Frenar los abusos

El territorio español es envidiable por su riqueza y variedad. El 23% está protegido. Reúne tal diversidad forestal, biológica o faunística que casi un tercio merece ser preservado. Otros países no pueden porque lo han perdido. El patrimonio en biodiversidad no es cosa de un día ni de los 25 años transcurridos desde la Constitución. Es el resultado de unas condiciones climáticas singulares y de una cultura macerada por muchas generaciones.

Pero gracias a la Constitución y a la incorporación de España a la Unión Europea se ha logrado mantener esa herencia y contener en parte los desmanes que apuntaba el desarrollo económico desbocado de los setenta. Hasta que no llegó la democracia, las playas y el agua subterránea eran propiedad privada. Los atentados contra el medio ambiente no eran delito. Ni los vertidos de productos tóxicos a la atmósfera o a los cauces de los ríos. Se construían carreteras y embalses sin contrastar su necesidad real, sin importar el soterramiento de poblaciones o valles ni el impacto del ruido sobre las viviendas. Riaño, por poner un caso, no se hubiera construido, ni muchos pasos elevados urbanos que la presión vecinal ha logrado ahora derribar.

"ARTÍCULO 45, 2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente"

La Constitución propicia por primera vez que se reconozca el delito ambiental y la obligación y el derecho a preservar el medio ambiente. Aun contando con ese amparo jurídico, los delitos más graves contra el entorno natural (rotura de la balsa de Boliden, en Aznalcóllar, y la catástrofe del Prestige) se mantienen impunes.

Nada es igual en el ámbito ambiental 25 años después. Pero los cambios no se deben a la Constitución, sino a la incorporación de España a la Unión Europea, cuya legislación ha caído en cascada sobre el derecho interno. De alguna manera, ese paraguas supranacional es el único elemento normalizador del caos generado por la precipitada transferencia de las competencias de medio ambiente a las autonomías, sin que éstas gozaran de cultura y funcionariado preparados para asumirlas. La diferencia de enfoque y de medios entre unas y otras es abismal. En el ámbito de la conservación de la naturaleza, el modelo ha fracasado, está en el Constitucional. Aragón y Andalucía no entienden por qué no puedan gestionar los parques nacionales localizados en su territorio y Cataluña sí.