La era del empleo emigrante

Rosa Palau supo, ya en octubre de 2001, que habría problemas en la fábrica de Lear en Cervera (Lleida), en la que trabajaba como obrera en una cadena de montaje desde hacía 13 años y cuyo comité de empresa presidía. Ese mes asistió en Alemania a una reunión del comité europeo de esta multinacional norteamericana de la industria auxiliar del automóvil. El mensaje que recibió es que se preparaba una reducción de plantilla. Estaba preparada para eso, como la mayoría del colectivo laboral de la que era la principal empresa del metal de Lleida: 928 trabajadores fijos y 352 temporales, en su mayoría mujeres en la cuarentena vecinas de Cervera y localidades colindantes.

Pero la cosa no tenía pinta de ir a mayores. Los balances de Lear arrojaban beneficios, los costes salariales eran inferiores a los de Tarragona o Barcelona, se estaba renovando el comedor y la cesta de Navidad había incluido un bono de seis euros para gastar en máquinas expendedoras y un lujoso libro que rezumaba autosatisfacción. Por eso, cuando, el 7 de febrero de 2002, Rosa fue convocada por la empresa a una reunión "muy importante" no se temía lo peor.

El final del siglo XX quedó marcado por una palabra: globalización. El XXI comienza por otra: deslocalización. Ambas fijan un nuevo marco a la competencia

La deslocalización está ocasionando el cierre de numerosas fábricas en España y la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo

José María Cuevas: "El panorama ofrece tantas posibilidades como riesgos encierra. Los países más prósperos son los que invierten en el exterior"

Josep Maria Rañé: "En Cataluña apostamos por la innovación y desarrollo, la investigación tecnológica, la formación y las infraestructuras"

Pavol Rusko, ministro de Economía de Eslovaquia: "Hemos creado un gran ambiente con incentivos a la inversión, con radicales reformas fiscales y sociales"

La deslocalización no se limita ya a la producción física de bienes, sino que cobra fuerza creciente en empresas de servicios como telefonía y banca

El día de autos, sin embargo, los trabajadores de Lear ya habían oído por la radio que la multinacional iba a cerrar la planta de Cervera (tiene otras en Tarragona, Zaragoza, Ávila, La Rioja y Madrid) para trasladar parte de la producción a Polonia. En una tormentosa reunión, fueron informados de que serían víctimas de un fenómeno en auge en todo el mundo, del que la España en vías de desarrollo se benefició, y mucho, décadas atrás, pero que la España potencia industrial y económica sufre ahora en carne propia: la deslocalización.

Sería esfuerzo inútil buscar este palabro en el diccionario de la Real Academia Española, pero ha hecho tanta fortuna que, si se rastrea en castellano en el buscador Google, aparece cerca de 14.000 veces, más de 66.000 en francés y 5,7 millones (superando a globalization) si se sustituye por outsourcing. Este último término no se refiere sólo al traslado al extranjero, para reducir costes laborales y beneficiarse de rebajas fiscales y otros estímulos, de plantas enteras o parte de la producción de grandes empresas, sobre todo multinacionales (deslocalización en sentido estricto), sino sobre todo, según el Diccionario de términos económicos, financieros y comerciales (editorial Ariel), a la "subcontratación externa de servicios propios, sobre todo de tecnologías y sistemas de información" y "externalización empresarial, o cesión a otros, de ciertas áreas de una empresa".

La deslocalización, que la reciente ampliación de la UE acelera, es noticia por su impacto social y económico, sobre todo en Cataluña, a causa de los anuncios de cierres y traslados totales o parciales de fábricas o líneas de producción de multinacionales como Philips, Valeo, Hewlett-Packard, Sony, Delphi, Panasonic, Samsung, Volkswagen y la propia Lear.

Entre los casos más recientes figuran el anuncio de cierre de la factoría de SEB (antigua Moulinex) en Barbastro (Huesca), por la competencia de otra fábrica del mismo grupo en China. Más de 270 trabajadores se quedarán en la calle. La misma suerte correrá la plantilla (216) de la fábrica de aspiradores de Panasonic en Celrá (Girona) y las de Levi Strauss en Bonmatí (Girona) y Ólvega (Soria), con 453 empleados en total.

