Un Estatuto para Cataluña

EL DEBATE parlamentario sobre el Estatuto de Cataluña, en mayo de 1932, dio ocasión a algunos de los discursos de mayor trascendencia política en la historia de la República, y casi podría afirmarse que en la reciente historia de España. Algunos son sobradamente conocidos, como el pronunciado por Ortega y luego publicado en una colección de ensayos bajo el título de Rectificación de la República. Ortega arranca con una larga exposición histórica para concluir que "el problema catalán" no se podrá nunca resolver, sino tan sólo "conllevar". Sus argumentos se apoyan en el genio político de Castilla, en su vitalidad, incontenible dentro del estrecho espacio de las fronteras peninsulares; en definitiva, en los tópicos de lo que Azaña llamará nuestra "bisutería histórica".

Cuando éste se anima a tomar la palabra, ya muy avanzado el debate, lo hace fijando estrictamente los límites de lo que se discute: los diputados habían sido convocados no para pronunciarse acerca de una controversia histórica, sino de una controversia política. Y como controversia política, la autonomía catalana se resuelve, según Azaña, haciendo que el Estado tome en Cataluña la forma de Generalitat, con un listado específico de atribuciones. "Votadas las autonomías, ésta y la de más allá", continúa, "y creados éste y los de más allá gobiernos autónomos, el organismo de gobierno de la región -en el caso de Cataluña la Generalidad- es una parte del Estado español, no es un organismo rival, ni defensivo ni agresivo, sino una parte integrante de la organización del Estado de la República española". Y concluye: "Y mientras esto no se comprenda así, señores diputados, no entenderá nadie lo que es la autonomía".

Setenta años después de pronunciadas estas palabras, y votadas las autonomías, ésta y la de más allá, ¿estamos seguros de haberlas comprendido?