Sevilla rechaza ceder competencias exclusivas del Estado a Cataluña

El Gobierno central traspasará a la Generalitat de Cataluña las competencias reconocidas en el Estatuto de Sau y por el Tribunal Constitucional, una vez convocada la comisión mixta de traspasos. Respecto a las que requieren la aplicación del artículo 150.2 de la Constitución -delegación de competencias exclusivas del Estado- esperará a la redacción de la ponencia de reforma del Estatuto, aunque anuncia que será "estricto". El ministro Jordi Sevilla afirma que rechaza, en principio, ceder estas competencias.

El consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña, Joan Saura, presentó el miércoles un paquete de 97 reclamaciones de competencias clasificadas así: 7 reconocidas por el Tribunal Constitucional; 24 recogidas en el actual Estatuto de Sau; 28 requerirían una modificación de la legislación estatal; 8 pedirían la gestión de subvenciones que figuran en los Presupuestos Generales del Estado y las 30 restantes obligan a aplicar el artículo 150.2 de la Constitución.

Las más delicadas son estas últimas, ya que implican la delegación de competencias exclusivas del Estado. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en una breve comparecencia, fijó su posición con algunos ejemplos, como la inmigración y la Seguridad Social. Avanzó que el Gobierno central no cederá a ninguna comunidad autónoma la política de inmigración, pero no tendría ningún problema en ceder la concesión de permisos a los inmigrantes porque agilizaría su gestión. Lo mismo sucedería con la Seguridad Social. El Gobierno central mantendrá el control de la caja única, pero no ve ningún obstáculo para que, a través de oficinas autonómicas, se gestione su pago.

El criterio avanzado ayer por el Gobierno central es esperar a la redacción que dará la ponencia de reforma del Estatuto de Cataluña, que terminará sus trabajos el próximo año, a las 30 competencias que requieren la aplicación del artículo 150.2 de la Constitución. El Gobierno central no quiere pronunciarse hasta saber, en primer lugar, si esas competencias anunciadas pasarán la criba de la ponencia de reforma del Estatuto.

Y una vez pasada la criba habrá que ver cómo están redactadas para pronunciarse sobre ellas, señalan las fuentes gubernamentales consultadas. Por ejemplo, la eventual reclamación de que el Parlamento de Cataluña elija un representante para el Tribunal Constitucional podría solventarse a través de la reforma del Senado sin necesidad de una reforma constitucional.

En cuanto a las 31 competencias reconocidas por el Estatuto y el Tribunal Constitucional, Sevilla adelantó que próximamente convocará la comisión mixta de traspasos para cederlas a la Generalitat.