Los 200 puntales de la prisión

Doscientos puntales sostienen desde hace más de dos años las galerías de la cárcel de Pamplona para evitar posibles derrumbes. El "lamentable" estado de conservación del centro penitenciario, que tiene 103 años, ha sido denunciado dos veces en los últimos meses por los funcionarios de la prisión ante la Inspección de Trabajo. "Alcanzar el objetivo constitucional de la reinserción del recluso es sencillamente imposible en la prisión de Pamplona, tan vieja y en tan malas condiciones", señala un miembro de la Agrupación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), sindicato mayoritario en el sector.

El vetusto edificio, enclavado en el barrio de San Juan, en pleno centro de la ciudad y a escasos metros del Palacio de Justicia, es insostenible. Lo saben el Ministerio de Justicia y el Gobierno foral. El problema es que no se encuentran alternativas para construir un nuevo recinto que permita la reclusión de los penados en condiciones dignas. En los últimos 25 años, Instituciones Penitenciarias y el Ejecutivo autónomo han estudiado seis localizaciones, finalmente abortadas por distintas causas. El último intento para levantar una nueva cárcel, realizado en 2001 con la elección de un emplazamiento a unos veinte kilómetros al sur de Pamplona, junto a la sierra del Perdón, se frustró por la oposición de los vecinos de las poblaciones más cercanas, Guenduláin y Muruzábal. El centro estaba pensado para albergar a 400 internos y tenía un costo de 20,4 millones de euros. Desde entonces nada se ha sabido sobre otro posible emplazamiento.

El sindicato ACAIP acaba de denunciar que las galerías de celdas y servicios de la actual cárcel están sustentadas en puntales "ante el temor de posibles derrumbes". Según indican, la situación se prolonga desde hace más de dos años. Los trabajadores se reunieron recientemente con el director general de Justicia de Navarra, quien les transmitió su "enorme preocupación por el mal estado y pésimas condiciones de habitabilidad del centro".

Los funcionarios aseguran que la situación "pone en peligro la integridad física tanto de los trabajadores como de los internos". El pasado febrero presentaron dos denuncias ante la Inspección por el incumplimiento de la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Aunque la cárcel de Pamplona es de reducidas dimensiones y una de las prisiones españolas con menos reclusos (poco más de 200), ACAIP asegura que "la tasa de ocupación de internos del centro es actualmente preocupante", lo que, unido a las precarias condiciones del centro, está generando un aumento de la conflictividad y una reducción de los niveles de seguridad exigibles. El sindicato habla de agresiones a funcionarios y peleas entre internos "que ponen en peligro la convivencia ordenada" en la prisión.

El Colegio de Abogados de Pamplona también expresó meses atrás su preocupación por la situación de la cárcel. "El recinto no reúne ninguna de las condiciones que la Constitución reclama para el fin de la reinserción", asegura un representante sindical.

Alfredo González, jefe de gabinete del consejero navarro de Presidencia,Justicia, e Interior, Javier Caballero, asegura que el Gobierno foral "está trabajando" para localizar un emplazamiento alternativo, pero pide "máxima prudencia" al respecto para evitar que la ubicación se vuelva a frustrar.