La TV pública es siempre del Gobierno
A veces da la impresión de que la Constitución tiene valor preceptivo para unas cosas, mientras que para otras constituye tan sólo una declaración de intenciones. Un caso ejemplar es el de su artículo 20-3, que garantiza el acceso a los medios de comunicación de titularidad pública de "los grupos sociales y políticos representativos" y su respeto del pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España". ¿Les parece a ustedes que las posiciones del PSOE, Izquierda Unida y los nacionalismos vasco y catalán están bien representadas en los informativos de Televisión Española? ¿Ven expresarse en esos informativos a los partidarios del matrimonio gay, la ampliación del derecho al aborto, la despenalización de la marihuana, la retirada de las tropas españolas de Irak o, por qué no, la República? ¿Comparten allí sus angustias los parados, los jóvenes con trabajos precarios e imposibilidad de acceder a la compra de una vivienda o los pacientes que esperan meses para una operación en los hospitales públicos? No; los informativos de Televisión Española constituyen un instrumento de propaganda babosa de la acción gubernamental. En ellos, España es un país donde casi todo funciona de maravilla, merced a la gestión providencial del PP.
"ARTÍCULO 20, 3. La ley regulará la organización y control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España"
Éste es el pluralismo reflejado en nuestro principal medio de comunicación público un cuarto de siglo después de la aprobación de nuestra Carta Magna. Bien lejos, como sabemos, del caso de la BBC británica, cuya independencia y valentía al informar de la guerra de Irak le ha enfrentado directamente a Tony Blair. ¿Se imaginan ustedes a Alfredo Urdazi peleado con el PP por haber abierto un telediario con la noticia de que nuestros espías -el CIN- informaron antes del comienzo de la guerra de que no les constaba que Irak tuviera armas de destrucción masivas? Esa noticia existió, pero ustedes no la vieron en La Primera al preparar la cena.
Aunque exacerbada hasta lo grotesco bajo el PP, la monopolización por parte del Gobierno de las dos cadenas de la televisión estatal -y de Radio Nacional de España y la agencia Efe- no es un fenómeno nuevo. Constituye una constante de la democracia española. Ocurrió con UCD y con el PSOE. Y tampoco se limita a Madrid. Los Gobiernos de las comunidades autónomas -desde el catalán al andaluz- han hecho de las cadenas de televisión que controlan un eficaz instrumento de propaganda. Eso, entre otras cosas, explica la dificultad de la alternancia política en España. Los pueblos de la España democrática han demostrado un gran apego a la figura en el poder -se llame González, Pujol, Chaves, PNV o Aznar- y una gran resistencia al cambio. Lo malo conocido, lo que sale todos los días en el parte de la cadena pública, es mejor que lo malo por conocer, que no sale apenas, y que cuando sale es para decir alguna tontería, porque ya se encargan los jefes del telediario de pasarle el peor corte.
También es repetitivo el que los partidos de la oposición denuncien la manipulación gubernamental de los medios públicos y prometan que, cuando lleguen al poder, éstos será regidos por organismos independientes y profesionales. Como la BBC, suelen precisar. Sin embargo, una vez ganadas las elecciones, su primera preocupación es nombrar directivos de las cadenas públicas de toda lealtad. Parafraseando un dicho que les gusta mucho a los políticos, lo que desgasta no es salir en la tele, sino el no salir.
El último cuarto de siglo ha sido el de la consolidación del papel hegemónico de la televisión en la formación de la opinión pública. Es un gran instrumento para perpetuarse en el poder, y por eso la democracia española sigue esperando el líder que haga efectiva la promesa constitucional de pluralismo en los medios públicos.
