El fin del matrimonio

Ana María Pérez del Campo todavía mantiene imborrable en su memoria una escena que no dejaba de ser chocante. Aquellas mujeres piadosas, rosario en mano, eran capaces de saltar de la oración al insulto, de la contrición a la violencia, con sólo verlas avanzar hacia la sede del Ministerio de Justicia. Aquel suceso se repitió muchas tardes con tenaz insistencia: ellas amenazaban con la excomunión y el infierno a todos quienes participaban en la elaboración de una ley del divorcio. Fue hace 25 años.

Ana María era por entonces diplomada en derecho matrimonial y una de las representantes de la Asociación de Mujeres Católicas y Separadas, un colectivo que tenía un nombre tan pintoresco para poder ser aceptado en el registro de asociaciones. Habían sido invitadas por el Gobierno de UCD junto a otros colectivos para participar en la elaboración de la Ley del Divorcio. La presión de las autoridades eclesiásticas en aquel momento llegó al punto de prohibirle al entonces ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, que presidiera, como era tradicional, la procesión del Corpus. Los guerrilleros de Cristo Rey también hicieron de las suyas en algunos actos públicos convocados por los partidarios del divorcio. "Costó muchos disgustos y recibir algunos ataques físicos, pero el texto salió adelante", recuerda Ana María. El 23 de junio de 1981, el Parlamento aprobó la primera Ley del Divorcio en España después de la breve experiencia vivida por otra ley anterior, en 1932, aprobada por la Segunda República. Veinticinco años después, Ana María es la presidenta de aquella asociación, que ha mudado naturalmente su nombre. Desapareció el término católicas. Ahora es la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y... Divorciadas.

En un estudio efectuado por el Instituto de Política Familiar se advierte que el 52% de los matrimonios que se separan en España no alcanza los 10 años de duración

"La experiencia demuestra que el número de reconciliaciones es muy bajo. Y las leyes tienen que adaptarse a la realidad de las parejas del siglo XXI", dice Enrique López

Veinticinco años después, el divorcio es parte de la realidad cotidiana de los españoles. Las estadísticas reflejan que cada año se celebran en España unos 200.000 matrimonios al tiempo que 120.000 parejas se rompen. Pero mientras las bodas registran una tendencia estacionaria en el tiempo, las rupturas experimentan una corriente al alza. La demografía no es halagüeña para con los intereses de la Iglesia: las bodas se han estancado en valores absolutos, es cierto, pero bajan en términos relativos si se las compara con el total de la población. Y bajan aún más los matrimonios religiosos si se tiene en cuenta que un 24,14% de los españoles se casan por lo civil, cuando en 1981 sólo lo hacía el 5,6%.

Tendencia al alza

Los matrimonios tienen tendencia a la caducidad. La tendencia de las rupturas ha caminado siempre al alza. En 1982 se registraron un total de 16.334 peticiones entre separaciones y divorcios, parejas en la mayoría de los casos que llevaban años rotas y que aprovechaban el estreno de la nueva ley para certificar legalmente lo que ya era un hecho consumado hace tiempo. Era la novedad. Pero año tras año, la cifra total ha ido en continuo ascenso hasta alcanzar las 121.968 rupturas registradas en el año 2003, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El salto mayor se produjo, hasta el momento, entre 2001 y 2002. Las cifras presentan también algunos matices, como expone Enrique López, portavoz de dicha institución: "Lo que se observa es que al principio la relación entre las separaciones contenciosas y las de mutuo acuerdo era de cuatro a uno a favor de las primeras. Ahora, sin embargo, las de mutuo acuerdo son un 30% más que las contenciosas. Qué quiere decir esto: que se ha instalado la cultura del consenso en esta materia".

Los más catastrofistas hacen otra interpretación de las estadísticas y arriman los números a su interés: cada cuatro minutos y medio, dicen, se produce una separación o un divorcio en España, señal de que la institución familiar está en peligro. Colectivos como el Instituto de Política Familiar avanzan que no parece muy lejano el día en el que en España se registren más separaciones que matrimonios, como parece haber sucedido en 2002 en la provincia de Castellón, según las encuestas que manejan. En un estudio efectuado por esta asociación advierten de que el 52% de los matrimonios que se separan no alcanza los 10 años de vida. "Se han producido 900.000 separaciones y 600.000 divorcios en España desde la entrada en vigor de la ley, que afectan a más de un millón de niños", dice Eduardo Hertfelder, portavoz de dicho instituto.

