Columna
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El poder de los partidos

A bastantes ciudadanos les gustaría ver a los parlamentarios de un partido político rompiendo la férrea disciplina partidista y votando los proyectos de ley según su personal criterio. Eso sucede, por ejemplo, en Gran Bretaña, donde muchos diputados laboristas han puesto en ocasiones contra las cuerdas a su líder, Toni Blair, al propinarle un voto de castigo.

Claro que el británico es un sistema electoral distinto del nuestro, con circunscripciones a veces minúsculas en las que los electores conocen casi personalmente a quienes aspiran a representarlos en el Parlamento. Aquí, como en la mayoría de países con sistema electoral de tipo proporcional, los candidatos van apelotonados en unas listas en las que los votantes, con un poco de fortuna, apenas si han oído hablar de aquél que las encabeza. Por ello, los diputados se convierten en esos "profesionales de apretar el botón de las votaciones", como los definió no hace mucho Felipe González para justificar su desenganche de esas listas.

No es de extrañar, entonces, la disciplina manu militari de unos diputados elegidos con inevitable desconocimiento de que quienes les votaron y que "si se mueven no salen en la foto", en feliz metáfora del decano de todos ellos, Alfonso Guerra. De ahí, también, el poder de los partidos políticos, esa especie de partitocracia en que se han convertido la mayoría de las democracias occidentales (evidente pleonasmo, ya que fuera de lo que entendemos por Occidente ni hay democracia ni nada que se le parezca).

Sólo en pequeños ámbitos territoriales, como los municipios, los políticos son elegidos por sí mismos, al margen de las siglas bajo las que se cobijan. Así, durante muchos mandatos repitió como alcalde de Sabadell el comunista Antoni Farrés, cuando su partido el PSUC, andaba ya de capa caída en Cataluña. ¡Y qué decir del socialista gallego Paco Vázquez, al que votan coruñeses de todas las ideologías! A veces, esa identificación de los electores con su munícipe no es necesariamente para bien. Ahí tenemos, si no, al alcalde de Toques, Jesús Ares, condenado por abusos a una menor y al que una gran parte de sus vecinos defiende numantinamente.

Sin ir tan lejos, aquí ha ejercido durante muchos años como alcalde de Pego Carlos Pascual, en contra de todos los partidos tradicionales. Sólo ha perdido la alcaldía en las últimas elecciones, quedando con ocho concejales frente a los nueve de todos los demás partidos juntos. Su posterior condena por delito ecológico ilustra mejor que cualquier otra cosa cómo ese hombre ha regido los destinos de su ayuntamiento poniéndose la ley por montera.

Salvo a escala municipal, en la que la personalidad del candidato resulta determinante, los políticos son, de hecho, instrumentos en manos de sus respectivos partidos. Hasta en el mismo Reino Unido, que decíamos antes. Sus grandes dirigentes, como Margareth Thatcher o John Major, del partido tory, o Michael Foot o Neil Kinnock, del laborista, han sido defenestrados por sus propios partidarios, al margen de que hubieran perdido o no unas elecciones.

En nuestra historia democrática sobran los ejemplos de todos los colores. Su política personalista les costó el cargo a los socialistas andaluces Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla. El enfrentamiento con Xabier Arzalluz provocó que el lehendakari Carlos Garaikoetxea fuese sustituido por José Antonio Ardanza. También en el Partido Popular existe el precedente de Jesús Posada no repitiendo mandato en Castilla y León, en beneficio de la candidatura de Juan José Lucas. Más traumático fue el caso del presidente de Asturias Sergio Marqués, que quiso infructuosamente alargar su vida política al frente de un improvisado partido regionalista.

Este somero recorrido viene a cuenta de las falsas expectativas creadas por algunos en la Comunidad Valenciana para después del 14 de marzo. Confundiendo sus deseos con la realidad, esos sedicentes politólogos vaticinan un gobierno de Francisco Camps cada vez más autónomo respecto al partido que lo aupó a la Generalitat. Eso supone no sólo desconocer la realidad objetiva sino también el perfil político de nuestro presidente autonómico, militante disciplinado y leal, según he podido apreciar en mis escasos contactos profesionales con él.

Una cosa es que el poder deba ejercerse con autoridad, personalidad y carácter, como es el caso que nos ocupa, y otra muy distinta el distanciamiento, cuando no la oposición, entre cualquier cargo representativo y el partido que lo sustenta. Esa filosofía no sólo ha resultado perjudicial para sus practicantes, sino sobre todo para los ciudadanos, que somos quienes al fin y a la postre mantenemos en pie todo este tinglado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 19 de febrero de 2004.