El juez obliga al principal acusado del 'caso Turismo' a fijar su residencia en España

El juez que instruye el llamado caso Turismo obligará al ex director del Consorcio de Turismo de Cataluña, Joan Cogul, y a su esposa a fijar su residencia en España en lugar de Filipinas, donde ahora viven, y a que entreguen antes del 29 de diciembre su pasaporte en el juzgado.

El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Barcelona ha desestimado de esta manera un recurso presentado por los abogados de Cogul contra la decisión judicial de comparecer cada semana -antes era mensualmente- y entregar el pasaporte para no poder abandonar España, una vez el juez ha decretado la apertura de juicio oral contra Cogul, a quien se pide hasta 13 años de prisión. Además de Cogul, otras 12 personas deberán sentarse en el banquillo de los acusados.

Joan Cogul está acusado de desviar fondos del Consorcio de Turismo de Cataluña a empresas de amigos y familiares de Reus y sociedades de militantes de Unió Democràtica, a los que otorgó la elaboración de informes turísticos que, según la acusación, eran de nula utilidad o plagiados. En concreto el juez le acusa de los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, estafa, falsedad y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y solicita para él penas que suman 12 años de prisión.

El letrado de Cogul había presentado un certificado médico de un hospital de Manila conforme su cliente no podía viajar a España por unas dolencias cardiacas, pero el juez ha requerido al médico forense del juzgado que emita su parecer sobre esas dolencias.

En un auto, el juez cree que existe riesgo de fuga de Cogul y de su esposa, si no ahora cuando se aproxime la celebración del juicio, por lo que les insta a fijar su residencia en España. "Si siguen en Filipinas, o en otro país lejano, ante el acercamiento de la fecha del juicio podrían decidir no comparecer" a la vista oral, señala el auto, que agrega que "permaneciendo allí la posibilidad es ciertamente un riesgo, a diferencia de tener fijado el domicilio en España y retirado el pasaporte".

Respecto de Joan Cogul, el juez dice que trabaja para una importante empresa del sector turístico y puede ocupar un cargo en España en lugar de Manila, mientras que su esposa, que en Filipinas da clases de inglés, puede hacerlo también aquí, pues regentaba una academia de idiomas en Reus. "El obligado cambio de residencia no les comportará especiales daños", dice el magistrado en su auto.

Alarma social

Además, el auto judicial indica que los hechos imputados "sí generan alarma social, pues la sociedad, aunque sospeche ciertas conductas en algunos casos, no acepta que un cargo público aproveche la circunstancia para, indiciariamente, apropiarse o desviar el dinero que tiene que destinar a fines concretos de interés general".

El juez agrega que también generaría una gran alarma social "la eventual posibilidad de que alguno de los recurrentes se sustrajera a la acción de la justicia. Es obligación del juez o del tribunal intentar impedirlo aplicando las normas vigentes para ello".

En el auto de apertura de juicio oral contra Cogul, el juez afirma que el ex director del Consorcio de Turismo es "el elemento central de los hechos supuestamente delictivos". "Sin su concurso activo, los graves delitos no hubieran sido posibles", añade el magistrado González Maíllo.