La cenicienta de la transición

Las tímidas protestas obreras de principios de los años sesenta fueron adquiriendo profundidad hasta convertirse en un amplio movimiento que pronto desbordó las estrictas reivindicaciones laborales para convertirse en la fuerza nuclear de la lucha por las libertades democráticas.

En este clima de creciente politización de la lucha laboral, la liquidación del Fuero de los Españoles, la más emblemática ley franquista, acabó siendo la consigna más vitoreada en los mítines sindicales, y como tal fue recogida por la Constitución en su Disposición Derogatoria.

La legalización de los sindicatos, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO), no llegó hasta abril de 1977. Como reacción, distintas organizaciones patronales constituyeron, en el mes de junio de ese año, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, (CEOE), liderada por Carlos Ferrer Salat, que unos meses antes había sido elegido presidente de la centenaria patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional. Los sindicatos recién salidos de la clandestinidad y con una fuerza que apenas superaba los 200.000 afiliados, la mitad de Comisiones Obreras, pronto tuvieron un papel fundamental al apoyar desde fuera los Pactos de la Moncloa, de octubre de aquel mismo año, el "auténtico compromiso histórico español". Como después diría el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez: "Este principio de consenso es el que guía la elaboración de la Constitución".

"ARTÍCULO 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y la ley. Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos"

Los Pactos de la Moncloa

Los Pactos de la Moncloa significaron un gran sacrificio para los trabajadores. Significaban revisar los salarios según la inflación del ejercicio vencido (aquel año, del 26%) por la teóricamente prevista para el año siguiente (22%). "Aunque no participamos directamente en los pactos, asumimos su contenido. Para nosotros lo principal era consolidar la democracia", explica Antonio Gutiérrez, ex secretario general de Comisiones Obreras.

El papel de los sindicatos fue decisivo. Para Julián Ariza, vicepresidente del Consejo Económico y Social (CES), "se subordinaron las demandas más genuinamente sindicales a la consecución de la democracia". Y añade: "El hecho de que la Constitución reconozca a los sindicatos, en el Título Preliminar, como a los partidos políticos, se puede interpretar como una señal de que los constituyentes querían reconocer el importante papel que habían jugado en la lucha contra la dictadura".

Este reconocimiento formal, así como la posibilidad de participar, a través de un consejo, "en los proyectos de planificación", junto a las comunidades autónomas y organizaciones profesionales y empresariales, ha tenido, sin embargo, una escasa traducción práctica.

En efecto, hasta 1991 no se creó el Consejo Económico y Social previsto en la Carta Magna, que ha resultado bastante insatisfactorio para la mayoría de sindicalistas. "Copiamos lo peor de los modelos francés e italiano", señala Antonio Gutiérrez. "Es una institución", añade, "que, a diferencia de otros países, no participas en la gestión de organismos importantes, como los de la Seguridad Social. Aquí eres como un coºnvidado de piedra".

"En cierta medida", sostiene José María Zufiaur, miembro del Consejo Económico y Social Europeo, " los sindicatos hemos sido la cenicienta de la transición. La mayoría de derechos conseguidos no han sido el resultado de iniciativas políticas, sino de contrapartidas en los sucesivos pactos.

En julio de 1979, la UGT y la CEOE firmaron el Acuerdo Básico Interconfederal, que fue el soporte del Estatuto de los Trabajadores. En 1980, CEOE, UGT y USO suscribieron el Acuerdo Marco Interconfederal, que reguló derechos sindicales y acordó la reducción de horas extraordinarias. En 1981 llegó el Acuerdo Nacional de Empleo, suscrito por el Gobierno, la CEOE y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Fue el llamado "pacto del miedo" o "pacto del 23-F", porque las conversaciones se iniciaron poco después del intento del golpe de Estado. El compromiso fundamental fue la creación de 350.000 empleos y preparó el terreno para la ley de las 40 horas semanales. Durante los primeros años de los Gobiernos socialistas se firman el Acuerdo Interconfederal (1983), en el que participaron Comisiones Obreras, UGT y la CEOE, y, finalmente, el Acuerdo Económico y Social (AES), vigente en 1985 y 1986 con el Gobierno, UGT y la patronal CEOE.

Estos últimos acuerdos regularon las jubilaciones anticipadas y la devolución del patrimonio sindical. En todos los casos se pactó una banda de crecimiento máximo de los salarios que contribuyó a rebajar la inflación. Desde la subida máxima del 22%, acordada en los Pactos de la Moncloa, se bajó al 7,5% del AES.

Otro resultado de los pactos fue la reducción de la conflictividad. En 1977, las jornadas perdidas superaron los 16 millones, afectando a casi tres millones de trabajadores. En 1986 habían descendido a 2,2 millones de jornadas que afectaron a menos de un millón de trabajadores.