Consumo revisará los contratos de agua, luz, teléfono y gas

La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, anunció ayer en el Congreso la revisión de las cláusulas de adhesión de los contratos de agua, luz, gas, telefonía fija y móvil y servicios bancarios. Se trata de sectores que acumulan hasta el 60% de las reclamaciones de los usuarios, dijo la titular de Consumo. Una de las imposiciones será que sea igual de fácil darse de alta que de baja, dijo Salgado.

En su primera comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso, Salgado criticó que la política de Consumo de los últimos años se había dedicado únicamente a trasponer directivas comunitarias. "Ello ha tenido como consecuencia que hoy nos encontramos con grandes carencias en materia de protección al consumidor en sectores estratégicos que afectan a la práctica totalidad de la población, como son los de vivienda, servicios financieros y empresas con precios regulados (telecomunicaciones, gas, electricidad y agua)", dijo la ministra.

Las empresas que dan estos servicios "en las que predominan contratos de adhesión [el consumidor no tiene capacidad de negociar nada, sino que firma unas condiciones pre-establecidas] mantienen respecto a los consumidores una relación de poder que exacerba la ya habitual asimetría en las relaciones entre empresas, profesionales y consumidores", añadió.

Entre las actuaciones que anunció Salgado figuran potenciar los códigos de buenas prácticas y los servicios de arbitraje. Este sistema, que evita el proceso judicial de una reclamación, ha crecido mucho, lo que "pone de relieve la confianza de los consumidores en el modelo", subrayó.

Falla el arbitraje

Pero su funcionamiento falla cuando enfrenta a consumidores con alguna de las grandes empresas suministradores de servicios, dijo la ministra. Ello se debe a que algunas empresas no se someten al criterio de la junta de arbitraje, o sólo están adscritas al sistema parcialmente. "Las reclamaciones no llegan a término porque la adhesión de estas empresas está excesivamente autolimitada por cláusulas que la propia empresa establece, bien por materias, bien -lo más habitual- por cuantía de reclamación mínima", explicó Salgado.

La ministra adelantó algunas maneras que tiene la Administración para actuar. una sería la revisión de los contratos. Otra, que toda empresa o profesional que preste servicios a un organismo oficial y cualquier otra de su grupo empresarial "estén adheridas sin limitación alguna al sistema arbitral de consumo".

También cabe la posibilidad, dijo la ministra, de que estar sujeto al sistema de arbitraje arbitraje dé puntos cuando una empresa concurse a un contrato público.

La ministra también anunció su intención de refundir en un único texto la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios y las normas de trasposición de las directivas comunitarias.