¿Sufre España una crisis del matrimonio? No parece que tenga unas dimensiones excepcionales, a la vista de que los españoles siguen siendo considerados como ciudadanos tradicionales por los estudios sociológicos que realiza Eurostat entre los países miembros de la Unión Europea. Los españoles son, entre los europeos, los que más se casan, los que menos viven en pareja de hecho y los que tienen menos hijos fuera del matrimonio. En términos generales, los europeos cada vez se casan menos (cinco bodas por cada 1.000 habitantes) y un tercio de los matrimonios acaba en divorcio. Pero, según Eurostat, España está por debajo de la media: menos de una cuarta parte de los matrimonios acaba en divorcio.

En ese escenario ha vuelto a abrirse el debate sobre el divorcio en España, con la experiencia acumulada durante 23 años. No se trata ahora de reflexionar sobre el número de divorcios y su persistente crecimiento. No es ésa la cuestión que está encima de la mesa. Asociaciones y partidos demandan un divorcio más rápido, incluso un divorcio directo que no exija el paso previo por un año de separación. Y en ese punto no parecen existir las radicales diferencias de hace 25 años. Ana María Pérez constata que en las últimas convocatorias electorales, tanto el PSOE como el PP han mencionado en sus programas la necesidad de una agilización de los trámites. "La ley en vigor nació con la idea de establecer unos plazos de reflexión en la pareja, de permitir la posibilidad de una reconciliación. La experiencia de estos años nos demuestra que el número de reconciliaciones es muy bajo. Y las leyes tienen que adaptarse a la realidad de las parejas del siglo XXI, sobre todo en situaciones en las que no haya hijos", reflexiona Enrique López, portavoz del CGPJ y miembro de la mayoría conservadora.

La realidad demuestra, sin embargo, que, a pesar de las cifras, divorciarse en España puede convertirse en un camino espinoso y en el origen de una indeseable conflictividad entre la pareja, algunas de cuyas consecuencias florecen cada semana en la trágica estadística de mujeres víctimas de violencia doméstica. De las 83 mujeres asesinadas en 2003 por sus compañeros, 23 estaban en situación de crisis, es decir, ya no vivían con su pareja. Sin embargo, sólo un 4,9% de las fallecidas estaban en trámite de separación o divorcio.

"Aquella ley era discutible en algunos aspectos técnicos porque se redactó en un clima muy tenso y estableció un sistema de separación previo al divorcio, que tiene un doble efecto pernicioso: sale el doble de caro y es causa de un gran embotellamiento en los juzgados", dice Luis Zarraluqui, presidente de la Asociación de Abogados de Familia. "Podría estimarse que entre un 35% y un 40% de los pleitos actuales desaparecerían de los tribunales si se consagrara de forma directa el divorcio de mutuo acuerdo. Yo haría una llamada a la responsabilidad de aquellos colectivos que sostienen que un divorcio rápido pone en riesgo la institución familiar. ¿Qué sucede con tantas parejas y con sus hijos que viven un auténtico infierno porque un juez tarda un año en ver una causa de separación? Eso sí es un cultivo para la violencia, y estamos provocando toda clase de disparates".

Juzgados atascados

El atasco que se produce en numerosos juzgados civiles es un hecho unánimemente reconocido. Las repercusiones son indeseables. Una abogada expone el caso de una mujer que presentó su demanda de separación el 26 de abril de 2000 en un juzgado de Majadahonda (Madrid). A día de hoy todavía no se ha dictado la sentencia de separación. En ese tiempo, esa mujer ha sufrido una gran tensión. Primero tardó seis meses en conseguir que su marido dejara la casa. "El marido llegó a estar en una posición muy cómoda. Por un lado, administraba los bienes. Por otro, hacía lo que quería: no ha pagado nunca la pensión alimentaria". Cuatro años después, la mujer todavía se pregunta cómo es posible que no esté legalmente separada. "Al sufrimiento y las penalidades por la espera se añade el daño psicológico", dice la abogada. "Esa mujer no está mentalmente capacitada todavía para rehacer su vida". La media de retrasos en los juzgados madrileños para casos de separación se acerca peligrosamente al año, así que no se trata de un hecho aislado.

