La UE revisa hoy el pacto agrícola e intenta mejorar el resultado para España
El equipo de Elena Espinosa presiona ante Bruselas para que se atiendan sus demandas
España podría obtener hoy satisfacción a sus demandas sobre el aceite y el algodón en el seno de la Unión Europea. El Comité Especial de Agricultura, que se reúne en Bruselas para dar forma jurídica al frustrante acuerdo del pasado jueves, podría atender las demandas españolas si, como se espera, es receptivo no sólo a las presiones de Madrid, sino de la Comisión Europea, de la presidencia irlandesa y de algunos socios de la UE, que el jueves abandonaron Luxemburgo con un cierto mal sabor de boca al aprobar una reforma en contra del país más afectado por ella.
El Comité Especial de Agricultura es un grupo de trabajo técnico en el que participan los expertos de los 15 países de la Unión Europea y un interlocutor de la Comisión. Es posible que su reunión de esta mañana en Bruselas culmine con la mejor noticia que podría recibir hoy la nueva ministra de Agricultura, Elena Espinosa, que viaja a esa misma hora hacia Luxemburgo para asistir a otro consejo europeo.
España votó en contra del acuerdo del pasado jueves por estimar que desvincular de la producción el 65% de las ayudas dedicadas al algodón terminaría con el cultivo en Andalucía, lo que, de paso, le dejó sin opciones a los 20 millones de euros anuales adicionales que sus socios estaban dispuestos a otorgarle a España por su elevado volumen de producción de aceite de oliva.
Abandono de cultivos
Según las diversas fuentes consultadas, varios países, además de Irlanda y la Comisión Europea, estarían dispuestos a aumentar las ayudas al olivar español y, además, a garantizar la ficha financiera (casi 200 millones de euros anuales) española con una revisión del número de hectáreas cultivadas y, consecuentemente, una mayor ayuda por hectárea, lo que permitiría evitar el temido abandono del cultivo y, a la larga, un importante problema de desempleo.
El ambiente en la UE es ahora muy favorable a España. Los ministros de Francia, Portugal y Grecia, entre otros, muy afectados también por una reforma que a ellos sí les satisfizo, no vieron con buenos ojos el resultado logrado para su socio español. La presidencia irlandesa optó por la peor fórmula para recibir a un ministro nuevo, con reuniones y rondas restringidas en las que no pudo contar con ningún asesor o con un único consejero.
Después de 20 horas de negociaciones, la presidencia cerró el debate al contar con mayoría suficiente para aprobar el acuerdo sin tener en cuenta que éste no satisfacía al más afectado en el caso del aceite -España es el mayor productor europeo y uno de los más importantes del mundo- y uno de los más afectados también en el caso del algodón -sólo Grecia y España lo producen en Europa-.
Jurídicamente, tampoco quedó claro en un primer momento si los 20 millones ofrecidos para el olivar español debían, como se hizo, quedar suprimidos del acuerdo final sólo porque el conjunto de las reformas eran rechazadas por su beneficiario. El voto en contra de Suecia y Dinamarca sobre la reforma del tabaco no supuso ningún cambio en el acuerdo final obtenido, si bien es cierto que en este caso ninguno de los países tenía intereses productivos en dicho cultivo. Se opusieron porque querían que dejar de incentivar al 100% la producción del tabaco llegara antes de 2010, como finalmente se acordó.
Espinosa acudió a negociar a Luxemburgo el miércoles por la mañana bajo la presión de alcanzar un acuerdo ese mismo día o al siguiente (como así ocurrió) porque una vez que entren 10 nuevos países en la UE el 1 de mayo el acuerdo sería aún más difícil, si no imposible. Esa misma circunstancia que tanto perjudicó a los intereses españoles es aprovechada ahora por la diplomacia hispana para cancelar una reforma que no desea.
Los acuerdos políticos de los consejos de ministros de la UE deben ser posteriormente transformados en textos jurídicos que, luego, otro consejo de ministros (no necesariamente del mismo ramo) ratifica sin debate en lo que se llaman "puntos A". La baza española podría ser la de aplazar en lo posible el reglamento de modo que éste tuviera que ser ratificado por los 25 y no por lo 15 socios actuales, dejando el polémico acuerdo en agua de borrajas.
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