Un diputada de IU acusa al Gobierno de impedirle entrar a un reformatorio

La portavoz de Asuntos Sociales de Izquierda Unida en el Parlamento autonómico, Caridad García, denuncia que el Gobierno regional, del PP, le impidió ayer entrar al reformatorio Altamira (San Blas), donde pensaba reunirse con los trabajadores de este centro semiabierto para menores autores de delitos, que permanecen encerrados desde el pasado viernes en demanda de mejoras en sus condiciones de trabajo. El grupo parlamentario de IU tiene previsto presentar una queja ante la Comunidad por este hecho, según informa Europa Press.

García explicó que en un principio había acordado reunirse con una delegación de los trabajadores de los reformatorios públicos madrileños en la propia sede parlamentaria. Pero accedió a cambiar el lugar del encuentro para conocer también la opinión de los encerrados de Altamira, que están siendo secundados en su protesta por sus compañeros de otros dos centros de gestión pública, Renasco y El Madroño, ambos en Carabanchel.

Sin embargo, cuando la diputada pidió autorización telefónica para entrar a Altamira, las autoridades del centro se la denegaron "con el argumento de que la solicitud no se había realizado con la suficiente antelación y que era necesario el permiso del gerente del Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF)", según señaló la propia diputada.

Portavoces del IMMF, cuyo gerente, Juan José García Ferrer, asumió el cargo el 19 de diciembre, insisten en que la diputada de IU "puede reunirse siempre que desee con los trabajadores de los centros de reforma, pero pidiéndolo por adelantado, porque así lo exigen las normas de estos recintos".

"Falta de recursos"

Durante el encuentro, que finalmente se desarrolló en la Asamblea de Madrid, los trabajadores trasladaron a García "las deficiencias" de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. La diputada considera que el Gobierno del PP "se ha mostrado incapaz de aplicar dicha ley en los centros de su competencia". Criticó la "falta de recursos humanos" y "la incapacidad" para desarrollar los programas educativos que "permitan la incorporación de los internos a la sociedad".

Los trabajadores de Altamira, Renasco y El Madroño denuncian la "saturación" que padecen estos recintos destinados a menores autores de delitos graves (sobre todo robos con violencia). Así, en El Madroño hay 17 internos cuando sólo caben 15; en Altamira hay 22, frente a los 20 previstos, y el Renasco, con 19 plazas, tiene 22 chicos.

Además de estas 54 plazas en reformatorios de gestión pública en Madrid hay otro centenar en seis centros regentados por empresas privadas. Pero todas ellas se han quedado cortas. Entre los planes para paliar esta falta de capacidad está la ampliación de uno de los centros ya existentes, el de El Pinar (Fuencarral), y la construcción de otro, de alta seguridad, en Valdemoro.