"La ley era una ley progresista", recuerda Ana María Pérez, la presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas. "Estaba a mitad de camino entre la legislación francesa y la alemana. Y era una ley que establecía plazos rápidos. Una demanda de separación podía estar lista en 60 días. El problema surgió en su aplicación, y ésa es una cuestión más de presupuestos que de reglamentos. Lo que pasa es que algunos colectivos que ahora solicitan un divorcio rápido no son tan bien intencionados como parece. Las estadísticas nos demuestran que las mujeres piden en mayor medida la separación, y son los hombres quienes solicitan el divorcio. Y algunos no entienden que lo que esas mujeres quieren es perder de vista al individuo. Así que si vamos directamente al divorcio se comprobará cómo seguirán siendo las mujeres las mayores peticionarias".

No hay estudios sociológicos completos sobre las repercusiones de la Ley del Divorcio a pesar de los 23 años transcurridos. Hay algunos de carácter parcial. Tal es el caso del realizado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis en Castilla-La Mancha sobre 404 casos tramitados entre los años 1999 y 2000. En ese estudio se observaba que cuando no existe mutuo acuerdo es la mujer la que en el 75% de los casos solicita la separación. La cifra baja al 59% en las peticiones de divorcio. Una de las conclusiones de este estudio es que "la mujer recurre a la justicia por encontrarse en una situación de mayor debilidad, por lo que demanda que ésta la apoye y proteja en sus derechos".

Algo ha cambiado en la tramitación de los casos de separación, reconocen todos los expertos, y ése es otro argumento que abona la exigencia de agilizar las sentencias. Los jueces se han vuelto más flexibles. "Cuando la ley entró en vigor", recuerda la abogada Rosa Pérez, miembro de la asociación Themis, "todos éramos novatos en esta materia. Por aquel entonces, los jueces ponían mucho énfasis en las causas de la ruptura. Había que demostrar que el matrimonio se había roto". Los primeros años del divorcio en España fueron también años provechosos para las agencias de detectives, que se pusieron de moda. "Por aquel entonces, los encargos para investigar infidelidades o malos tratos significaban el 80% de nuestro trabajo", recuerda Julio Gutiez, vicepresidente de la asociación de detectives. "Ahora apenas llega al 20% y no tienen relación con una causa de separación. Se trata de hombres y mujeres que sólo quieren saber si su pareja les es infiel".

"Teníamos que trabajar con detectives", explica Rosa Pérez, "buscar testigos, los juicios eran más complicados. Se hacía un estudio más detenido de la intimidad de la pareja. Me acuerdo de una clienta maltratada por su marido. Incluso sufrió un aborto por ese motivo. Los testigos confirmaron la situación. Los hijos declararon a favor de la madre. Y a pesar de ello, el juez no encontró causa para decretar la separación. Qué hizo la clienta: dejarme como abogada".

"Esta práctica se ha impuesto", reconoce Carles Cruz, magistrado de la Sala Primera de la Audiencia de Girona y miembro del grupo de expertos del Observatorio sobre la violencia doméstica. "Los jueces ya no buscan las causas o los culpables, no van hacia una criminalización de la ruptura. Entienden como causa que se haya perdido el afecto marital. Los jueces interpretan que cuando se produce una ruptura real, que es anterior a la legal, es cuando es necesaria una respuesta rápida. Tiene que suceder lo mismo que en los casos penales: que en diez días haya una respuesta. El primer riesgo de que una crisis matrimonial genere en un conflicto se supera si se consigue que haya juicios rápidos civiles. La experiencia nos demuestra que a la larga toda separación lleva a un divorcio".

Esta nueva conducta del juez es elogiada por los abogados, pero recibe alguna crítica por parte de Ana María Pérez: "Cuidado con los jueces tan progres y los abogados tan inteligentes. Si no se entra en la causa, por ejemplo, en los casos de malos tratos, se ahorran trabajo todos y el justiciable lo paga caro. Ellas y los niños".

