Mena afirma que una "convergencia" o "unión" de intereses desarmó a la fiscalía

La etapa de cambio político iniciada en Cataluña y que está a punto de empezar en España debería llegar también a la justicia para deshacer las reformas que hizo el Gobierno del PP. En esa idea coincidieron ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Guillem Vidal, y el fiscal jefe, José María Mena, quien recordó que la fiscalía fue "desarmada" porque hubo una "convergencia" o "unión" de intereses extrajudiciales.

El acto de toma de posesión de los 32 nuevos fiscales destinados en Cataluña superó los ribetes del protocolo y las palabras de Guillem Vidal y de José María Mena acabaron teniendo un profundo contenido político y judicial, como suele ocurrir en casos así. Si el tono de Mena fue duro, la intensidad aumentó cuando se refirió a la situación que vive actualmente el ministerio fiscal en Cataluña y en España. "Está desatendido, desbordado y desarmado", dijo. Y ese desarme, añadió, se produjo cuando se modificó el estatuto del ministerio fiscal el pasado mes de mayo, para impedir que los fiscales investiguen un caso durante más de seis meses y obligarles a comunicarlo a los afectados.

Según Mena, esa reforma prosperó por "una confluencia, unión o convergencia de ciertos intereses extrajurídicos que ha sido inteligentemente trenzada y lamentablemente asumida" por la Fiscalía General del Estado. Más allá de ese juego de palabras, el fiscal jefe no aludió a ningún partido político, pero el impulsor de la reforma del estatuto fiscal fue el entonces diputado de CiU Manuel Silva y su enmienda fue secundada por el PP cuando la ley pasó por el Senado. Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción, vinculó en su día la reforma a lo que consideró una coincidencia de interés entre los partidos que la secundaron y algunos financieros o cargos públicos que investigaba o había investigado la fiscalía. Los casos De la Rosa, Pallerols, Estevill, Turismo o Ercros son los ejemplos más ilustrativos.

"Un momento histórico"

"Vivimos un momento histórico", dijo Mena varias veces. "Y es ahora cuando debemos mostrar las insatisfacciones y expresar las esperanzas". Él lo hizo unos minutos antes, cuando arremetió contra las reformas legales que impulsó en la última legislatura el Gobierno del PP "con una técnica legislativa oportunista, precipitada y sopresiva, no madurada, contradictoria y, en su cantidad, sorpresiva".

La contundencia de las cifras la ofreció Guillem Vidal. El Código Penal, que en mayo cumplirá 10 años de aplicación, ha sido reformado en 16 ocasiones y se han modificado 196 de sus 639 artículos. Es decir, más del 30%. Un total de 20 artículos han sido alterados en dos ocasiones. La Ley de Enjuiciamiento Criminal también se ha cambiado siete veces en este tiempo, la Ley general Penitenciaria en tres y la Ley del Menor, dos. "Hemos terminado una etapa legiferante, legiferoz, me atrevería a decir", apostilló Vidal.

Más adelante aseguró que esa "legislación motorizada ha creado un marco normativo cambiante y camaleónico" que provoca inseguridad jurídica en fiscales, abogados y jueces. Por ese motivo, afirmó que espera de las nuevas Cortes "un marco legislativo más social, más estable y más seguro". Mena coincidió con Vidal y reclamó al nuevo Parlamento que las leyes que hizo el PP "se enmienden y se desanden con sosiego" para evitar "que sea peor el remedio que la enfermedad".