Ajuste o privatización

La televisión pública española se ha comportado hasta el momento como una máquina de despilfarrar dinero de los contribuyentes, hasta acumular una deuda de 6.600 millones de euros, y de competir de forma impropia con las televisiones privadas en captación de publicidad. En términos de modelo, se ha convertido en un disparate: dinero público garantizado y, al mismo tiempo, una insana avidez por captar publicidad que, como consecuencia indeseada, ha sumergido sus contenidos en el magma de la telebasura.

En términos financieros, RTVE se ha alimentado del truco de los avales del Estado. Y como los avales del Estado no generan deuda o déficit a efectos contables, la política de financiación de los Gobiernos del PP se ha limitado a avalar sin tino y sin medida la deuda acumulada por el ente público. Que se sepa que, si bien los avales no se apuntan como déficit, la deuda debe pagarse, y los 1,1 billones de pesetas que debe RTVE son el déficit oculto más explícito de la historia, valga la contradicción aparente.

Durante la campaña electoral, Rodríguez Zapatero se comprometió a cambiar el modelo de la televisión pública según las recomendaciones de una comisión. Ahora, el secretario de Estado de Economía, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, acaba de sugerir la idea de que puede ser privatizada, al menos en parte. A pesar de las protestas de los sindicatos, que han puesto el grito en el cielo porque consideran que la privatización "no era el modelo del PSOE", lo cierto es que ambas propuestas no son excluyentes. Parece lógico suponer que las recomendaciones del comité de sabios dibujen los contenidos de una televisión pública y las líneas de relación institucional con el Gobierno. Cosa bien distinta es que el Gobierno decida que no puede seguir manteniendo dos canales públicos debido a su enorme coste económico.

No hay razón para excluir del debate la hipótesis de que la televisión pública pueda privatizarse, total o parcialmente. La privatización, de entrada, sería de difícil ejecución, debido al colosal endeudamiento de RTVE y a su desmedida plantilla (en torno a 9.000 empleados). Es una hipótesis extrema, pero no debiera excluirse. Y es más plausible definir un modelo económico-financiero y de contenidos que goce de acuerdo mayoritario en el Parlamento, no alarme a los sindicatos y acabe con la cultura inveterada del despilfarro. Ese modelo, que implicaría una contención drástica del gasto y nuevos métodos de gestión, quizá sea menos espectacular que una amplia privatización, pero también exigirá un coste elevado en empleos y salarios.