Pero se extiende también a grandes empresas españolas, como el grupo cooperativo Mondragón, que prevé abrir 14 plantas en el extranjero (sobre todo, en China) entre 2004 y 2008, con la promesa de que no se reducirá el empleo en España, donde se mantendrán las actividades de mayor valor añadido. O a gigantes del sector de la confección que subcontratan la fabricación de buena parte (Inditex-Zara) o la totalidad (Mango) de su producción en países de mano de obra mucho más barata, como Marruecos y, otra vez, China, aunque mantienen en España sus sedes y departamentos de investigación, diseño y comercialización. El efecto global sobre los empleos se mide en unos 15.000 perdidos en los últimos años.

Puertas al campo

La deslocalización no es ajena tampoco al anuncio de despido por Perlas Majórica (hoy, con gestores franceses) del 57% de su plantilla, de más de 400 trabajadores, para aumentar su producción en China. O del futuro cierre de Trefilerías Quijano en Los Corrales de Buelna (Cantabria). El fantasma se esgrime a veces por empresas con dificultades para negociar un convenio, como fue el caso de la amenaza de Acerinox, durante el reciente conflicto laboral, de desviar inversiones para su factoría del Campo de Gibraltar hacia la otra en Kentucky. O para intentar desafiar a la limitación de las emisiones de dióxido de carbono que una directiva europea impone a la siderurgia para cumplir con el Protocolo de Kioto. Eso llevó al grupo Arcelor, primer productor de acero del mundo, a amenazar con un traslado masivo de instalaciones que afectaría a 24.000 empleos, 800 de ellos en Asturias.

El final del siglo XX quedó marcado por una palabra: globalización. El comienzo del XXI, por otra: deslocalización. Ambas son parientes, por sus venas corre la misma sangre, y reflejan la necesidad imperiosa de que trabajadores, empresas y países enteros se adapten a las realidades de un mundo cambiante. No se pueden poner puertas al campo, ni evitar la deslocalización en un marco económico globalizado, de apertura de mercados y competencia salvaje. Pero se puede mitigar el efecto sobre el empleo, para que queden en España los puestos de trabajo que exigen una mayor cualificación, los de mayor valor añadido.

José María Cuevas, presidente de la CEOE, señala que "el modelo español de atracción de inversiones multinacionales basado en costes más bajos está agotado porque el país se ha convertido en una nación desarrollada, con salarios, impuestos y precios coherentes con tal condición". ¿La respuesta al desafío?: "Ofrecer a la inversión multinacional otras ventajas, como población formada y competitiva, buen nivel tecnológico, situación geoestratégica privilegiada y calidad de vida. No costes laborales bajos, pero sí buenas técnicas de producción y organización, mayor flexibilidad y herramientas de gestión adaptadas a los cambios del mercado".

Fernando Puig-Samper, de la ejecutiva de Comisiones Obreras, admite que "los recursos económicos deben ser libres de localizarse donde obtengan mayor rentabilidad, siempre que exista un Estado con capacidad para redistribuir la riqueza que genera la asignación de recursos que orquesta, en primera instancia, el mercado". Es decir, que el Estado debe "mantener la cohesión del sistema compensando los desequilibrios sociales y territoriales que genera el mercado". Su fórmula para afrontar el reto de la deslocalización se sintetiza en potenciar cuatro factores: mano de obra cualificada; inversión en infraestructuras de comunicación y transportes y en parques y polígonos industriales; investigación, desarrollo e innovación; y una política industrial que apueste por sectores de futuro, como las energías renovables y la biotecnología. En otras palabras, que "hay que competir cada vez menos con Eslovaquia, Polonia o Hungría, y más con Alemania, Francia, el Reino Unido o Italia".

Josep Maria Rañé, consejero de Trabajo e Industria de la Generalitat, se ha visto enfrentado, apenas llegado al cargo, a los efectos negativos de un fenómeno de deslocalización que se ha cebado en las empresas catalanas. A pesar de ello, cree que la situación no es tan dramática, y pone ejemplos como el anuncio de Dow Chemical de que invertirá 200 millones de euros para una nueva planta en Tarragona, la apertura por Hewlett Packard de una central europea de servicios en Sant Cugat y una nueva inversión de Basf de 600 millones de euros.

