Apuesta por el modelo europeo de bienestar
Hace unos días presenté en el Círculo de Bellas Artes de Madrid un libro, editado por Bancaja, que se titula Una Apuesta por el Modelo Europeo de Bienestar y que en los próximos días espero presentar en Valencia.
Lo que he querido decir con este título es que el Estado de Bienestar no está en cuestión, aunque los socialistas piensen lo contrario. Cuando en 1994 Pedro Solbes, a la sazón ministro de Economía, declaró que la Seguridad Social española entraría en quiebra en el año 2016, escribí que no cabía hablar de quiebra de la Seguridad Social por el simple hecho de que las cotizaciones no alcanzasen a cubrir las prestaciones prometidas, como no cabe hablar de quiebra de la Universidad porque las tasas académicas no alcancen a cubrir sus gastos.
Por eso, no se trata ahora de discutir si el modelo de bienestar es o no viable, sino, más bien, de reforzar sus cimientos, de "traducir los resultados económicos alcanzados en políticas sociales cada vez más avanzadas" (Muller Armack). Para eso es condición sine qua non conocer los desafíos a los que nos enfrentamos, porque no se puede "proceder a la transformación de la vida pública sin un repertorio de ideas con las que enfrentar la existencia nacional en todos sus órdenes" (Ortega y Gasset).
El diagnóstico de cómo va a evolucionar la realidad de la Unión Europea (a 15) en los próximos años agota la primera parte de mi libro. Señalo, en primer lugar, que la población mundial crecerá mucho más en los países pobres que en los países ricos, lo que supone que nos enfrentaremos a una mayor competencia de los bienes producidos en los países emergentes, a un desplazamiento de muchas empresas a países con mano de obra barata y a migraciones masivas desde los países más pobres hacia la UE. Para dar una idea de hasta qué punto crecerá la tentación migratoria baste señalar que la edad media en Marruecos es de 23 años y que su renta per cápita es 20 veces inferior a la de la UE. Pero es aún más estremecedor constatar que habría que crear 40 millones de empleos en los próximos 10 años en los países de la ribera sur del Mediterráneo, sólo para mantener su ínfimo nivel de ocupación actual.
En segundo lugar, subrayo que la población de la UE crecerá muy lentamente hasta el año 2023, año en el que empezará a decrecer a pesar del empuje de la inmigración. Esta anemia demográfica se traducirá en una contracción generalizada de la mano de obra a partir del año 2010, al mismo tiempo que aumentará la población jubilada. Eso quiere decir que, si a día de hoy hay cuatro personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 años, en el año 2025 sólo habrá 2,77 y en el 2050 tan sólo 2,04. Concluyo esta parte del libro señalando que los gastos derivados del envejecimiento absorberán dentro de 50 años casi 6 puntos más del PIB que hoy día.
En la segunda parte intento explicar que la UE supone un corsé muy estrecho para las políticas nacionales, porque cualquier subida de las cotizaciones sociales se traduce en un mercado sin fronteras en pérdidas de competitividad y en un aumento del desempleo. Para poder cumplir con holgura las obligaciones derivadas del Pacto de Estabilidad, sería conveniente empezar a tener en cuenta las obligaciones derivadas del envejecimiento a la hora de definir lo que se entiende por equilibrio presupuestario y, además, seguir reduciendo la deuda pública para liberar recursos con los que hacerlas frente. Puesto que la creación de empleo es clave para sostener el estado de bienestar, postulo que se utilice, en otro orden de cosas, la tasa de ocupación como criterio complementario al de la renta por habitante para acceder a los fondos estructurales, lo que por otra parte nos vendría muy bien a los valencianos.
¿Dónde encontrar los recursos financieros necesarios para hacer frente al aumento de los gastos sociales? Poco se puede esperar del impuesto sobre la renta porque mientras subsistan desigualdades importantes entre los países, el que quiera dar la nota corre el riesgo de ahuyentar el ahorro y entrar en el Libro Guinness de los Records exhibiendo el tipo más progresivo del mundo con la menor recaudación. Tampoco se puede esperar demasiado del impuesto sobre sociedades, porque el que quiera distinguirse asistirá a una emigración masiva de empresas. No es opción mejor el impuesto sobre la energía, porque colocaría en una mala posición a las industrias europeas respecto a las de terceros países -mucho menos preocupados por cuestiones ecológicas- y, a la postre, aumentaría el desempleo, como bien saben, entre otros, los azulejeros de Castellón.
Para finalizar, propongo un programa para la acción con las siguientes medidas: políticas de natalidad y conciliación de la vida familiar y laboral; control de la inmigración; retraso de la edad de jubilación; políticas activas de empleo para los grupos con baja tasa de actividad (mujeres, jóvenes, mayores de 55 años); mejora de la productividad dedicando más recursos a la inversión y a la educación; reducción de la deuda pública; reforma de los mercados en línea con la estrategia de Lisboa y potenciación de los fondos de pensiones privados como complemento -nunca como sustitutivos- del sistema público de pensiones. En el terreno estrictamente fiscal, postulo la armonización de los impuestos directos para dar mayores márgenes de maniobra a los países miembros sin riesgo de elusión fiscal. Y, mientras esto no sea posible, propongo recurrir al Impuesto sobre el Valor Añadido para financiar los nuevos gastos sociales, en lugar de confiar en el impuesto sobre sociedades, ya que penaliza las inversiones, la eficiencia empresarial y las exportaciones, en vez de aumentar las cotizaciones sociales, porque constituyen un auténtico impuesto al empleo.
José Manuel García-Margallo es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios.
