Gallardón denuncia el convenio con el Canal y exige a Aguirre que lo cambie

El Ayuntamiento de Madrid denunció el pasado noviembre, y tras su aprobación por el pleno municipal, el convenio que le une al Canal de Isabel II desde 1997. Este convenio firmado en su momento por Antonio Beteta, ex consejero de Alberto Ruiz-Gallardón y ex presidente del Canal, y José María Álvarez del Manzano, ex alcalde de Madrid, no convence al actual regidor, Ruiz-Gallardón, ahora que ha dejado de ser presidente.

El convenio establecía, a grandes rasgos, que el Ayuntamiento depuraría las aguas residuales de la ciudad y que el Canal les cobraría ese servicio a los ciudadanos para luego ingresárselo al Consistorio, menos un 1,5% por gastos de gestión. Después el Ayuntamiento le pagaría al Canal el agua que consumiese. La empresa de abastecimiento, a su vez, abonaría al Ayuntamiento tasas por obras cada vez que abriera una cata.

Pero Ruiz-Gallardón considera en 2004 que es necesario modificar "la atribución de las cargas financieras" de ambas administraciones [el Canal y el Ayuntamiento], por lo que hay que "reconsiderar los acuerdos financieros establecidos en su día con el Canal de Isabel II", se lee en un documento oficial.

El Gobierno de Esperanza Aguirre, máximo responsable del Canal de Isabel II, y que está estudiando paralizar una de las principales obras del anterior Ejecutivo de Ruiz-Gallardón, el teatro del Canal, se encuentra muy molesto por la denuncia del convenio por parte del alcalde. "Cuando Ruiz-Gallardón era presidente de la Comunidad, el convenio le valía. Ahora, como alcalde, no", manifiestan fuentes del Ejecutivo regional.

La red de depuración de aguas de Madrid es propiedad del Ayuntamiento, que gestiona las siete grandes depuradoras de la ciudad. En el programa electoral del PP al Consistorio, se incluía la creación, según fuentes del partido, de una empresa pública que regentase estas plantas.

El Gobierno de Aguirre está convencido de que la denuncia del convenio por parte del Ayuntamiento sólo busca crear esta empresa pública para gestionar directamente las labores de depuración.

El Consistorio, según los citados documentos municipales, recuerda que "depura sus aguas residuales [las de los más de tres millones de residentes en la capital] íntegramente en sus propias instalaciones y, además, en un ejemplo de solidaridad, trata también las aguas [residuales] de 700.000 madrileños de 12 municipios que limitan con nuestra capital". Y estos residentes en otras localidades no aparecen en el convenio.Según la versión municipal, "la nueva legislación recientemente aprobada por el Gobierno de la nación cambia sustancialmente el panorama para las entidades locales, obligándolas a liquidar un nuevo canon de control de vertidos". "Evidentemente", continúa el documento oficial, "esta nueva situación obliga a reconsiderar los acuerdos financieros establecidos en su día con el Canal de Isabel II para la depuración de estos municipios limítrofes".

El Ayuntamiento, además, afirma que es necesario "considerar prioritaria una mayor participación en la gestión de los recursos hídricos en aquellos ámbitos que tienen una incidencia directa sobre la capital, con el objetivo último de asegurar el abastecimiento, el tratamiento de la totalidad de las aguas residuales, la conservación de los cursos fluviales y la correcta atribución de las cargas financieras entre todas las entidades implicadas en el uso o gestión del agua".

Gestión de los recursos

Por ello, "esta nueva situación ha llevado al Ayuntamiento de Madrid, una vez concluida la vigencia del convenio y el primer año de prórroga, a proceder a la denuncia del mismo". El Consistorio reconoce que, si bien la Ley 17/84 Reguladora del Abastecimiento de Agua de la Comunidad, otorga al Canal la encomienda de este servicio, "el Ayuntamiento de Madrid puede y debe tener un papel activo en la gestión de este recurso para alcanzar una demanda racional del mismo".

Por su parte, fuentes del Gobierno de Esperanza Aguirre creen que con "los beneficios que obtenga la empresa pública que quiere crear Gallardón, el Ayuntamiento pretende subvencionar las importantes obras que ha planteado en su programa electoral".

El Ayuntamiento, por su parte, no da ninguna versión sobre estos hechos, pero sí la oposición municipal. Inés Sabanés, portavoz de IU, cree que se "están dinamitando las relaciones entre el Consistorio y la Comunidad", si bien no critica la propuesta del alcalde. "Si el convenio nos perjudicaba, me parece lógico que se quiera cambiar. Hay que acordar un modelo de gestión que compense a Madrid, el primer cliente del Canal", añade.

Por su parte, Trinidad Jiménez, portavoz socialista en el Ayuntamiento, califica la "situación de enfrentamiento entre Gallardón y Aguirre de inadmisible". "Ruiz-Gallardón", afirma Jiménez, "es poco fiable políticamente, ya que cambia de criterio según la administración en la que esté". "Sus actuales razonamientos para denunciar el convenio del Canal no me sirven. Parece que cambia de manera de pensar según la administración en la que encuentre y que la dirige con un fuerte carácter personalista". Jiménez añadió que las obras del teatro del Canal están finalizadas en un 45%". Parar estos trabajos, según el PSOE, "es un derroche inadmisible".

Por su parte, Alberto Ruiz-Gallardón manfiestó que no ha escuchado ni ha leído una sola declaración de algún miembro del Gobierno regional manifestando su intención de paralizar las obras de construcción de los teatros del Canal, por lo que prefirió "no entrar en esa polémica".

Por otra parte, el presidente de la Asociación de Locales de Teatros de Madrid, Alejandro Colubi, comparte con el Gobierno de Esperanza Aguirre que el coste previsto para las obras del teatro del Canal, alrededor de 108 millones de euros, es "muy elevado" y que, por tanto, sería "más inteligente" destinar ese dinero a abrir más teatros y a mejorar las infraestructuras de los que ya están abiertos, informa Servimedia.