"Apostamos", dice Rañé, "por la investigación y desarrollo, la innovación tecnológica, la formación de trabajadores y las infraestructuras y la creación de centros de transferencia tecnológica (...) a través del triángulo virtuoso,

que engloba a Administración, empresas y universidades". La Generalitat, además, impulsa la creación de la Agencia Catalana de Inversiones, para "impulsar la implantación de multinacionales que se nutran de proveedores locales".

José María Cuevas se muestra convencido de que "el panorama ofrece tantas posibilidades como riesgos encierra", y recuerda que "la experiencia demuestra que los países más prósperos son los que invierten en el exterior, porque luego esas inversiones retornan al país en forma de beneficios". Naturalmente, el presidente de la CEOE piensa en la necesaria apertura al exterior de la empresa española, especialmente notable en sectores como el del calzado y el textil. En este último, por ejemplo, se perdieron unos 40.000 empleos entre 1999 y 2003. Amadeu Cazador, presidente del Consejo Intertextil, reconoce que "sería muy difícil sobrevivir sin sacar al menos parte de la producción al extranjero", y destaca que, con frecuencia, el tejido se produce en España, donde se concentran las labores de diseño, innovación y mercadotecnia, mientras que la confección en sí, que no precisa mano de obra tan especializada, se realiza fuera del país, ya sea en países europeos (como Rumania, Turquía e incluso Portugal), como del norte de África (sobre todo, Marruecos) o asiáticos, con China muy en primer término. Lo que hace falta, señala, es "favorecer el desarrollo del made in Europe como sinónimo de calidad".

Salvador Miró, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, que comparte el diagnóstico con su colega del textil, señala que la existencia de numerosas empresas pequeñas y medianas frena la deslocalización en el sector. Añade que para enfrentarse al fenómeno hay que "buscar la diferenciación del producto, la imagen de marca, porque quien se quede en tierra de nadie lo tendrá muy difícil". En precio, es imposible competir con países como China, en los que la mano de obra es muchísimo más barata, "a la hora de coser a mano un peluche o de fabricar un chip". Además, "allí han perfeccionado los métodos de falsificación de juguetes, y no siempre es fácil distinguir el original de la copia".

Crisis estructural

Rafael Calvo, presidente de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), con unas 2.800 empresas y 47.000 trabajadores, señala que se vive en España "una crisis estructural, al haber entrado países de mano de obra muy barata en un sector en el que ésta supone más del 40% de los costes". Se refiere a China, desde luego, pero también a Indonesia, Vietnam, Brasil y, cada vez más, la India. Un ejemplo: "EE UU importó, en 2003, 1.800 millones de pares de zapatos, y 1.500 de ellos eran chinos. España sólo exportó a ese país 13 millones. Aquí se vendieron 186 millones de pares, de los que 127 millones eran importados, sobre todo, de China".

El sector, añade Calvo, "está convulsionado, y, aunque apenas se cierran fábricas y se concentran en España los aspectos más estratégicos de la producción, cada vez se desplaza más ésta hacia el exterior". También él es un convencido de que el futuro debe pasar por la promoción de la "marca España" y el made in

Europe como sinónimos de calidad y diseño diferenciado, así como por la innovación, la personalización y la respuesta rápida a una demanda cambiante. Otro reto es introducir el calzado español en el mercado asiático de calidad, porque en China, por ejemplo, "hay tiendas de lujo, en Shanghai o Pekín, en las que se pueden vender zapatos españoles de gran calidad a precios superiores a los de aquí".

El camino de la deslocalización puede quedar sembrado de víctimas, parados de los de

Los lunes al sol, de los que tendrá que hacerse cargo un Estado de bienestar cuya solvencia está amenazada.

En el caso de la factoría de Lear en Cervera (Lleida), el cierre se saldó con indemnizaciones de 60 días por año trabajado, con la contratación por la multinacional de una empresa especializada en la recolocación de trabajadores y con la creación de una mesa de industrialización destinada a captar inversiones y formada por sindicatos regionales y locales.

