El Parlamento, ¿subordinado al Gobierno?

Con mayorías absolutas el Parlamento languidece; con minorías ajustadas las Cortes reverdecen. Al menos en estas aseveraciones están de acuerdo los grupos políticos que han vivido desde dentro estos 25 años de vida parlamentaria. Hay matices, eso sí. Incluso paradojas, por cuanto que en periodos de mayoría absoluta el Gobierno de turno ha propiciado mecanismos de control de esa mayoría. Pero, por encima del juego que pueda dar el Parlamento en virtud del volumen de la mayoría gobernante, hay una certeza consolidada tras estos 25 años de la Constitución que mantienen políticos, académicos y profesores de Derecho Constitucional, cual es la supremacía del Gobierno con respecto al Parlamento.

ARTÍCULO 66, 1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado

El sistema parlamentario español, como otros europeos que nacieron tras periodos de convulsión como las dos guerras o dictaduras, nace con una posición débil en relación al Gobierno por la obsesión de los políticos de dotar al sistema de estabilidad. Y se entendió que esa estabilidad, es decir, la fortaleza del entramado institucional, se conseguía con Gobiernos fuertes, que no pudieran ser derribados a la primera de cambio por los Parlamentos.

Esta tesis embargó, desde luego, a los constituyentes españoles que traían en sus mochilas la experiencia de la dictadura de Franco. La izquierda, porque la sufrió, y los del régimen, porque la conocían perfectamente. Por si no fuera suficiente, los redactores de la Constitución no podían olvidar los prolegómenos constitucionales, es decir, el Gobierno de UCD y la sensación de fragilidad que despertaba, con frecuentes actos de indisciplina en sus filas, poniendo a su Gobierno en un brete.

El vértigo que producía la crisis económica de los últimos años setenta, los zarpazos brutales del terrorismo y la amenaza golpista de algunos elementos del Ejército en comunión con grupos de extrema derecha, componían un cuadro que empujó a los constituyentes a procurar Gobiernos fuertes frente a las posibles tentaciones del Parlamento de tumbarlos. Las Cortes quedaron en un papel de subordinación respecto al Gobierno. Nadie lo niega. "¿Quién manda en el Parlamento?: El Gobierno, naturalmente". La formulación al completo es del socialista Juan José Laborda, portavoz socialista en el Senado y parlamentario constituyente.

Estas evidencias, sin embargo, no impiden que la valoración global de la labor de las Cortes sea más que aceptable por todos sus actores, y que incluso se reconozca que las reformas que habría que hacer no serían imprescindibles si hubiera voluntad política. Pero a 25 años de la aprobación de la Constitución se ha pasado de las Cortes del "consenso" a la crispación más absoluta de principios de los noventa, para llegar al momento actual, 2003, donde no hay lugar para la tregua e impera el enfrentamiento a cara de perro entre la mayoría del PP y la izquierda representada por el PSOE e IU, parte del Grupo Mixto y el nacionalismo vasco.

Cruce de acusaciones

Cualquier tiempo pasado fue mejor. Claro, ésta es la visión de los socialistas que recuerdan sus Gobiernos, los de Felipe González, entre 1982 y 1996. De manera rotunda lo niega el PP, que invoca el "rodillo" socialista, es decir, sus mayorías absolutas que impedían el más mínimo juego a la oposición. Un juego de niños fue ese tiempo en comparación a las prácticas del PP, replican los socialistas, que se declaran "asfixiados" por la mayoría del PP. Nunca como ahora ha habido tanta subordinación del Parlamento al Gobierno, argumentan los socialistas, que exhiben la utilización "abusiva" del decreto-ley como forma de gobernar, o la ocupación de la mayoría parlamentaria del grueso de las preguntas de "control" al Gobierno. Esta tesis la defiende con datos Enrique Guerrero, ex secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Pero sus estudios los ha elaborado en su calidad de profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, plasmados en numerosas publicaciones.

