Terra Mítica y su anillo costarán 100 millones de euros frente a los 17,9 que pagó el Consell

El Consell, a través de la extinta Sociedad Pública Parque Temático de Alicante -ahora Sociedad Pública Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana- pagó 17,6 millones de euros en 1999 por los 10 millones de metros cuadrados que ocupan el parque temático Terra Mítica y los complejos lúdicos y hoteleros de su entorno. Cinco años más tarde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en cuatro sentencias, prácticamente ha quintuplicado el valor de las expropiaciones, que finalmente rozarán los 100 millones de euros, porque no todos los recursos están resueltos.

Según la Abogacía del Estado aún quedan más recursos pendientes

Los cuatro fallos que hasta ahora y desde noviembre ha dictado la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ tienen el mismo fondo. El Consell pagó el terreno expropiado como suelo forestal, sin considerar que el uso que iba a darle debía de alguna manera estar incluido en la valoración. No lo hizo y los recursos de varios propietarios de grandes extensiones que impugnaron el justiprecio fijado por la Administración se han visto satisfechos: el alto tribunal considera que se trataba de suelo urbanizable.

El sobrecoste, aproximadamente 85,4 millones de euros, lo tendrá que asumir la hacienda pública valenciana, si el Tribunal Supremo valida los argumentos jurídicos del TSJ, y jurisprudencia en ese sentido ya existe.

Y cuando todavía no se ha resuelto el conflicto entre los propietarios de parcelas en Finestrat y Benidorm afectados por la oferta de ocio creada alrededor de Terra Mítica, y la Justicia se ha pronunciado sobre la irregularidad de la aritmética aplicada por la Generalitat, otros frentes se adivinan con igual destino contencioso. El Consell se enfrenta a una situación similar en los casos de las expropiaciones realizadas para la ejecución de los proyectos de la Ciudad del Cine, en Alicante, y del aeropuerto de Castellón.

La Sociedad Parque Temático de Alicante, en función del Plan de Usos e Infraestructuras elaborado por el ex director general de Urbanismo, Fernando Modrego (después consejero de Medio ambiente y ahora diputado), calificó como suelo rústico los 10 millones de metros cuadrados, entre los términos de Benidorm y Finestrat, expropiados para construir el parque temático y demás complejos lúdicos y hoteleros.

El Jurado Provincial de Expropiaciones Forzosas de Alicante fijó el global de las indemnizaciones a los propietarios en 17,6 millones de euros, que abonó el ente público. El 70% de los propietarios se conformó con la valoración, pero el resto no, y acudió a los tribunales, según dicha sociedad.

El TSJ rechazó la primera demanda interpuesta en ese sentido. Sin embargo, en junio de 2003, el alto tribunal en base a la jurisprudencia de su homónimo catalán, en relación a demandas similares con ocasión de las expropiaciones para la ejecución del proyecto del parque Port Aventura (Salou), giró el signo del fallo. El TSJ dictó una primera sentencia que multiplicaba por nueve (de 4,8 a 36 millones) el valor de una expropiación en el entorno de Terra Mítica.

Los demandantes sostenían que la Generalitat valoró sus terrenos en función de su calificación como suelo forestal, pero que, posteriormente, los recalificó como suelo urbanizable, lo que les permitió actuar para la obtención de un beneficio del que se vieron privados los iniciales propietarios, que por otra parte perdieron las tierras porque se entendía que el proyecto revertía en el interés general. El TSJ aceptó el "carácter urbanístico de la expropiación" y, por ende, que la Generalitat no abonó a los propietarios el valor real del terreno expropiado.

El TSJ mantuvo esta misma posición en tres sentencias posteriores, que, en global, elevan el sobrecoste a 73 millones de euros. El tribunal, en el último fallo, ha fijado un precio unitario de 20,73 euros el valor del metro cuadrado expropiado en el entorno de Terra Mítica.

Según datos facilitados por fuentes oficiales del Consell el TSJ todavía tiene que pronunciarse sobre una última reclamación que afecta 1,5 millones de metros cuadrados. Si el tribunal no varía su posición, el Consell tendrá que pagar finalmente por ese suelo unos 30 millones de euros. Una simple operación aritmética eleva a 103 el precio final de los terrenos expropiados, es decir, 85, 5 millones más de lo pagado en 1999. Sin embargo, la Abogacía del Estado asegura que son más los recursos que aún quedan pendientes de ser vistos por el tribunal. Las secciones primera, segunda y tercera del TSJ no facilitaron el viernes datos concretos porque el sistema informático, informaron fuentes de la institución,

La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana discrepa de las sentencias del TSJ y ha presentado los correspondientes recursos ante el Tribunal Supremo. Entiende que "de acuerdo a la legislación vigente, el justiprecio de la parcela debe establecerse, tal y como lo fijó el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, conforme a la naturaleza del suelo en el momento de iniciarse el proceso de expropiación, sin atender a otras consideraciones".

El mismo criterio mantiene el ex director general de Urbanismo: "El proceso de expropiación fue modélico y todos los informes técnicos y jurídicos favorables", comenta Modrego. "La prueba está en que el 70% de los propietarios expresaron su conformidad con el precio fijado por el tribunal de Justiprecio", añadió. El ex alto cargo del Gobierno valenciano declinó valorar las últimas sentencias del TSJ, "en todo caso la vía judicial todavía no está agotada", matizó.