11.300 familias exigen sus casas en el PAU de Carabanchel tras cinco años de espera

Mañana tomarán el ensanche (PAU) de Carabanchel sus futuros vecinos para exigir que se les entregue "de una vez por todas" sus viviendas. La entrega de muchas de ellas lleva acumulada cinco años de retraso. Denuncian, además, el cobro de sobreprecios en viviendas de protección oficial, cuyo valor tope fija la Comunidad de Madrid y es siempre más bajo que el del mercado.

Nadie vive aún en el nuevo barrio, que fue proyectado en 1995 para albergar en 11.350 casas a otras tantas familias (unas 30.000 personas). Más de 2.000 viviendas de una de las unidades de ejecución -hay tres- ya están acabadas, pero el Consistorio no da la licencia de habitabilidad porque está sin urbanizar del todo la zona (faltan viales, alumbrado y alcantarillado).

Los afectados acusan a Manuel Dapena, presidente de la Junta de Compensación, organismo que debe acometer estas obras, de retrasarlas a propósito para conseguir que los vecinos paguen más por sus viviendas.

Pero Dapena, cuya empresa, Caisa, posee el 60% de los 1.335 pisos a construir en un sector del nuevo barrio, acusa a su vez a la Gerencia Municipal de Urbanismo de mala gestión.

Además, las zonas verdes del ensanche han quedado sensiblemente reducidas por las nuevas construcciones de la M-45 y R-5 y por las que se reflejan en el proyecto de ampliación de la M-40. Estos parques tenían que servir de barrera acústica entre las viviendas y las carreteras, que producen ya un ruido muy superior al que establece la ley.

Este nuevo barrio de Madrid será el único al que no llegará el metro. La ampliación de la línea 1 se quedará a unos dos kilómetros de distancia, tan lejos como está ahora la estación más cercana: Pan Bendito.