalizada de cuotas?

R. El programa socialista no lo planteaba en esos términos, sino por la vía de ajustar la parte de cotización al desempleo si conseguimos reducir el coste del mismo. Con carácter general, no soy partidario de una rebaja generalizada de cotizaciones porque el sistema no sería capaz de soportarlo.

P. La prejubilación es un mecanismo que acorta la vida laboral. En el Parlamento anunció que se va a atajar en empresas que tienen beneficios y prejubilan a costa de las arcas del Estado. ¿Qué medidas prepara?

R. Desde que gobernamos, no existe ni existirá ninguna prejubilación en la que empresas con beneficios carguen al Estado parte del coste, porque no es justo.

P. Telefónica tiene pendiente parte de su plan a cargo del Inem.

R. Otra cosa son los compromisos adquiridos con anterioridad y que estén firmados. Me refiero a todas las situaciones nuevas.

P. ¿Qué reforma prepara en la pensión de viudedad para los nuevos modelos de familia?

R. De cara a los Presupuestos del año que viene, es mi intención proponer al Pacto de Toledo regular el derecho de acceso a pensión de viudedad a las uniones de hecho con garantías de que ha existido una convivencia similar a la del matrimonio. Y cuando aprobemos el derecho al matrimonio para los homosexuales, también tendrán derecho a pensión. A medio plazo, habrá que redefinir la pensión de viudedad, que tiene que garantizar situaciones de necesidad, y debemos plantear una posible revisión para hacerla incompatible con aquellos supuestos en que hay rentas suficientes.

P. Cada vez que se ha planteado eso, se ha generado alarma.

R. Creo que hay que plantearlo. Le pondré un ejemplo: un matrimonio joven en el que fallece la mujer con un buen empleo y el marido es un profesional con unas retribuciones suficientes se encuentra desde una edad muy temprana con una pensión para toda la vida que en ocasiones supera los 900 euros al mes. Pues yo creo que esa situación no es razonable.

P. ¿Y Solbes aprueba todo esto? Porque esos planes suponen mucho gasto.

R. Solbes es una persona extraordinaria que infunde una gran confianza y que tiene una gran sensibilidad social. Él tiene que velar, como es obvio, por los equilibrios, pero en las materias que estamos planteando, todo lo que tiene que ver con la productividad y reducir la temporalidad, hay acuerdo básico.

P. Un capítulo que tiene un coste altísimo es crear el cuarto pilar del Estado de bienestar, con la atención a la dependencia (ancianos e inválidos que no se pueden valer por sí mismos). ¿Con qué plazos cuenta?

R. En el primer semestre de 2005 habrá una ley, con un sistema nacional que gradualmente vaya cubriendo las necesidades de las personas dependientes. Y puedo anunciar que, además, el próximo año habrá un fondo estatal con dotación para iniciar en 2005 el programa del Plan de la Dependencia. Éste será un cuarto pilar del Estado del bienestar, pero el programa que desarrollará el Gobierno tendrá una orientación dinámica. Será un sistema nacional, en coordinación con comunidades y ayuntamientos, también con su participación financiera, y de las familias que reciben el servicio, que tendrán que pagar una parte del mismo en función de sus recursos.

P. ¿Qué medidas de apoyo tiene?

R. El cuadro de prestaciones será la asistencia a domicilio, con gestión profesional de empresas especializadas en la materia; y la creación de centros de día, así como de residencias para situaciones de gran dependencia, la atención a personas con discapacidad y afectados de Alzheimer. Es necesario impulsarlo por razones de carácter social (el envejecimiento de la población lo exige) y de eficiencia económica. Así, además, generaremos mucho empleo.

P. Ustedes apuestan a priori por establecer un seguro público obligatorio que costee la dependencia. ¿Cuándo podría entrar en vigor? ¿Habrá un reconocimiento como derecho subjetivo?

R. Habrá un derecho subjetivo, lo que pasa es que la tasa de cobertura total habrá que establecerla gradualmente. En el primer año no podemos acceder a toda la demanda, ni en el segundo año.

P. Hay un millón y medio de personas.

R. Aproximadamente, y en ascenso. Quizás dentro de ocho años esa cantidad se haya duplicado.

P. El gasto en incapacidad temporal se ha disparado más del 13%, y se estima que hay un 25% de fraude. ¿Cómo piensa atajar esa subida?

R. El crecimiento ha sido elevado en los tres últimos años y, sin que la situación sea alarmante, creo que hay que dar un toque de atención. Tenemos planteadas medidas de gestión y de control, para que no nos perjudiquemos todos y no tengamos que tomar medidas más drásticas.

P. ¿Por ejemplo?

R. Hay que pensarlas. Limitar el derecho no lo vamos a hacer nunca, y en la mesa de diálogo voy a plantear que crecimientos que no son justificados se puedan corregir. Ya hemos puesto en marcha medidas como el convenio con las comunidades autónomas para mejorar la gestión y los controles.

