Los consejos de las cajas 'bailan' al son de los políticos

Esquerra Republicana (ERC), con la llave del próximo Gobierno catalán, ha anunciado que quiere cambiar la ley de cajas para lograr más "transparencia, democracia y control interno", más vivienda social y garantías de que un mínimo de los recursos captados en Cataluña se invertirá en territorio catalán. ERC también busca romper lo que estima un "monopolio" de CiU y PSC en el gobierno de las cajas.

Es sólo el último ejemplo del interés que suscitan entre los políticos las cajas, mareadas entre elecciones y readaptaciones a una legislación mutante que hace bailar a sus consejos. El contexto del baile tiene que ver con cuatro circunstancias que vienen marcando a las cajas, constituidas como fundaciones de naturaleza privada con la sociedad como único propietario, y que, pese a destinar parte de su beneficio (26% en 2002) a obra social, actúan según criterios de mercado:

El ex presidente de la Generalitat valenciana José Luis Olivas estará al frente de Bancaixa

La renovación en Caja Madrid ha reflejado la crisis de la Asamblea de la comunidad madrileña

La andaluza Cajasur ha buscado el amparo del Gobierno tras sus choques con la Junta

- De éxito, leyes y clima electoral. La primera circunstancia es su propio éxito. Han doblado su mercado en las últimas dos décadas hasta acaparar la mitad del mapa financiero. Con un beneficio atribuido de 3.367 millones hasta septiembre,alardean de pisarle los talones a los bancos en créditos (45,6%) y recursos ajenos (47%) y de superarles en crédito hipotecario (54,5%) y depósitos de empresas y familias (54,2%). Su cartera de inversiones industriales (23.000 millones) es menor pero va al alza.

La segunda circunstancia es una laberíntica reforma legislativa en tres tandas sucesivas (la Ley Financiera, la ley de transparencia y, ahora, aún en tramitación en el Senado, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos) que afecta, aunque no sólo, al corazón de los órganos de gobierno de las cajas.

La tercera, las variaciones sobre el mismo tema introducidos por los ejecutivos autonómicos, con un afán de desarrollo normativo también reflejado en temas nuevos como el dirigismo sobre los recursos que las cajas destinan a obra social (1.100 millones), con polémica en Euskadi, Cataluña y Castilla-La Mancha.

Y, finalmente, un clima preelectoral, electoral o postelectoral, según la autonomía. Con las generales a la vuelta de la esquina.

- Menos sillas a repartir. La politización de las cajas, expresión que suele incomodar a sus gestores, contiene una paradoja. La Ley Financiera, con un año y un mes de vida, fue valorada por el sector como un paso positivo. Junto a la regulación de un nuevo instrumento para captar recursos parecido a las acciones pero sin derechos políticos (cuotas participativas), esta ley esquivó que Bruselas considerara a las cajas entidades públicas (y subvenciones a sus créditos), al limitar al 50% el peso político y público en sus órganos de gobierno. "Cabe preguntarse si el 50% basta para garantizar la autonomía frente al poder público. Estaría más tranquilo si el tope se hubiera fijado en el 30%. El tiempo lo dirá", reflexiona un directivo del sector.

El problema no radica en la presencia de políticos, sino a posibles abusos. Ahí va una de las primeras declaraciones, tras ser elegido en septiembre, del presidente de Caja Duero, Julio Fermoso (PSOE): "Deberíamos dejar de castigar la democracia diciendo que es malo que las cajas estén politizadas".

En todo caso, la Ley Financiera ha obligado a reajustes en las asambleas de las cajas, cantera de sus consejos. Con menos sillas a repartir, las tensiones son "lógicas", señalan fuentes financieras.

- Retraso autonómico. La adaptación de la Ley Financiera en las distintas autonomías sufre retrasos. Y no ayuda que, en pleno proceso, el Gobierno haya impulsado nuevos cambios que afectan a las cajas, a través de otras leyes.

En las entidades de comunidades como Canarias o Aragón no hizo falta cambiar estatutos. Extremadura no ha dado el paso. Castilla-La Mancha, que ha recurrido la ley, prepara un proyecto de ley que el sector tildan de "intervencionista". También están pendiente de legislar Cantabria y Navarra, donde el Gobierno foral -Miguel Sanz, presidente también de Caja Navarra- ha impuesto un cambio de estatutos para reducir el peso de los políticos.

