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El Consell recurre el decreto que frena la LOCE pero no pide su suspensión

Antoni Bernabé tranquiliza en una reunión a los agentes educativos

El Consell oficializó ayer el anuncio de las comunidades gobernadas por el PP de recurrir ante el Tribunal Supremo el decreto del Gobierno que se paraliza el calendario de la LOCE en varios de sus apartados. No obstante, el consejero de Educación, Esteban González Pons, anunció que no pedirá la suspensión cautelar "tras meditar la petición de los sindicatos" para no crear más "caos". González Pons volvió a criticar al delegado del Gobierno, el socialista Antoni Bernabé, por reunirse con los agentes educativos, a los que transmitió un mensaje de tranquilidad ante "la incertidumbre" que genera el PP.

González Pons argumentó que el recurso contra el decreto que paraliza varios aspectos de la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación (LOCE), con la intención de sustituir esa ley por otra dentro de dos años, se presenta por considerar que el Ministerio de Educación no ha dado audiencia a la Generalitat para conocer su opinión; por la inseguridad jurídica creada con la modificación en los plazos de la aplicación de una ley en vísperas de su aplicación; por utilizar una norma de rango inferior (el decreto) para modificar otra de rango superior (una ley) y porque el decreto supone un "desapoderamiento" de los gobiernos autonómicos que ya han dictado normas y actos de aplicación de la ley.

El consejero dijo que el recurso no pide la paralización del decreto en atención a los sindicatos. "Me dijeron que si yo pedía la suspensión se podía producir una mayor situación de caos que la que intentamos evitar", dijo González Pons, que recurrió a un discurso autonomista para criticar la actuación del Gobierno socialista y de su delegado, Antoni Bernabé. González Pons aseguró que el decreto es "un acto de madrileñismo intolerable" y calificó de "intolerable" que el delegado del Gobierno pretenda "colocarse en la situación del consejero de Educación" reuniéndose con el mundo de la educación en la Comunidad Valenciana. "Me parece gravísimo para los que creemos en la autonomía, es un Gobierno Civil de los de antaño", sentenció.

Pese al enfado del consejero, la reunión de Bernabé con todos los sindicatos de la enseñanza pública -CC OO, STEPV, UGT, CSIF, ANPE-, los dos de privada, FSIE y USO, y las confederaciones de padres de alumnos laicas de las tres provincias -Gonzalo Anaya, Gabriel Miro y Penyagolosa- y la de padres católicos Concapa, sirvió, inicialmente para abrir "un diálogo" sobre el sistema educativo valenciano y recuperar cierto clima de "tranquilidad", que era el objetivo del delegado de Gobierno. "El objeto era abrir un espacio de diálogo y debate acerca del decreto de paralización de la aplicación de la LOCE", precisó Bernabé, pero "el fin primordial era trasmitir un mensaje de tranquilidad, frente a los mensajes de incertidumbre de algunos responsables de la Generalitat".

Los asistentes, en declaraciones a la prensa o a través de comunicados, mostraron su satisfacción y pidieron a Bernabé que sirva de interlocutor con el ministerio para transmitir que la mayoría de fuerzas educativas representativas desean que la nueva ley no se construya a base de parches. Reclamaron, por ello, un debate participativo que desemboque en un marco legal de larga duración.

Ordenación sanitaria

El pleno del Gobierno valenciano aprobó en su reunión de ayer el anteproyecto de ley de Salud Pública de la Comunidad Valenciana en el que se redefinen las competencias y se crea el Instituto Valenciano para la Acción en Salud Pública, la Agencia Valenciana de Seguridad Alimentaria y se da cobertura jurídica al futuro Centro Superior de Investigación en Salud Pública. Tras la reunión, el consejero de Sanidad, Vicente Rambla, también informó de la aprobación y puesta en funcionamiento de la Comisión de Consentimiento Informado, que serán los revisados de actualizar y adecuar los formularios que se ofrecen a los pacientes para obtener su conformidad antes de proceder a una operación.

El Ejecutivo valenciano también aprobó ayer una reforma de la Ley de Creación y Gestión de Áreas Metropolitanas para incluir seis municipios más en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos. El Consell también aprovechó ayer para regular la declaración de interés de la Copa del América-Valencia 2007 que permitirá agilizar actuaciones necesarias como, por ejemplo, expropiaciones.

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