P. ¿Teme que haya mucho fraude en la bolsa de trabajo y desempleo?

R. Es difícil de saber. Es evidente que hay todavía una actividad económica sumergida, una parte de ella debida a las situaciones de irregularidad de los inmigrantes. En relación al desempleo, el gasto es elevado, y eso nos lleva a una reflexión de fondo: tenemos que adoptar medidas más dinámicas sobre la intermediación en el mercado laboral. Todo aquél que pueda activar el mercado de trabajo, que pueda conseguir que una persona que está percibiendo prestación por desempleo encuentre un empleo, y si es indefinido mejor, hay que incentivarle.

P. ¿Cuándo se va a conseguir que el Inem sea eficaz como agencia de colocación?

R. Ahora, el Inem se dedica a pagar prestaciones, pero hay que darle más papel y multiplicar las fuentes de intermediación.

P. ¿Además de las empresas de trabajo temporal (ETT), de qué está hablando?

R. De las agencias de colocación de todo tipo. El outsourcing

está dando buenos resultados. Estamos dialogando con las ETT para que una parte de su plantilla sea indefinida, y nos piden poder participar en la generación de empleo indefinido. ¿Por qué no va a impulsar la creación de empleo indefinido quien pueda?

P. Cataluña ha propuesto regularizar a los inmigrantes que tienen dos años de arraigo.

R. Vamos a aplicar el tratamiento individual, porque las regularizaciones generales tienen un efecto llamada pernicioso. Lo ha planteado Cataluña y el Consejo Económico y Social, y es la línea de este Gobierno. Lo incorporaremos al reglamento.

P. ¿Ésa es la solución que se va a dar?

R. La orientación más importante de la política de inmigración debe ser de orden laboral. Los empresarios nos cuentan que hay problemas para encontrar trabajadores. A veces hay oferta y potencial demanda, pero como esa demanda no está en situaciones de legalidad no se puede cubrir. Pues, si hay arraigo y hay un empleo, lo que hay que hacer es legalizar ese empleo y conceder un permiso transitorio para que la situación sea legal.

P. ¿Cómo ha dejado el PP el asunto de los inmigrantes?

R. Hubo un tiempo en que para el señor Aznar y el señor Rajoy todos los delincuentes eran inmigrantes y todos los inmigrantes eran delincuentes. La bolsa de inmigrantes irregulares deriva del periodo en que el PP hacía un discurso durísimo contra los inmigrantes, pero no tomaba medidas para desarrollar una gestión de inmigración para que fuera legal y una política seria en el control de fronteras. En la segunda parte de la legislatura se bajó el tono de dureza y, también a petición de muchos empresarios, se dieron cuenta de que la inmigración es necesaria por razones laborales. Ojalá el PP siga en esa línea, que nos permita un gran acuerdo nacional.

P. ¿Y qué resultados ofrece el PSOE en estos tres meses?

R. Se están cubriendo los objetivos. Recibimos una situación difícil, con más de 300.000 expedientes sin resolver. Extranjeros con permiso de residencia amenazados de convertirse en ilegales sobrevenidos porque la Administración no hacía la renovación de sus permisos a tiempo. Hemos puesto en marcha un plan de medidas urgentes, desconcentrando los lugares en donde se puede tramitar, y se están cumpliendo los objetivos.

P. La aprobación de la ley contra la violencia doméstica ha acarreado fuertes críticas. ¿Para lograr el consenso se van a suavizar aspectos de esa ley?

R. La ley tiene un sentido profundo a favor de la mujer, para prevenir e impedir la violencia que se ejerce contra la mujer. Estamos dispuestos a hacer ajustes técnicos, pero la línea de fondo está perfectamente justificada, porque la violencia que se ejerce sobre la mujer lleva aparejada una situación de sometimiento previo fundada en la desigualdad, que es intolerable. Por ello, este Gobierno está dispuesto a encabezar la rebelión social porque, o hay rebelión social o no conseguiremos corregir esta situación. Y, quien utilice críticas técnico-jurídicas, que se quite la careta y diga si de verdad está o no con las políticas de igualdad.

P. Ha anunciado la extensión progresiva de la desgravación de 100 euros a las madres no trabajadoras. ¿Cuándo empezará a implantarse?

R. Yo declaré que íbamos a hacer una política de familia más intensa, integral; nunca dije que se fuera a equiparar exactamente los 100 euros mensuales a los hijos de las madres que no trabajaran. Yo apuesto por una política integral y por que pueda haber una ayuda suficiente con carácter general para todos los hijos menores de tres años.

P. ¿Qué opina de la semana de 35 horas?

R. Nosotros no apostamos en nuestro programa electoral por reducir la jornada laboral. Es mejor utilizar la vía de reordenarla, para que pueda haber más disponibilidad personal y familiar.

P. ¿Cómo cree que hay que abordar la fuga de empresas?

R. Es un problema europeo, y ya hay algunas propuestas. Tenemos que compartir estrategias como la ordenación del tiempo de trabajo, las políticas para que no se produzca un traslado de empresas después de haber recibido ayudas públicas y la mejor fórmula es la formación más elevada de nuestra población laboral. La fuga de empresas no se produce por la atracción de bajos salarios, sino por condiciones de competitividad, que es una combinación muy alta de factores, no sólo salarios sino fundamentalmente formación.

P. ¿Qué le parecen las discrepancias entre algunos ministros?

R. Es más ruido que nueces. Éste es un equipo en el que puede haber opiniones distintas.