Niños manipulados

Los niños. Una de las peculiaridades del ordenamiento jurídico español afecta directamente a los hijos. Una reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil convierte en "obligatoria" la presencia de los hijos mayores de 12 años en las causas de separación o divorcio, sean o no de mutuo acuerdo. En ese punto, el rechazo es unánime. "Se les somete a los niños a unas situaciones tremendas", dice Rosa Pérez. "Les citan por la mañana, por lo que deben perder horas de clase. Y deben esperar en un juzgado como cualquier adulto, un lugar que no es agradable para un menor". "Se les involucra en problemas de adultos y se les convierte en objeto de manipulación por parte de los padres. Se les hace un daño irreparable a su personalidad", añade Ana María Pérez. Los abogados consultados reconocen que el peso de la opinión de los hijos ejerce una gran influencia sobre los jueces. "Se me ha dado el caso", recuerda una abogada; "estaba redactado el convenio regulador. Los padres estaban de acuerdo en todos los aspectos, pensiones y custodia de los hijos. Pero uno de ellos tenía 13 años. Tuvo que ir ante el juez. Dijo que quería quedarse con el padre y no con la madre. El acuerdo saltó hecho pedazos".

Sobre la ejecución de las sentencias en lo referente al pago de pensiones hay opiniones discrepantes, pero ningún estudio sólido. Mientras la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas afirma que, según sus propios datos, se produce un 67% de nóminas embargadas por impago de la pensión alimentaria, la asociación Themis publicará en breve un estudio hecho en Andalucía donde las cifras de incumplimiento resultan mucho más bajas. "Eso daría materia para un libro", dice Rosa Pérez. "Y no nos engañemos: muchos maridos van al divorcio porque quieren tener una segunda oportunidad para modificar las cuantías de las pensiones".

En unos días se cumplirán 23 años de existencia de una ley del divorcio en España. La sociedad ha cambiado. Ha evolucionado. Tanto que es fácil suponer que divorciarse en España será más rápido en un futuro inmediato. El debate es otro: el divorcio toma el acelerador.

El nuevo ministro de Justicia, el socialista Juan Fernando López Aguilar, anunció en su primera comparecencia en el Congreso el pasado 25 de mayo la intención de su departamento de modificar el Código Civil para "agilizar los procesos de separación y divorcio, sin necesidad previa de separación". El anuncio no provocó especial revuelo, nada comparable a la reacción de la Iglesia ante el anuncio de un reconocimiento de las parejas de hecho y los matrimonios entre homosexuales.

La propuesta del ministro socialista no era radicalmente novedosa. Al mencionar una agilización de los procesos de separación y divorcio se refería también a una iniciativa puesta en marcha por su antecesor, el popular José María Michavila. Michavila anunció hace un año que para 2004 tanto las separaciones matrimoniales como los divorcios se sustanciarían en los juicios rápidos, de tal forma que la tramitación no durara más de dos meses. Quería dar así respuesta el ministro popular a los atascos judiciales y a los desproporcionados retrasos que suponían una fuente de conflicto para miles de parejas españolas. Aquella promesa no se cumplió por falta de tiempo y por estrechez presupuestaria, pero su sucesor ha tomado el testigo.

Divorciarse será cada vez más rápido. Tan rápido como hacerlo por Internet, lo cual empieza a ser ya una realidad. La web abunda en páginas que hacen referencia a despachos de abogados que ofrecen una separación rápida y barata para un caso de mutuo acuerdo. Por 350 euros más IVA es posible, anuncian. David Barahona es un joven abogado de Zaragoza. Junto a cuatro compañeros creó la página separacionmatrimonial.com. Ofrecen un divorcio o una separación al módico precio de 550 euros. "La oferta es exclusiva para casos de mutuo acuerdo", explica. "En 48 horas les tenemos redactado un convenio regulador para la pareja".

Han pasado 23 años. El divorcio ya no es objeto de un debate de alta tensión. Todo lo más, parece cuestión de velocidad.