La adaptación ha levantado ampollas en Euskadi, donde las cajas son el reflejo directo de la pugna política y de la división entre posiciones nacionalistas y constitucionalistas. La alavesa Vital -que abre su proceso electoral y donde PP y PSOE pueden tener complicada la elección del presidente, ya que Pascual Jover no renueva- es la única caja que no está en manos nacionalistas, informa Pedro Gómez Damborenea. No hay cambios en Kutxa, pero sí en la vizcaína BBK, con el relevo pactado de José I. Berroeta por Xabier de Irala.

La ley vasca, criticada por intervencionista, está recurrida por PP y PSOE, para los que vulnera los derechos de los impositores (clientes) y empleados de las oficinas fuera del territorio natural de la caja. Vital ha anunciado recurso contra el reglamento de desarrollo, que requiere autorización para las tomas de participaciones en empresas que supongan el 5% de los recursos de las cajas o el 50% del capital de la sociedad.

- Ex presidentes al poder. En algunos casos, la adaptación de Ley Financiera ha tenido un impacto adicional. En Cataluña, CiU y PP pactaron la salida de Josep Vilarasau como presidente de La Caixa, la caja mayor, con un tope de 20 años en el cargo para los consejeros que afectó a otras entidades: Josep Parera en Penedès, Pere Rifà en Manlleu o Antoni Serra Ramoneda en Catalunya, aunque otro malabarismo legal salvó al último.

Frente a este límite, Caja de Asturias (Cajastur) -que vuelve a tener director general después de que el presidente, Manuel Menéndez, muy criticado por su exceso de presidencialismo, hubiera suprimido la figura- acaba de ampliar los mandatos de los miembros de su asamblea y de su consejo. Menéndez (en el cargo desde 1995) puede continuar hasta 2015, informa Javier Cuartas.

La adaptación de la ley ha provocado, de rebote, que en la Comunidad Valenciana los argumentos políticos pudieran a la lógica económica y se diera carpetazo a la soñada fusión entre Bancaixa y Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), informa Miguel Olivares. La ley también ha desembocado en la designación de José Luis Olivas, ex presidente de la Generalitat Valenciana previo a las autonómicas de mayo de 2003, como futuro presidente de Bancaixa. Olivas, que puso el grito en el cielo cuando los socialistas propusieron en su día como consejero a su ex director general de Trabajo, fue secretario general del PP en la comunidad, y consejero de Economía. Esta comunidad, cuyo presidente Francisco Camps anunció en verano con los mercados abiertos que Bancaixa y CAM serían accionistas de Iberdrola, es una de las que más ha mostrado cómo un partido ha fiado a su representación municipal el control que ejercía sobre las cajas.

- Choques agrios, Iglesia incluida. Desencuentros políticos mantienen vacante la dirección general de Caja España desde la polémica salida de Evaristo del Canto. Éste se marchó con una indemnización de 1,4 millones que ha salpicado al presidente, Manuel Nieto Nafría, respaldado en su día por un hoy frágil acuerdo (escenificado al buscar relevo a Del Canto), entre PP, PSOE y UPL.

Estos choques palidecen frente a la traslación de la crisis de la Asamblea de Madrid a la renovación del consejo de Caja Madrid, donde Miguel Blesa, próximo a José María Aznar, fue reelegido el pasado septiembre presidente de la entidad, en la que el PP mantiene su mayoría gracias también a votos de IU y de un sector de CC OO. El secretrario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, blanco de la izquierda en la presunta trama inmobiliaria que según el PSOE frustró su acceso al poder, ha revalidado como consejero. Cuando parecía seguro que Rafael Simancas sería presidente regional, avanzó que promovería a un presidente "progresista" para la caja, con la mente en el pacto que en 1996 descabalgó a Jaime Terceiro tras un pacto entre PP y CC OO.

En Andalucía, cinco de seis entidades deben abrir el periodo electoral para renovar sus órganos. En sus revisados estatutos han apurado el límite del 50% de representación pública, informa Luis Barbero. La sexta, Cajasur, finalizó su renovación en julio, tras huir de la tutela de la Junta de Andalucía, con la que mantiene un agrio enfrentamiento, y situarse bajo paraguas del Ministerio de Economía por su fundación eclesiástica. En el proceso, la Iglesia incrementó su poder, en la designación de miembros de la asamblea y en la elección directa de los del consejo.También topó con la Junta el ya ex presidente de Caja San Fernando, Juan Manuel López Benjumea.