Conde-Pumpido autoriza que el 'caso Fabra' lo lleve Anticorrupción

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha aceptado todas las propuestas que le ha dirigido el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, para hacerse cargo de diversas diligencias sobre delitos económicos relacionados con la corrupción que están dispersas por distintas jurisdicciones o que lleva la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Entre las propuestas de Anticorrupción a las que el fiscal general ha dado luz verde se encuentra el caso Fabra, sobre una presunta red de tráfico de influencias, cuya investigación ha sido asumida por la fiscalía especial, tras autorizarlo ayer el fiscal del Estado.

Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, aseguró ayer no sentirse sorprendido ante la intención del fiscal Anticorrupción de intervenir en la causa por la que se le investiga, informa María Fabra. "Aunque no tengo noticias ni opinión al respecto, lo cierto es que estaba esperando que apareciera alguna noticia de este tipo". Fabra justificó su presentimiento en lo que calificó de "amenaza pública" de Jordi Sevilla, ya que el ahora ministro de Administraciones Públicas impulsó antes de las elecciones el envío de un escrito al anterior fiscal general, Jesús Cardenal, para que Anticorrupción investigase el caso. Conde-Pumpido se mostró de acuerdo con otras tres propuestas del fiscal jefe Antonio Salinas en orden a investigar otros tantos asuntos.

Retribuciones en Banesto

El primero de ellos se refiere a un plan de retribuciones de directivos de Banesto por el que se siguen 14 diligencias distintas por presunto delito fiscal relacionado por las cantidades percibidas. La causa se está llevando de forma dispersa por diversas jurisdicciones, entre ellas Madrid y Barcelona. Anticorrupción propuso unificar todas las diligencias para su remisión a la Audiencia Nacional, donde se hará cargo de la causa uno de los fiscales adscritos a Anticorrupción en vez de los de la Fiscalía de la Audiencia. El fiscal del Estado ha manifestado ya su conformidad al plan de Anticorrupción.

Otra de las investigaciones que Conde-Pumpido ha autorizado a Anticorrupción se refiere a una denuncia de un accionista contra el presidente del BBVA, Francisco González Rodríguez , el consejero delegado José Ignacio Goirigolzarri y demás miembros del Consejo de Administración, sobre remuneraciones percibidas. La causa, con el número 196/2003, fue asumida por el Juzgado Central 1 de la Audiencia Nacional en junio de 2003. A partir de ahora lo llevará Anticorrupción.

El tercer asunto que pasa a depender de Anticorrupción, por acuerdo ya confirmado del fiscal del Estado, es la descapitalización de Eurobank por sus antiguos gestores. La causa se inició por denuncias en un juzgado de Barcelona, pero también hay una querella presentada recientemente por un grupo de accionistas en la Audiencia Nacional. Conde-Pumpido también se ha mostrado de acuerdo con el criterio de Anticorrupción para que otras dos causas, cuya tramitación se encuentra ya muy avanzada, es mejor que sigan dependiendo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Se trata del caso de las cesiones de crédito del Banco Santander, y el de las retribuciones por jubilación de los ex directivos del BSCH José María Amusátegui y Ángel Corcóstegui.