Otro tripartito

Ignora el votante, porque no es adivino, si el resultado de los comicios del próximo domingo cambiará el pelaje y la costumbre de nuestra clase dirigente, o si sólo cambiará el pelaje, o si serán otros los usos y costumbres, por ejemplo, en materia de urbanismo y especulación, con independencia de los resultados electorales. La fiebre desarrollista en las filas conservadoras del Partido Popular no deja un resquicio de esperanza respecto al alocado hormigón. Aunque en el ámbito del cemento no están solos. Les sobran aliados y socios en el gobierno del cemento, y gobiernan mediante la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de la Generalitat Valenciana, la LRAU de dudosa utilidad para el conjunto de la ciudadanía, y de menos utilidad todavía para la geografía valenciana.

Por las comarcas norteñas, un colectivo de centenares de ciudadanos ya promovió hace unos meses la plataforma cívica Abusos Urbanísticos No. Una plataforma, cuyas quejas y querellas han llegado ya hasta el Parlamento Europeo, que pone en tela de juicio la ley de marras, lo mismo que la han puesto en tela de juicio varias sentencias del Tribunal Supremo. Pero Alcossebre, Borriana u Oropesa, por el norte, no son las únicas poblaciones costeras donde la ley crujió; en las comarcas sureñas no parece que vaya ese texto legal mejor. El cabeza de lista del Bloc-Esquerra Verda por la circunscripción de Alicante indicaba esta semana pasada que hay que modificar esa ley que "funciona en exclusivo beneficio de promotores y urbanizadores, al facilitar la sobreexplotación del suelo y la feroz especulación". También desde el sur valenciano se enviaron miles de firmas al Parlamento Europeo, lamentando los abusos urbanísticos. Unos abusos urbanísticos constituidos en desgraciados vertebradores de la realidad valenciana. Y han sido también las gentes del Bloc-Esquerra Verda quienes, en Oropesa, han dado a conocer la querella que un grupo de vecinos ha presentado contra el alcalde del PP, contra su antecesor en el cargo -el independiente y dependiente del cemento, Francisco Garrido-, y contra el ex concejal de Urbanismo y portavoz socialista en el consistorio local. El tripartito del hormigón, así califica el Bloc a quienes señala envueltos en temas de prevaricación administrativa y anomalías en este o aquel complejo residencial. Tripartito, éste y otros similares, de los que no se habla o se discute en campaña electoral. Tripartitos que no son anatematizados por el recalcitrante conservadurismo como se anatematiza el tripartito de allende el Ebro.

Pero, en ocasiones, la anomalía o el dislate se realiza en solitario y con mayoría absoluta. En La Vall d'Alba, cerca de la costa aunque no en la costa, feudo del PP y de las inversiones clientelistas del PP, el consistorio conservador y la urbanizadora de la zona industrial, montan un tiberio con la compra y venta de los terrenos, de tales dimensiones, que una sentencia judicial acaba por indicar que se han de pagar 27 euros donde antes se pagaban tres con comisión incluida para el ayuntamiento. Un galimatías mercantil, lleno de irregularidades, donde no se acaba bien de distinguir quién es el político del ayuntamiento y quién el hombre de negocios interesado en los terrenos.

Y la lista del disparate urbanístico se alarga por aquí y se estrecha por allá, aunque siempre está omnipresente en mayor o menor medida. Poco importa, mientras el conservadurismo y sus tripartitos tengan la cortina de Carod-Rovira para ocultar el verdadero espectáculo.