Una organización incómoda

"El día que saquemos un tirachinas, nos tendremos que exiliar". Diego Cañamero, secretario general del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), resume de esta manera, tan explícita como contundente, el sentir de los afiliados de esa organización ante lo que consideran una campaña de "persecución y atropello" por parte del Gobierno de la nación, del PP.

Multas por importe superior a los 60.000 euros y varios juicios pendientes por parte de sus dirigentes más notables son algunas de las consecuencias de las movilizaciones que este sindicato ha abanderado en los últimos meses en el campo andaluz.

Lejos de intimidarse, los activos sindicalistas advierten de que no van a cesar en su lucha a favor del movimiento agrario. De momento, el SOC reivindica su hegemonía en el campo andaluz y ya ha recogido más de 45.000 firmas para exigir su presencia en la negociación colectiva.

El SOC ha recogido 45.000 firmas para exigir su presencia en la negociación colectiva

El líder del SOC, Diego Cañamero, tendrá que comparecer el 2 de abril en un juicio por el que se pide para él cinco años de prisión y 24.000 euros de multa por su implicación en la huelga por el convenio del campo en la provincia de Sevilla en el año 2001. Además, tiene pendiente otra vista, por la que el fiscal le pide un año y tres meses de prisión por la ocupación de la finca El Algarabejo, en Utrera (Sevilla).

Pero Cañamero no es el único responsable del SOC que tiene causas pendientes con la Justicia. El secretario provincial del SOC en Jaén, Andrés Bódalo, junto con el alcalde de Jódar, José Luis Angulo (también un conocido activista del SOC), y el coordinador de IU en Jaén, José Cabrero, están llamados a otro juicio por la ocupación de la finca La Peñuela el pasado verano, una tierra que venían ocupando de forma simbólica desde hace cuatro años sin mayores consecuencias.

Bódalo recuerda el consentimiento que siempre ha dado el propietario de la finca, el marqués de Medinilla, por lo que se extraña de que ahora se les pida una multa de 18.000 euros por el presunto robo de 15.000 kilos de trigo que ellos niegan.

El alcalde de Jódar y el líder provincial del SOC se encuentran también imputados por un juez de Úbeda, junto a otros cuatro sindicalistas, por un presunto delito de coacciones, daños y vulneración del derecho de los trabajadores durante la huelga general del 20 de junio de 2002 contra el decretazo aprobado por el Gobierno de la nación. A uno de ellos se le pide incluso un año de cárcel y 15.000 euros de multa.

Numerosas han sido también las sanciones por los cortes de carretera protagonizados en las movilizaciones contra el decretazo. Varios miembros del SOC han tenido que abonar los 90 euros de multa que se les impusieron por su participación en el corte de la carretera Úbeda-Iznalloz durante la pasada campaña de aceituna y otros tres tienen multas pendientes de 300 euros por otro corte similar en la autovía Jaén-Granada.

Diego Cañamero justifica la supuesta persecución en que "a los demás no se les sanciona por movilizaciones similares". Cita, a modo de ejemplo, las recientes protestas de los Astilleros.

Cañamero considera que, al Ejecutivo central, al igual que a los grandes terratenientes del país, les resulta incómodo un sindicato que lucha por los más desfavorecidos del campo. "Prefieren tener sindicatos domesticados y dóciles", subraya el líder del SOC.

Por su parte, Andrés Bódalo, líder de este sindicato en Jaén, ve el "acoso" del Gobierno de la nación en las "instrucciones" que reciben los agentes de la Guardia Civil para vigilar sus actuaciones y en el "silencio" que han obtenido del subdelegado del Gobierno en Jaén, Francisco López Pastor, a los numerosos recursos y alegaciones que han presentado.

Sin embargo, el Gobierno central acusa al SOC de radicalizar sus protestas y participar en movilizaciones no autorizadas, cortes de carretera o piquetes de la huelga general. La Subdelegación del Gobierno en Sevilla justificó los expedientes abiertos por las concentraciones ante la sede regional del PP en Sevilla, con propuestas de multas de 300 euros, en base a los "graves incidentes" y añadió que "se lanzaron objetos contundentes con importante alteración del orden público y peligro para las personas y bienes, quedando acreditado que se produjeron daños importantes en la sede del PP".

Al SOC no le es ajeno el debate electoral, pero sí los grandes temas de discusión de los principales partidos políticos. "Se habla mucho de la OCM del olivar, pero no de la dignidad de la mano de obra. No se puede vender aceite con explotación laboral", asegura Cañamero, quien reclama a la Administración la reforma de la ley laboral para obligar a los empresarios que contraten inmigrantes en las distintas campañas agrícolas a garantizar su alojamiento.

De momento, el SOC ha recibido el apoyo del Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, en su propuesta de crear un servicio de protección al inmigrante para vigilar los "abusos" de los empresarios.