El 'Proof Spirit' va a juicio seis años después del accidente que costó 18 muertos

Han pasado más de seis años desde que el buque Proof Spirit se convirtiera en un horno y una explosión de hidrocarburo acabara con la vida de 18 operarios atrapados en una ratonera cuando la construcción del barco estaba en su fase final en el puerto de Valencia. Ramón Garzó Tarazona, responsable de seguridad de Unión Naval; Jesús María Ortuoste Soraluce, director de contratas; y José Molla Escrich, ayudante del anterior, serán quienes en breve se sienten en el banquillo de los acusados en un juzgado de Lo Penal de Valencia como responsables de la muerte de 18 trabajadores el 3 de julio de 1997.

Tras los recursos presentados ante la Audiencia de Valencia contra el auto de conclusión de la investigación -que presentaron tanto las dos defensas de los tres imputados como la representación del comité de empresa de Unión Naval de Levante- el titular del juzgado de instrucción número nueve ha dictado el auto que ha permitido que la causa esté ya en registro del decanato para que le sea asignado en reparto el juzgado que deberá determinar en vista oral la responsabilidad criminal de los tres directivos.

El fiscal, Jaime Cussac, solicita cuatro años de cárcel para los tres imputados por los 18 homicidios consecuencia de una imprudencia grave. El representante de la acusación pública aplica lo que se conoce como normas de concurso para fijar la pena; lo que se traduce en que hubo una única acción que desembocó en 18 muertes, por lo que no suma el castigo por cada homicidio para fijar la condena. Además, solicita seis años de inhabilitación especial para cualquier actividad de la construcción naval para cada uno de los imputados. El comité de empresa de Unión Naval de Levante varía en poco su petición y las defensas de los acusados solicitan la libre absolución porque niegan cualquier responsabilidad en los hechos.