El alcalde de Cervera, Salvador Bordes (de CiU), que ha tenido que bregar con los efectos del cierre sobre el conjunto de la economía de esta localidad, asegura que entre el 60% y el 70% de la plantilla ha encontrado ya un nuevo empleo, en buena medida gracias a la implantación de nuevas empresas en la zona. Rosa Palau, de UGT, reduce la cifra al 40%, y señala que, con frecuencia, el nuevo trabajo es precario y mal pagado.

Abundan las historias de frustración, como la de Dolors, que fracasó en su intento de montar un pequeño negocio; acaba de encontrar trabajo como taquillera en un cine durante los fines de semana y busca, pero no encuentra un trabajo estable. O la de otra Dolors, ésta vecina de Igualada, que desde el cierre de Lear no ha recibido otra oferta que vender electrodomésticos a comisión y sin sueldo fijo.

En una de las cuatro naves (pronto serán dos) que ocupaba Lear a las afueras de Cervera trabajan ya unas 50 personas, la mayoría despedidas por la multinacional del automóvil. Ahora cobran sus salarios (un 25% inferiores) de Cubigel, fabricante de compresores para frigoríficos comerciales y filial de la multinacional italiana ACC. Jordi Ríu, director general, afirma que se ha invertido mucho valor añadido, sobre todo en maquinaria e investigación, y que la apuesta es de futuro, que están allí para quedarse.

Algunas trabajadoras se quejan de la dureza del trabajo. "No es para mujeres", dicen. Ríu les pide paciencia, sostiene que algunos de los problemas actuales son consecuencia de que la fábrica aún no está totalmente en funcionamiento y promete que habrá puestos de trabajo livianos para las trabajadoras de más edad o con peor condición física. Hace notar, además, que el acuerdo alcanzado para abrir la fábrica preveía crear 150 puestos de trabajo en tres años, pero que ese objetivo se alcanzará en la mitad de tiempo. "Y van a ser básicamente fijos, excepto pequeñas oscilaciones por estacionalidad". Las condiciones son las que marca el convenio del sector: 1.779 horas al año, o sea, 229 días laborables, de los que seis son sábados (en los que se percibe un plus), compensados con cinco puentes.

El fenómeno de la deslocalización no se limita ya a la producción física de bienes, sino que cobra una fuerza creciente en empresas de servicios como las de telefonía, que trasladan centros de llamadas (más conocidos por el termino en inglés call centers), ya sea a Marruecos (caso de Telefónica a través de su filial Atento) o a Argentina (Vodafone, Uni2...), países en los que, por salarios muy inferiores a los de España, se contrata a personal local con dominio del castellano.

El interés de las empresas por reducir costes y limitar sus plantillas fijas propicia el desarrollo de firmas especializadas en tecnología de la información, que, como el Grupo SMS, prestan, en palabras de su responsable en España, Daniel Kumpel, "servicios de consultoría, soporte técnico, implantación de aplicaciones, desarrollos y administración de sistemas". Entre otras cosas, ofrece a las empresas (como Repsol, Telefónica y AXA Seguros), "la posibilidad de utilizar recursos tecnológicos deslocalizados en Latinoamérica con el objetivo de obtener mejores precios y asegurar los resultados en términos de calidad de servicio". Los especialistas de SMS dan soporte técnico y administración remota, sobre todo de los sistemas informáticos, a precios competitivos que se basan en el menor coste salarial de los países en los que se sitúan y sin que importe la hora en la que se produce el problema. Siempre habrá alguién al otro lado del teléfono o del ordenador. "Cada vez es más posible el trabajo remoto", añade Kumpel. "Hoy se puede administrar un entorno operativo que se encuentra en España desde Venezuela o Brasil, o desarrollar un componente de software que se ha definido en EE UU y se ha desarrollado en Argentina". Sólo es cuestión de optimizar la tecnología con un objetivo: "Mejor a menor coste".

El próximo campo de batalla podría ser la banca, que, técnicamente, podría externalizar, sobre todo a América Latina, servicios como la atención telefónica o parte de la administración, la mercadotecnica y el soporte técnico informático, ya sea subcontratando o montando tinglados propios.

