La Audiencia lleva siete meses sin sentencia del 'comando Barcelona'

La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional lleva más de siete meses sin dictar la sentencia del juicio, celebrado a mediados de octubre de 2003, contra los integrantes y presuntos colaboradores del comando Barcelona de ETA. El fiscal, Jesús Caballero, ha reclamado sin éxito, por escrito y en tres ocasiones, al tribunal que dicte la correspondiente resolución.

Fuentes jurídicas atribuyen el retraso en fallar la causa al ponente de la sentencia, Fernando García Nicolás, que es también el presidente de la Sección Segunda de lo Penal.

Otras fuentes precisan que este magistrado sufrió un aneurisma y estuvo de baja, pero tras reincorporarse redujo drásticamente su ritmo de trabajo. Así, recuerdan que la sentencia contra los etarras que intentaron matar al Rey en Mallorca, de la que García Nicolás fue ponente, se retrasó seis meses. Las sesiones del juicio concluyeron el 22 de enero de 1997 y no hubo sentencia hasta el 21 de julio de ese mismo año.

García Nicolás, a través del gabinete de prensa, afirmó que el asunto es complejo y que ha habido muchos señalamientos, pero que la sentencia estará lista esta semana.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el ponente tiene la obligación de proponer la sentencia que haya de someterse a discusión del tribunal y redactar el texto definitivo de la misma. Los magistrados deben reunirse inmediatamente después de celebrado el juicio o en el siguiente día, antes de las horas de despacho, para discutir y votar las cuestiones de hecho y de derecho que hayan sido objeto del juicio. La sentencia resultante, según el artículo 203, se redactará y firmará "dentro de los tres días siguientes al [día] en que se hubiese celebrado la vista del incidente o se hubiese terminado el juicio".

Decir si hay pruebas o no

Sin embargo, dada la complejidad de las vistas que se celebran en la Audiencia Nacional, el plazo para dictar sentencia suele prorrogarse. Así ha habido sentencias, como las de la Colza, la Operación Nécora o el caso Banesto, que se han demorado algunos meses. La complejidad, según fuentes de la Fiscalía, no puede ser excusa en este caso: simplemente hay que decir si hay pruebas suficientes para condenar o no, porque el relato de los hechos es claro.

Por ello el fiscal Jesús Caballero reclamó en tres ocasiones por escrito -la última el pasado 20 de abril- al tribunal que dicte sentencia. El pasado jueves, una oficial de Fiscalía con copia del último escrito volvió a insistir sin éxito alguno.

En octubre de 2003 fueron juzgados los tres liberados del comando Barcelona: Fernando García Jodra, Iñaki Krutxaga y Lierni Armendariz -ya condenados a más de 50 años por los asesinatos de Ernest Lluch y del guardia Juan Miguel Gervilla- junto a otros ocho presuntos colaboradores del grupo que no han sido condenados, alguno de los cuales está en prisión preventiva. La Fiscalía solicitó para los tres liberados 39 años de prisión para cada uno; 12 años por pertenencia a ETA, para Zigor Larredonda y Diego Sánchez Burria; 10 años, para Laura Riera, y 7 años para los cuatro restantes, por colaboración con banda armada.