Déficit democrático

A pesar de que hace casi 30 años que murió el dictador Francisco Franco, seguimos siendo un país con escasa tradición democrática, como se viene viendo estas dos últimas semanas, en las que los sectores ultramontanos del PP tratan de descalificar el resultado de las elecciones del pasado 14 de marzo con los argumentos más pintorescos.

Es esa escasa tradición democrática la que ha hecho imposible la independencia informativa de los medios de comunicación públicos, que han funcionado para todos los efectos como si fueran medios al servicio del partido que esté en el poder. Eso ha sucedido en RTVE y también en las autonómicas, con escasas excepciones que, además, han sido efímeras.

Este control se ha hecho sin escrúpulos o, al menos, sin disimulo. RTVE ha llegado a estar en manos de dirigentes del PP, a lo que el PSOE ha respondido haciendo lo mismo en los ámbitos en los que tiene poder: la catalana TV3 es dirigida por un ex ministro socialista y la RTVA depende de una persona que con anterioridad fue portavoz del Gobierno andaluz y que además tiene la fea costumbre de despachar con insultos e insidias todas las críticas.

Zapatero prometió durante la campaña electoral acabar con este tipo de situaciones y encargar a un comité de sabios la reforma de la RTVE, reforma que -según ha dicho Zapatero y aceptado Chaves- regiría en todas las televisiones públicas. Los miembros del comité cuyos nombres se conocen son prestigiosos y naturalmente sabios, pero quizá convendría comenzar releyéndose la legislación actual. Las bases de lo que hay que hacer están ya en el artículo cuarto del Estatuto de la RTV, el capítulo 1 de la Ley de creación de la RTVA o la Ley de televisiones privadas, que las considera -quién lo diría- un servicio público. Ahora se trata de crear los mecanismos para asegurar el cumplimiento de unos principios que siguen siendo válidos aunque no hayan sido respetados.

La repetición de la promesa -no cumplida en la legislatura anterior- de crear en Andalucía un Consejo del Audiovisual que controle la radiotelevisión es -sigue siendo- una esperanza. Ahora se trataría, simplemente, de aplicar para el nombramiento de director general los mismos criterios que regirían la formación del Consejo: elección parlamentaria por mayoría cualificada que obligue a pactar el nombramiento y plazos para el mandato que no coincidan con la legislatura.

También sería de desear que los cargos internos -especialmente los que tienen que ver con los informativos o los servicios de relaciones públicas- sean nombrados eligiendo entre el personal de plantilla -cuya profesionalidad está suficientemente demostrada a pesar de las limitaciones políticas que sufren- en lugar de echar mano de gente que lo único que ha demostrado en su vida es su docilidad frente al poder, que es una virtud muy poco periodística, dicho sea de paso.

La auténtica democratización de los medios públicos -así como la exigencia a los privados de que den servicio público- es una operación que sólo exige voluntad política. No se puede excusar falta de recursos. El balance que se haga dentro de cuatro años nos dará en buena parte la medida de si se han cumplido o no los sueños de muchos votantes.