La atracción de la India

En el Reino Unido, que también sufre los efectos de la emigración

industrial, el HSBC, segundo banco del mundo, está deslocalizando con empleo local a 4.000 de sus 55.000 trabajadores hacia Malaisia, China y la India, un filón, este último país, de personal altamente cualificado y con dominio del inglés, pero con salarios inferiores en un 90% a los de los trabajadores británicos. Por la misma senda transitan también, entre otros, Barclays y Lloyds TSB, la aseguradora Prudencial y el gigante telefónico British Telecom.

En EE UU, la defensa del empleo local frente a la competencia exterior suscitada por la globalización y la apertura de mercados forzada por la Organización Mundial de Comercio y tratados como el NAFTA, ha cobrado fuerte protagonismo en la campaña electoral a la presidencia. La emigración de empleos llegó a encarnar la principal diferencia entre John Kerry y John Edwards por la candidatura demócrata, y condujo al Senado, el 4 de marzo, a aprobar un proyecto de ley que prohíbe llevarse fuera del país contratos financiados con fondos federales.

También al norte de los Pirineos, donde soplan vientos de crisis, los líderes políticos hablan del peligro de "una Francia sin fábricas", enfrentada, no ya a la competencia de países asiáticos o del norte de África, sino a la de los nuevos socios de la UE que, en su afán por reducir el diferencial de desarrollo con los actuales 15 miembros, presentan ofertas con las que es casi imposible competir.

Lear a Polonia, Seat a Eslovaquia... Los países de la ampliación, los que a partir del 1 de mayo se convertirán en miembros de pleno derecho del club europeo, constituyen un polo de atracción difícil de igualar. El ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno de Bratislava, Pavol Rusko, vende así su país: "Se ha creado en Eslovaquia uno de los mejores ambientes para la inversión de Europa mediante radicales reformas fiscales, sociales, de Sanidad, de educación y de Administración pública (...). Para inversores relevantes está asegurado un sistema de estímulos que incluye vacaciones fiscales, subvenciones para puestos de trabajo de nueva creación y para el reciclaje de la fuerza laboral (...). Para inversiones superiores a los 100 millones de euros, y con creación de un mínimo de 400 empleos, son posibles dotaciones directas en los bienes de inversión materiales e inmateriales". El ministro recuerda también que existe un impuesto lineal de tan sólo el 19%, una fuerte tradición industrial, una estratégica ubicación geográfica en el corazón del continente y unos costes laborales muy bajos: 445 euros al mes, frente a 590 en la República Checa, 672 en Polonia y 3.275 en Francia.

Los datos que ofrece Eslovaquia son espectaculares, pero no es el único país que está en

oferta,

a la caza de inversiones extranjeras con las que dar el empujón que permita la convergencia con Europa y superar las consecuencias de la guerra fría, cuando eran simples satélites de la URSS, y de sistemas económicos anquilosados. Basta con entrar en la página web de la Embajada de Polonia en Madrid para encontrar un voluminoso informe, de cerca de 200 páginas, con un título revelador: ¿Cómo hacer negocios en Polonia?

Un informe de Eurostat revela que el sueldo industrial neto de Polonia es de 4.541 euros al año; el de la República Checa, 5.016; el de Eslovenia, 6.960; el de Letonia, 2.069; el de Lituania, 2.299; el de Hungría, 3.082, y el de Bulgaria, 1.176. Con esta referencia, el de España, 13.099 euros, el tercero más bajo de la UE de 15 socios, casi parece astronómico, y explica por sí solo que cada vez sea mayor el número de empresas que emigran hacia el Este en busca de menores salarios, en un buen entorno geográfico (cercano a sus mercados naturales) y con una mano de obra muy cualificada. Informes del instituto económico alemán Ifo y de la Universidad de Múnich, además de la lógica más elemental, apuntan a que la tendencia se agudizará en los próximos años. Eso fue lo que ocurrió en su momento con España.

El gran reto es que esa emigración se regule, las consecuencias globales para el país sean positivas y el efecto sobre el empleo, moderado. Después de todo, como recuerda José María Cuevas, "la inversión norteamericana, alemana o francesa en España no supuso hace años el declive de esos países, sino todo lo contrario".

Un reto que se resume en tres palabras: adaptarse o morir.