Enigmas de la tarifa eléctrica

Como casi todos los años desde 1996, el proceso de cálculo y decisión de la tarifa eléctrica para el ejercicio siguiente -2004 en este caso- abunda en sorpresas y motivos de perplejidad. Durante los últimos ocho años el cálculo de la tarifa se viene ejecutando en la más completa oscuridad, sin explicaciones neutrales sobre evolución de costes ni ingresos, con la única referencia pública de escenarios económicos más o menos amplios -el IPC menos uno o dos puntos en la primera legislatura y la subida por debajo del 2% augurada en los últimos dos ejercicios por el secretario de Estado, José Folgado- y siempre adoptados sin explicación previa.

Las sorpresas para 2004 vienen de la mano del Gobierno y de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Meses atrás, Iberdrola, en su afán por socavar la posición de Endesa, confesó ante la CNE que las empresas eléctricas habían cobrado más de lo debido en concepto de CTC (costes de transición a la competencia), ese regalo de unos 8.000 millones de euros que regaló Josep Piqué a las compañías eléctricas para compensar una liberalización que no se ha producido. Las cuentas de Iberdrola incurrían en cierta truculencia (venían a decir que a diciembre de 2002 las eléctricas se habían llevado 1.600 millones de euros más de lo debido), pero su argumento fundamental era correcto. La CNE, pillada en fuera de juego, se apresuró a explicar que no era para tanto, que el exceso retirado (siempre a cuenta del usuario) podía estar en torno a los 900 millones de euros.

Ahora que está a punto de concluir la moratoria de sanciones, Economía aprueba 50 millones de euros para evitar los apagones

Son cantidades respetables. En términos comparativos, el exceso equivale al 6% de la tarifa. De forma que, atendiendo al dinero percibido de antemano bien podría haber sugerido la CNE una rebaja de las tarifas equivalente o similar a ese dinero adelantado por la vía de los hechos consumados. Pero no, la CNE se apresuró -todavía más que cuando recalculó las cuentas de Iberdrola-, a proponer que el excedente de CTC cobrado se descuente de la cantidad final percibida, que acabará de amortizarse a finales de esta década. ¿Será la CNE la encargada de vigilar el cumplimiento de las cuentas?

Puede apreciarse en este episodio el celo de la Comisión, siempre al servicio del consumidor. La CNE puede escudarse a duras penas en el hecho de que su informe no es vinculante. La Secretaría de Estado de la Energía, ni eso. En fin, la propuesta final es que las tarifas suban el 1,5% para los consumidores domésticos y el 1,6% para las industrias durante 2004. La incógnita, que puede despejarse fácilmente, es si la Administración o el organismo regulador habrán previsto los procedimientos necesarios para que no vuelvan a producirse tan suculentos adelantos de cobro.

Las zozobras eléctricas -sobre todo para los que pagan el recibo de la luz- no acaban en el caso de los CTC. De repente, la opinión pública fue informada de que el decreto de tarifas incluía 50 millones de euros que deberán sufragar los usuarios para que las compañías eléctricas puedan mejorar la calidad del suministro. El pretexto se vende de forma magnífica; es digno concepto de otras con tanta riqueza semántica como costes de transición a la competencia o garantía de potencia que tan eficazmente han cubierto los aumentos de ingresos de las eléctricas muy por encima de las exigencias y condiciones del mercado.

En este caso resulta pertinente una reflexión añadida. Resulta que el Gobierno permitió a las empresas aplazar la aplicación del reglamento de sanciones por baja calidad del suministro. De forma que muchos pueblos y ciudades han tenido que sufrir apagones eléctricos sin que los consumidores hayan podido hacer valer el precio que han pagado por el servicio para exigir daños y perjuicios. Es verdad que los apagones no tienen en España carácter catastrófico, gracias sobre todo a las inversiones en transporte de electricidad que se aplicaron durante el periodo en el que Red Eléctrica fue una empresa pública.

Bien, pues ahora que está a punto de concluir la moratoria de sanciones, el Ministerio de Economía se descuelga con 50 millones de euros para evitar los apagones. Todos los flancos cubiertos. ¿Cómo se garantizaba la calidad del suministro hasta ahora? ¿No estaba incluida en la tarifa la exigencia de mantener un buen servicio? Ahora se descubre que no.