La fiscalía recurre el segundo grado que la juez concedió a Ricart

El fiscal de Ciudad Real presentó ayer el recurso contra la decisión del Juez de Vigilancia de Castilla-La Mancha que hace escasos días concedió el segundo grado penitenciario a Miguel Ricart, el único procesado y condenado por la muerte de Mirian, Desirée y Antonia, las tres niñas de Alcàsser, en 2002. El fiscal considera que la gravedad de los hechos y la alarma social no permiten que Ricart pueda optar a permisos carcelarios.

La dirección general de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, confirmó ayer que durante la mañana el fiscal de Vigilancia Penitenciaria presentó ante el juzgado de Vigilancia Penitenciaria el recurso contra la decisión de conceder a Miguel Ricart el régimen de segundo grado.

Miguel Ricart cumple en sentido estricto con las exigencias de la ley para que se le conceda el segundo grado penitenciario, lo que abriría la puerta para que solicitara determinados beneficios como la salida de prisión en fin de semana y otros. Sin embargo, ya en su momento, también cumpliendo las exigencias de la ley -su expediente de comportamiento en prisión era impecable- el juez de vigilancia penitenciaria de Pontevedra, en cuya prisión estuvo varios años, le negó el segundo grado. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Herrera de La Mancha. Aquella permanencia en situación de primer grado, el de mayor control, fue recurrida por Ricart. El juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla-La Mancha le contestó, tras revisar la documentación sobre su comportamiento en la cárcel, en sentido afirmativo hace escasos días.

Y ahora es el fiscal quien, con idénticos argumentos a los que ya presentara su colega en Pontevedra, ha solicitado que esa decisión sea revocada. La presión social y la gravedad de los hechos que acabaron con la muerte en 1992 de las tres niñas de Alcàsser, por los que fue condenado por la Audiencia de Valencia a 170 años de cárcel, "desaconsejan" su salida de prisión. Ricart lleva en la cárcel desde que poco después del secuestro, violación y asesinatos de las menores fue detenido en 1992, ha cumplido una tercera parte de la máxima pena de internamiento que cumplirá, 30 años.