En efecto, el PP utliza al completo su cupo legal de preguntas al Gobierno, convirtiendo esa sesión en un espacio para el elogio al presidente y a los ministros por parte del Parlamento y desvirtuándose la función efectivo de control al Ejecutivo. En el PP se defienden con el recordatorio de que la etapa de mayoría absoluta del PSOE, entre 1982 y 1986, fue "apabullante". El diputado del PP y padre de la Constitución Gabriel Cisneros, que ocupa escaño desde 1977, recuerda la "coletilla constante" de los socialistas de la primera hora de Gobierno para remachar todas sus intervenciones: "Y detrás de esta propuesta hay diez millones de españoles (...)". Pero hasta en la "etapa dura" del PSOE, con sus mayorías absolutas, se dio juego a la oposición. Así lo asegura Guerrero al desgranar las prácticas que propició el PSOE en su etapa de mayoría abullante.

Felipe González, en 1984, puso en marcha el debate del estado de la nación, en el que todos los grupos de la oposición tenían la oportunidad anual de juzgarle. A día de hoy sigue siendo un uso parlamentario, pero no una figura regulada, ya que no se ha incluido en el Reglamento del Congreso. También González instauró la práctica de responder en la sesión de control al Gobierno a tres preguntas de los grupos parlamentarios. Corria la legislatura de la máxima crispación desde la transición política en España: 1993-1996.

Pero no ha habido voluntad de ningún Gobierno de cambiar los privilegios que la Constitución consagró en favor de las mayorías. Por tanto, el Gobierno, en unión de su grupo parlamentario, gana todas las votaciones, pero también resulta favorecido en la sesión de control. "El controlado siempre gana porque así lo ha querido la Constitución y los reglamentos de las Cámaras", indica Guerrero. En efecto, la última palabra en las sesiones de control la tiene el Gobierno, y la suele utilizar para aporrear verbalmente al diputado de la oposición que le ha preguntado por la vivienda, por la sanidad o por los trenes de alta velocidad. No hay posibilidad de réplica. También las comisiones de investigación las tiene que autorizar la mayoría parlamentaria.

La maquinaria funciona

No hay que exagerar, pide Gabriel Cisneros. El funcionamiento ha sido bueno y se demuestra en que todas las figuras parlamentarias se han puesto a prueba en estos 25 años, y se ha salido con bien. Ha habido dos mociones de censura al presidente del Gobierno (a Adolfo Suárez y a Felipe González); un sometimiento a la cuestión de confianza (Adolfo Suárez), y varias investiduras. El problema, por tanto, 25 años después, no es la estabilidad, sino el enfrentamiento político sin paliativos que viven las Cortes españolas en los últimos 10 años. "Añoro mucho el consenso de los años de la Transición, pero comprendo que lo normal en una democracia consolidada como la nuestra es el disenso", señala Cisneros. Esta normalidad con la que el PP analiza la situación actual no es compartida en absoluto por la oposición de izquierda, que vive la vida parlamentaria con consternación. "No harían falta cambios reglamentarios si el presidente del Gobierno de España en 2003 no fuera José María Aznar, sino Tony Blair, porque, entonces, sí hubiera comparecido en el Parlamento voluntariamente para debatir sobre la guerra de Irak", señalan en la dirección socialista. Tampoco en el Parlamento español existe la figura del parlamentarismo británico del

pairing, según la cual ningún partido alterará la voluntad popular al aprovecharse de alguna circunstancia coyuntural adversa de un grupo parlamentario. Por ejemplo, si el grupo de la mayoría se ve abocado a perder una votación por la ausencia de algunos de sus diputados, ya sea por enfermedad o por razón muy justificada, abandonará la sala de votaciones el mismo número de diputados de la oposición para que la iniciativa del grupo mayoritario no fracase. Esto sería política ficción en las Cortes de 2003, en las que, a medida que pasaban los años y aumentaba el enfrentamiento entre partidos, mayoría y minorías han querido alejarse hasta físicamente. Los diputados de la derecha entran por una puerta del hemiciclo y los de la izquierda por otra, aunque a muchos esa práctica les obligue a dar un rodeo para llegar a su escaño.